El Comité de Ministros resolvió de forma unánime durante la tarde de este lunes dar luz verde al proyecto denominado Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi, de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, que considera un inversión de US$3.200 millones.

Se trata de la iniciativa más costosa que se encontraba pendiente de ser revisada por la máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que preside la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La iniciativa en evaluación consiste en la modificación del proyecto minero y considera una fuente complementaria de abastecimiento de agua, lo que implica en una disminución de uso de agua continental, asegurando la operación durante 20 años adicionales. Además, el proyecto considera la optimización de la planta de molibdeno y de la planta concentradora, para pasar de una capacidad de producción de 170 ktpd (miles de toneladas diarias de tratamiento de mineral) a 210 ktpd, a través de mejoras operacionales.

El Comité de Ministros rechazó las reclamaciones ciudadanas que solicitaban la calificación desfavorable del proyecto, alegando deficiencias en la caracterización de la línea base de medio humano, afectación a los sistemas de vida y costumbres de los grupos indígenas de la caleta Chanavaya, afectación a los recursos naturales renovables por las actividades de captación y descarga de la planta desalinizadora, entre otros aspectos.

“Si bien el resultado de la evaluación de ecosistemas marinos muestra que, por efecto de la planta desaladora, no habrá afectación significativa a los recursos de interés pesquero, la percepción de los pescadores artesanales expresa temores acerca del futuro de su actividad productiva. Al respecto, se estableció un Monitoreo Participativo de Medio Marino, para que los pescadores incrementen su percepción de control de la información sobre cómo evolucionan las variables del ecosistema marino, que incorpora a las caletas de Cáñamo, Chanavayita, Caramucho y Chanavaya”, consignó el Ministerio del Medio Ambiente en un comunicado.

La autoridad agregó que Collahuasi incorporó un Plan de Vigilancia Ambiental, consistente en un monitoreo de la comunidad planctónica que pudiese ingresar al sistema de captación de agua de mar, con el objeto de verificar en forma directa la eventual pérdida de especies.

Además, el Comité de Ministros analizó tres solicitudes de invalidación de una resolución de esta misma instancia, de 7 de junio de 2021, que calificó favorablemente el estudio de impacto ambiental (EIA) de Ingeniería y Construcción Madrid S.A., titular del proyecto Central Hidroeléctrica de Pasada El Rincón.

La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que se pretendía invalidar comprende la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada ubicada en el río Truful Truful, con una capacidad de 11 MW de potencia, en la región de la Araucanía, el que considera una inversión de US$ 24 millones. Luego de la votación, el Comité de Ministros resolvió, en votación dividida, rechazar las solicitudes de invalidación.

“La determinación del Comité puede ser reclamada ante el Tribunal Ambiental en donde además se tramitan las reclamaciones judiciales de aquellas personas que hicieron observaciones ciudadanas, pero que estimaron que éstas no fueron debidamente consideradas en los fundamentos de la decisión”, destacó el Ministerio del Medio Ambiente.

En paralelo, ayer durante la tarde la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana aprobó las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de cuatro proyectos de inversión de manera unánime. Se trata de Condominio Santa Úrsula, de Inmobiliaria Santa Úrsula (por US$100 millones); una planta de despelonado y secado de nueces de AgroReservas de Chile (US$7 millones); Zañartu 1076, de Inmobiliaria Zañartu SpA (US$4,6 millones) y el proyecto obras de urbanización condominio El Golf, de Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. (US$10 millones).

Este último concitó un mayor foco de atención por parte de los secretarios regionales ministeriales que aprobaron con una serie de condiciones la iniciativa ligada a la familia Guzmán Nieto, controladores del proyecto inmobiliario Enea, ubicado en Pudahuel.

Lo anterior, debido a que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había recomendado previamente a la Coeva rechazar la iniciativa debido al impacto que provocaría el proyecto a una araña, denominada grammostola rosa o tarántula rosa chilena, considerada en estado de conservación vulnerable.

La empresa detalló que existen lugares idóneos para el traslado de las especies como el Parque Metropolitano. Además explicó la Universidad de Chile confirmó su disponibilidad para realizar la relocalización al Santuario de La Naturaleza Quebrada de La Plata y alternativamente propuso La Quebrada de Pajaritos.

En la sesión participó como invitado el abogado Gonzalo Cubillos, en representación de Inmobiliaria Las Lilas de Pudahuel S.A, de propiedad de la familia Santa Cruz, quien recordó que envió una carta al SEA para solicitar el rechazo del proyecto.

“Este es un proyecto que está emplazado en Pudahuel y afecta la vía C14P, que es obra contemplada en el Plano Regulador de la Región Metropolitana. El artículo 67 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que cualquier proyecto de construcción debe ajustarse estrictamente a los trazados de acuerdo al Plano Regulador Metropolitano”, acotó Cubillos.

Sebastián Avilés, abogado del titular del proyecto, respondió que “los postulados de Inmobiliaria Las Lilas obedecen a materias plenamente sectoriales que no corresponden ventilar ni conocer en sede ambiental, menos cuando se basan en su elaboración propia, dando cuenta de una superposición vial que no es tal en la realidad”.