Con una camisa celeste de cuello abierto, sin corbata, visiblemente más delgado y con las manos esposadas, el abogado Antonio Guzmán compareció ante la jueza Cecilia Villanueva, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, para solicitar la revocación de su prisión preventiva.

Guzmán es uno de los cuatro principales acusados en el caso Primus y está imputado por administración desleal, lavado de activos, asociación ilícita y uso malicioso de instrumento privado. Según la fiscalía, su rol fue clave en la estructura del fraude, ya que, en su calidad de abogado, habría facilitado maniobras para ocultar fondos y dificultar la trazabilidad de los recursos desviados.

De acuerdo con el Ministerio Público, Guzmán participó activamente en la creación de estructuras jurídicas destinadas a encubrir operaciones irregulares, permitiendo que los involucrados mantuvieran el control del dinero sin levantar sospechas. También se le atribuye la elaboración de contratos ficticios y la asesoría en movimientos financieros que habrían facilitado la extracción de fondos desde Primus.

La jueza desestimó los antecedentes presentados por la defensa, liderada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, que incluyó peritajes sociales y psiquiátricos, además de un informe en derecho elaborado por el exministro de la Corte Suprema Carlos Künsmüller.

“Considerando la multiplicidad de delitos por los que el imputado ha sido formalizado, la existencia de una estructura organizada para cometerlos y la sofisticación del mecanismo utilizado, el tribunal estima que su libertad sigue representando un peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, se rechaza la solicitud de la defensa para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva”, sostuvo la magistrada.

En la misma audiencia, la jueza acogió la solicitud de la fiscalía y extendió el plazo de la investigación por 90 días más, hasta el 3 de junio de 2025, debido a diligencias pendientes. También accedió a la petición de la defensa de retirar las esposas a Guzmán durante la audiencia.

La fiscal América Vergara argumentó que no han cambiado las circunstancias que justifican la prisión preventiva y que el esquema defraudatorio incluyó la creación de sociedades de papel para operaciones de factoring.

“Este es un millonario fraude, y Guzmán fue formalizado por cuatro delitos”, sostuvo. Además, señaló que el imputado no ha colaborado con la investigación ni ha prestado declaración hasta la fecha.

Por su parte, la defensa cuestionó la versión de la fiscalía y el rol del empresario Raimundo Valenzuela en el caso. “Nos quieren hacer creer que Valenzuela, un empresario financiero connotado, no sabía nada del fraude. Sin embargo, él mismo ha dicho en entrevistas que ‘ve bajo el agua’”, argumentó Hermosilla.

El abogado también vinculó a Valenzuela con un intento de asesinato contra el hermano de Antonio Guzmán, antecedentes que presentó en una querella actualmente investigada por el fiscal Xavier Armendáriz.

El querellante Francisco Velozo rechazó la teoría del “autofraude”, señalando que los tribunales han desestimado esa hipótesis en reiteradas ocasiones. Citó la declaración del exgerente comercial de Primus Capital, Ignacio Amenábar, quien afirmó en abril que la información entregada al directorio era adulterada y que el encargado de coordinar esto era Francisco Coeymans.

Coeymans permanece en Capitán Yáber desde el 19 de noviembre de 2024, tras ser extraditado desde Perú. Había sido detenido en Pucallpa el 13 de abril de 2024, luego de no presentarse a una audiencia de formalización en Chile.

Velozo también defendió la versión de la fiscalía y desestimó las acusaciones de la defensa contra Valenzuela. “Nos parece sorprendente que un empresario reconocido, con más de 65 años, haya iniciado una carrera criminal con el fin de asesinar a una persona sin éxito. Esa es una acusación que deberá tratarse en la instancia correspondiente, pero desde ya la rechazamos”, concluyó.