El 07 de octubre de este año, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva del abogado Antonio Guzmán, uno de los cuatro imputados por el Ministerio Público en el marco de la investigación por el millonario fraude al factoring Primus Capital, controlado por el empresario vitivinícola y financiero Raimundo Valenzuela. Desde ahí, la defensa de Guzmán buscó revertir la medida, un camino que comenzó el 16 de octubre y que hasta la fecha no tiene éxito.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estimó en su momento que Guzmán era un peligro para la sociedad.

Ante este contexto, el 06 de noviembre y a casi un mes de la privación de libertad en Capitán Yaber, la defensa de Guzmán recibió la noticia de que la Corte de Apelaciones de Santiago decidió rechazar el amparo a favor del abogado.

La instancia comentó que se justificaba la prisión preventiva en relación con la gravedad de los hechos, el número de delitos atribuidos y la posible pena que se pueda decretar contra Guzmán.

“La resolución se encuentra debida y suficientemente fundada y, como se desprende de su texto, ha tenido en consideración los antecedentes fácticos que dan cuenta de la existencia de los delitos y la participación que al amparado le ha cabido en ellos”, dice la resolución que se dictó en su momento.

Otra de las justificaciones tuvo relación con la “existencia de procesos pendientes”.

“La resolución impugnada se observa que la misma fue dictada por autoridad competente siguiendo el procedimiento legal previsto para ello”, añade el texto.

De esta forma, días después de la negativa de la Corte de Apelaciones, la defensa acudió el 11 de noviembre a la Corte Suprema, pero el resultado fue el mismo. El 15 de noviembre, el máximo tribunal decidió que se confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Se confirma la sentencia apelada de seis de noviembre de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago (...) Regístrese y devuélvase”, dijo la Corte Suprema en una breve resolución.

A lo largo del proceso, la defensa de Guzmán buscó revertir la prisión preventiva apelando a temas como que se justificó con acusaciones que no se sostuvieron en las instancias posteriores a la formalización inicial, desproporcionalidad de la medida cautelar, no considerar los argumentos de la defensa, un no correcto actuar del juez y falta de argumentos para justificar la medida.

El caso de fraude en el factoring Primus Capital involucra la detección de cheques falsos y facturas ideológicamente falsas, lo que generó pérdidas estimadas en US$100 millones para la firma.

Quince días antes de su formalización, Guzmán presentó el 17 de septiembre un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC): sostenía que la investigación liderada por la Fiscalía ha sido sesgada en favor del querellante y acusaba demoras injustificadas y parcialidad en las diligencias del caso.

Sin embargo, el tribunal declaró inadmisible la acción interpuesta por su defensa liderada por Germán Cueto, socio de JAF Abogados.