El caso Dominga sumó jugadas de última hora antes de la sesión donde el Comité de Ministros, esta vez sin ninguno de sus seis ministros titulares, definirá el futuro del proyecto. Ad portas de la nueva sesión para zanjar si las reclamaciones ciudadanas en contra de la iniciativa que impulsa Andes Iron, la empresa hizo llegar un informe en derecho, el lunes por la noche, elaborado por el expresidente del Tercer Tribunal Ambiental, Iván Hunter, que respaldó lo fallado por el Primer Tribunal Ambiental (1TA), y que revivió el proyecto con su sentencia del 9 de diciembre.

Pero además, la causa ante el 1TA sumó un nuevo téngase presente por parte del gobierno. En un escrito de seis carillas presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación de órgano colegiado ministerial, el Ejecutivo solicitó ampliar el plazo para dar cumplimiento al fallo del 1TA, que daba 15 días hábiles para dictar una resolución sobre las reclamaciones en contra del proyecto.

Pese a que ese plazo expiró el 31 de diciembre, este martes el gobierno se jugó sus últimas cartas solicitando “conceder un plazo prudencial para el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia definitiva de fecha 9 de diciembre de 2024″.

En el escrito, el SEA recordó que, luego que todos los ministros del Comité se inhabilitaran el pasado 23 de diciembre, “no fue posible citar de inmediato a una nueva sesión debido a que existían relevantes dudas jurídicas sobre la conformación que debía tener el comité y, principalmente, quien debía ejercer su presidencia”.

Agregan que ello explica la consulta a Contraloría sobre cómo definir las subrogaciones, solicitud que “se encontraba totalmente justificada por las circunstancias sumamente particulares y sin precedentes que condicionaban la futura sesión del Comité de Ministros”. De hecho, afirman que tras el pronunciamiento de Contraloría, que llegó recién la noche del viernes 3 de enero, se colige que “el Comité de Ministros puede estar integrado por miembros que no ostentan el rango de ministros o subsecretarios, algo que, demás está decir, es la primera vez que ocurrirá”.

“Lo particular de la decisión del ente contralor demuestra lo necesario que fue efectuar la solicitud de pronunciamiento”, enfatizaron, agregando que el oficio de Contraloría “resuelve el asunto y permite al Comité de Ministros sesionar y cumplir adecuadamente con el mandato judicial”

Finalmente, recordaron que este miércoles se encuentra citada la sesión extraordinaria del Comité para las las 16 horas, a realizarse en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente, cuyo único punto en tabla es el proyecto Dominga, la iniciativa de US$2.500 millones que impulsa Andes Iron, firma ligada a la familia Délano.

Por su parte, en Andes Iron, la empresa titular del proyecto de US$ 2.500 millones, controlada por la familia Délano, no se quedaron atrás, y en forma inmediata contraatacaron a dos bandas. Primero, ante el mismo 1TA. Allí, ingresaron su propia solicitud, pidiendo que el tribunal especializado rechace el requerimiento del gobierno para conseguir un “plazo prudencial” que permita cumplir con lo ordenado. En el escrito de dos carillas, presentada por la abogada Carola Salamanca en representación de Andes Iron, se pide “rechazar la prórroga de plazo solicitada”.

En el documento se afirma que la sentencia del 9 de diciembre “es clara en señalar un plazo perentorio de 15 días para la dictación de un nuevo acto administrativo (...) siendo un hecho indiscutido que dicho plazo venció el 31 de diciembre de 2024″, agregando que la solicitud del Comité pretende “la prórroga de un plazo vencido, lo que resulta improcedente, siendo razón suficiente para su rechazo”.

Luego vino una declaración pública, en la que la empresa llamó al Comité de Ministros a respetar el fallo del 1TA, afirmando que éste “señaló claras e inequívocas directrices respecto al accionar que debe guiar la decisión del Comité de Ministros, las cuales esperamos se respeten de manera fidedigna”.

Así, agregan que “connotados expertos en la materia han manifestado públicamente que la discusión técnica en torno al proyecto Dominga se encuentra agotada, por lo que confiamos en que el Comité de Ministros resuelva a nuestro favor, ya que de lo contrario incurriría en desacato”.

En esa línea, recordaron que el recurso de casación presentado por el SEA el 23 de diciembre ante la Corte Suprema afirma que el fallo del 1TA se afirma que la posición fijada por el tribunal “llevó a que en este caso en concreto el tribunal no le dejara ningún margen a la Administración en el cumplimiento del fallo”, y que, además, “no sólo determinó el contenido discrecional del acto de reemplazo, sino que, además, y de manera inédita, estableció hasta la fecha en que este deberá dictarse”. Según la empresa, un eventual fallo desfavorable a Dominga sería contradictorio con los propios planteamientos jurídicos del SEA. Y en esa interpretación, el Comité de Ministros no tendría más opción que resolver como indicó al 1TA.

