Un día clave será hoy para el proyecto que busca que las personas puedan retirar fondos de pensiones para enfrentar la crisis, ya que durante esta tarde se votará en la Cámara de Diputados.

Es en este contexto que Ciedess, entidad ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, hizo un estudio sobre el proyecto que se votará hoy, donde analiza el monto total que podría salir de las AFP si todas las personas retiran el 10% de sus fondos, y cuál podría ser el eventual impacto para el Fisco.

Esto, tomando en cuenta que el proyecto establece que para reponer los fondos retirados se crearía un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, financiado con aportes de los empleadores y del Estado, aunque la iniciativa no entrega los detalles de cuánto dinero pondrá cada uno.

Con todo, Ciedess dice que “el eventual monto a reponer dependerá de la cantidad de afiliados y los ahorros que decidan retirarse. Según las cifras a marzo de 2020, el 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de cotización obligatoria ascendían a US$14.755 millones, equivalente al 6,3% del PIB. En base a los diferentes tramos y límites para el retiro señaladas en el proyecto, se estima que si la totalidad de los afiliados se acoge a esta opción, el monto máximo a retirar podría alcanzar los US$16.650 millones”.

Este monto representa un 7,1% del PIB, y corresponde a ocho veces el gasto anual que hace el Estado en pensiones mediante el Pilar Solidario. Además, supera el plan de US$12.000 millones que acordó el gobierno con la oposición para enfrentar esta crisis.

En caso de aprobarse este proyecto, también está definido de qué forma y cuánto tiempo tardarán las AFP en entregar los fondos. Primero, una persona tiene que presentar la solicitud ante su AFP, y luego la administradora tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para entregar el 50% de los recursos solicitados. La otra mitad de los fondos solicitados, será entregado en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar del momento en que ocurrió el primer desembolso de dinero.

Ciedess dice que “dado lo anterior, si suponemos que todos los afiliados se acogen a esta opción al mismo tiempo, en un periodo de dos meses se deberán efectuar desinversiones por aproximadamente el 7% del PIB, con el consiguiente impacto en el mercado de capitales nacional, tipo de cambio y pérdida de valor de las inversiones producto de los volúmenes a desinvertir. Lo anterior impactaría negativamente el precio de los instrumentos, generando la caída en los valores cuota de los fondos de pensiones (y por ende, en los saldos no retirados), afectando los saldos remanentes de los afiliados, especialmente de aquellos próximos a jubilar”.

Todos estos cálculos del estudio de Cieddess fueron hechos en base a lo que propone el proyecto: que los afiliados que están en AFP puedan retirar hasta el 10% de los fondos que han ahorrado en su cuenta de capitalización individual.

Eso sí, hay un monto máximo que se puede retirar, y también se establece un mínimo para aquellas personas donde el 10% no representa mucho dinero. En concreto, si bien se puede retirar hasta el 10% de los fondos, no puede superar los UF150 (cerca de $4,3 millones). Asimismo, el mínimo a retirar es de UF35 (cerca de $1 millón).

De este modo, si para una persona el 10% del total de sus fondos representa menos de $1 millón, de todas maneras va a poder retirar $1 millón, aunque signifique el 80% de sus fondos, o incluso la totalidad de sus ahorros de pensiones. Por ejemplo, si una persona en total tiene $800.000 ahorrados en su cuenta de la AFP, va a poder retirar todo.

“Si finalmente se establece que sea el Estado quien deba restituir la totalidad o parte de los fondos; se estará generando un incentivo poderoso para que los cotizantes, cualquiera sea el tramo de saldo en que se encuentren, opten por retirar sus fondos, sin diferenciar aquellos que realmente lo necesitan, produciendo un efecto potencialmente regresivo al favorecer al grupo de cotizantes con mayores saldos”, dice Ciedess.

“Entendiendo el sentido de urgencia, el financiamiento debe hacerse mediante políticas de corto plazo, con financiamiento público; desarrollando soluciones más directas y focalizadas en quienes más lo necesitan, más eficientes y que generen menos distorsiones y efectos indeseados. Esta propuesta atenta contra el sistema de pensiones, cuya reforma es cada vez más urgente”, agrega Ciedess.

El departamento de estudios también dice que “no es razonable enfrentar las necesidades urgentes y de corto plazo de las personas, afectando un sistema de la seguridad social cuyo diseño responde a una lógica de ahorro de largo plazo; teniendo presente que las pensiones actuales no responden a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. En tal sentido, esta propuesta va en dirección opuesta de los objetivos buscados en la reforma de pensiones”.