CFA entrega 10 ejes para enfrentar la crisis con sustentabilidad fiscal

En el marco del llamado realizado por el Presidente, Sebatián Piñera, a construir un acuerdo transversal que incluya un marco fiscal que permita enfrentar con sensibilidad social y responsabilidad fiscal las necesidades surigidas en medio de la crisis generada por el coronavirus, el Consejo Fiscal Autónomo sostuvo que existe espacio para implementar nuevas iniciativas, pero enfatizó que estas deben ser transitorias.

Le entidad recordó que de acuerdo a las últimas proyecciones disponibles del gobierno, para 2020 se prevé una caída real de los ingresos fiscales de 11,8%, un déficit fiscal efectivo de 8% del Producto Interno Bruto (PIB), y una razón deuda bruta a PIB de 32,7%, que crecería a 40% en 2024.

Adicionalmente, dado el mayor deterioro que está experimentando la actividad económica, es muy probable que estas cifras sigan empeorando en las próximas actualizaciones, indicó.

“En consideración de lo descrito, el Consejo identifica que existe espacio fiscal para adoptar medidas adicionales. Pero a la vez, siguiendo su mandato legal de contribuir con el manejo responsable de la política fiscal, propone un conjunto de elementos que, a su juicio, deben estar presentes en un acuerdo que sea fiscalmente sostenible”, señaló elo CFA en un documnto titulado “Elementos para un Acuerdo Nacional Fiscalmente Sostenible”.

Estos elementos, indica apuntan a que, una vez superada la crisis, se facilite el retorno a una senda de consolidación fiscal. “Ello es fundamental, porque la experiencia nos muestra que nuestro país no estará exento de otras posibles crisis a futuro y que para enfrentarlas requeriremos reconstruir una posición fiscal sólida y mantener un bajo nivel de spread soberano y riesgo país”.

Añade que ser fiscalmente responsablestiene efectos positivos en distintas variables, como el crecimiento económico, el empleo y el acceso a financiamiento en condiciones favorables, entre otras.

PROPUESTAS

En consecuencia, el Consejo recomienda que un acuerdo nacional para enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos sociales y económicos, incluya los siguientes elementos:

1. Las medidas que se defina implementar deben ser esencialmente transitorias.

2. El acuerdo debe contemplar el compromiso de retirar efectivamente estas medidas una vez concluida la crisis, siendo necesario establecer plazos máximos en las mismas normas que las creen.

3. Considerar reasignaciones de gastos no ejecutados en 2020 y ganancias de eficiencia para el financiamiento de las medidas.

4. Para el resto del financiamiento requerido, se sugiere explorar una combinación de utilización de ahorros y mayor deuda bruta en función de la conveniencia de las condiciones crediticias a las cuales pueda acceder el país y de la mantención de espacios de liquidez.

5. Las medidas extraordinarias incluidas en el marco máximo de gasto que se acuerde para 2020 y 2021, deben contemplar márgenes de flexibilidad en sus usos, que permitan ir adaptando el tipo, duración y retirada de las medidas, según sea requerido o cuando se cumplan condiciones predefinidas.

6. Para el marco máximo de gasto que se acuerde deben realizarse estimaciones de sus efectos sobre el Balance Estructural y la trayectoria de la deuda neta de mediano plazo, para evaluar su sostenibilidad.

7. Considerando que el acuerdo significará desvíos de las metas de Balance Estructural, es necesario que incluya un compromiso creíble y transversal para una senda posterior de convergencia hacia un equilibrio estructural, a un ritmo realista pero exigente.

8. Para fortalecer el marco de la institucionalidad fiscal, se recomienda complementar la regla de Balance Estructural (referida a flujos) con metas de convergencia de la deuda 3 neta (referidas a stocks), a un nivel prudente y sostenible para un país emergente como Chile.

9. Dado que parte de las medidas implementadas para enfrentar la crisis, y otras que se pudieran agregar, inciden en los pasivos contingentes del Fisco, se debe continuar con su monitoreo exhaustivo.

10. Finalmente, se recomienda que el Gobierno de cuenta periódica y detallada de los avances en la implementación de los planes definidos, junto con una proyección de sus efectos fiscales de corto, mediano y largo plazo.