Sin embargo, cabe recordar que la afirmación del SEA se realizó en el marco de un recurso de casación, que busca revertir la sentencia del 1TA, y que en esa misma presentación jurídica el organismo reprochó la instrucción del tribunal. Lo escribió así: “Esta es la primera vez en que un Tribunal Ambiental, resolviendo un recurso de reclamación, derechamente le ordena a la Administración qué es lo que debe contener el acto administrativo de reemplazo, incluso inmiscuyéndose en el contenido discrecional del acto”, agregando que ello “contraviene directamente la prohibición legal contenida en el inciso final del artículo 30 de la Ley N°20.600, extralimitándose en el uso de sus facultades”.

Con todo, el escenario presentaría un nuevo dilema para un gobierno que ha fijado una postura contraria con la iniciativa, pero que ahora debe definir cómo dictar una resolución sin caer en potenciales incumplimientos.

Desde el 23 de diciembre, cuando todos los ministros del Comité resolvieron inhabilitarse, rondaba la duda sobre quiénes conformarán la instancia, y especialmente quién la presidiría. De hecho, se elevó una consulta a Contraloría para zanjar ese punto. La consulta resultaba clave. En el Ejecutivo no sabían cómo definir las subrogaciones de la presidencia del Comité de Ministros, que por estatuto recae en el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

Tanto la ministra Maisa Rojas como el subsecretario Maximiliano Proaño se habían inhabilitado. La titular de la cartera, por su votación en la sesión de enero de 2023, donde se acogieron todas las reclamaciones contra el proyecto en una votación unánime. El caso de Proaño contaba con dos precedentes que jugaban en su contra: una entrevista en el programa La Voz de los que Sobran concedida el 3 de junio de 2022, donde expresó la intención de su cartera de crear “un parque biorregional que proteja toda esa área y que, por lo tanto, proyectos e iniciativas extractivistas que afecten el ecosistema, tanto terrestre como marino, no tengan lugar en ese territorio. A ello se suma un oficio del 28 de diciembre del 2022 enviado al SEA, firmado por Proaño, en que sostuvo que Andes Iron no aportó satisfactoriamente antecedentes para evaluar los impactos de las emisiones atmosféricas, ni información del área de influencia en sus rutas de navegación.

Sin embargo, en ese oficio, Proaño reconoció que la empresa sí había presentado los “antecedentes necesarios para la elaboración de la línea base”, aunque “la línea base fue realizada para condiciones de hace 10 años atrás”.

Estos antecedentes fundamentaban la consulta a Contraloría, por lo que en la cartera ubicada en San Martín 73 necesitaban saber a quién le correspondía subrogar a Proaño, el subrogante natural de Maisa Rojas. Tras lo zanjado por el órgano contralor, desde el MMA definieron que dicha responsabilidad recaerá en Ariel Espinoza, quien ejerce como jefe de la División Jurídica del MMA.

Espinoza es abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha tenido una carrera marcada por pasos en entidades ligadas a temas medioambientales. En su perfil de LinkedIn registra dos períodos en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA): primero entre marzo de 2011 y septiembre de 2012, cuando ejerció como abogado; y un segundo, entre junio de 2014 y diciembre de 2018, cuando lo hizo como encargado de la sección del equipo jurídico, en la división de Sanción y Cumplimiento.

Tras un par de años en el Sernac, y antes de llegar al MMA, estuvo además once meses en la Enap como director de cumplimiento ambiental.

Pero el caso de Proaño no era el único, y no todos los subsecretarios subrogarán a los ministros de cada cartera. Es el caso de Economía y Agricultura, donde los subsecretarios del ramo también cuentan con antecedentes que le juegan en contra a la hora de subrogar a sus ministros. Es el caso de Javiera Petersen subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, que siendo directora ejecutiva de OPES se refirió al proyecto Dominga en una columna publicada en La Tercera. En tanto, Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura, usó su cuenta de Twitter expresando su rechazo al proyecto.

Lo anterior inhabilitaría tanto a Petersen como a Fernández, pero en este último caso ya está definido que el Comité lo integrará por Agricultura el jefe de gabinete de la subsecretaria, Alan Espinoza Ortiz, abogado de la Universidad Central que tiene ya dos pasos por el Minagri. Entre 2014 y 2018 fue asesor del gabinete ministerial, cuando Carlos Furche lideraba dicha cartera, de quien también fue su jefe de gabinete.

En el caso de Petersen es donde aún no existe claridad de quién subrogará a Nicolás Grau. Una alternativa es que lo haga la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo. También puede hacerlo el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas. Desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo no respondieron a las consultas de Pulso sobre la materia.

En el resto de las carteras hay claridad: en Salud, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, subrogará a Ximena Aguilera; en Energía, el subsecretario Luis Felipe Ramos reemplazará al ministro Diego Pardow; y en Minería, la subsecretaria Suina Chauhuán, abogada, subrogará a la ministra Aurora Williams.