Concesionaria del aeropuerto de Santiago recurre a panel técnico y presiona al MOP para negociar una salida económica

Dicho y hecho. La concesionaria Nuevo Pudahuel, administradora del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, había advertido que recurriría a un panel técnico de concesiones con miras a revisar los términos del contrato que tiene con el MOP, tras haberse visto fuertemente golpeada por la pandemia.

La compañía se había adjudicado en 2015 la operación del terminal aéreo por 20 años, con una propuesta que aumentaría la capacidad de pasajeros anuales desde los 16 a 38 millones, sin embargo los efectos del Covid-19 afectaron gravemente su situación financiera, tras una caída de pasajeros de 86% entre marzo y diciembre de 2020 versus 2019, cifras que se tradujeron en una pérdida de US$37 millones el año pasado.

Con ese panorama, la empresa inició en enero de este año el proceso para acudir al Ciadi y este martes lo hizo frente al panel técnico de concesiones siguiendo el conducto regular para dirimir esta controversia con el Estado. Si bien las resoluciones que tome el panel no son vinculantes, es el paso previo para llegar a una comisión arbitral, instancia que sí lo es.

Más allá del trámite iniciado, el primer objetivo de Nuevo Pudahuel es que el MOP se abra a negociar una salida financiera para la compañía, negociaciones que hasta la fecha no han ocurrido.

En su escrito presentado al panel técnico de concesiones, Nuevo Pudahuel propone extender el plazo de concesión desde que el flujo de pasajeros se recupere hasta los niveles de 2019, reajustados por inflación. Esa salida considera plazos incierto, puesto que no se prevé una recuperación en el flujo de pasajeros hasta al menos 2025.

Sobre la base de un informe elaborado por Econsult, se estima que la disminución del flujo de pasajeros afectará toda la vida de la concesión al compararla con la proyección previa a la pandemia, provocando una pérdida estimada de más de 209 millones de pasajeros hacia el año 2035.

“Esto equivale al total de pasajeros transportados en el Aeropuerto Internacional AMB durante la concesión anterior, y al 33% del total de pasajeros proyectados antes de la pandemia por la Concesionaria para los 20 años de la Concesión. Asimismo, se puede observar que el nivel de pasajeros del año 2019 (24,6 millones anuales) solo se alcanzaría en 2025″, se lee en el escrito.

Es por ello que extender el plazo desde que se recuperen los niveles de pasajeros que había en 2019 es la “alternativa constituye una propuesta razonable para mitigar la disminución del tráfico de pasajeros durante el tiempo en que sus efectos se sientan con mayor fuerza”, sostiene la compañía.

La concesionaria también arguye es que al Estado le compete la revisión del contrato, dado el cambio de escenario.

“Los efectos económicos de la pandemia son devastadores y su ocurrencia absolutamente inesperada para las partes al momento de celebrar el Contrato de Concesión. Así, al verificarse tales hechos se genera una ruptura total del equilibrio económico del Contrato de Concesión que debe ser subsanada, conforme lo imponen el derecho aplicable al Contrato de Concesión y las disposiciones del mismo”, dice el escrito presentado al panel técnico.

“Ante estas excepcionales circunstancias es obligación del MOP adoptar las medidas que sean necesarias para restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión. Por el contrario, sería absurdo, injusto e ilegal, pretender que fuese la Concesionaria quien asumiera las consecuencias de un riesgo no previsto como la pandemia, toda vez que el mismo no le fue asignado por la ley, ni por el contrato, ni por ninguna otra fuente del derecho”, agrega.