Una declaración fue lo que emitió este jueves isapre Cruz Blanca, controlada por el grupo inglés Bupa, a raíz de “las declaraciones de distintos miembros de la Excelentísima Corte Suprema, ministros de Estado y parlamentarios sobre los alcances del fallo respecto de la aplicación de la tabla de factores”.

En primer lugar, ahí señalan que “en Cruz Blanca estamos comprometidos con mejorar la salud de nuestros afiliados y sus familias, y sabemos que se hace imperativo avanzar en los cambios y reformas que puedan resolver los desafíos de salud de todos los chilenos y no solo los que han confiado en el sector privado. Queremos ser un aporte en ello. No obstante, para proyectarse en esos objetivos se hace urgente otorgar la certeza jurídica y regulatoria que permita seguir operando en el corto plazo, aportando al país”.

En ese sentido, recordaron que “el pasado martes Cruz Blanca ingresó un recurso de aclaración ante la Tercera Sala de la Corte Suprema, solicitando que el tribunal dilucide diversas dudas que han surgido sobre el alcance que tiene la sentencia emitida por dicha sala respecto a la tabla de factores y su aplicación”.

Agregaron que “sin perjuicio de lo anterior, Cruz Blanca descarta enfáticamente que haya efectuado cobros indebidos a sus afiliados, pues toda su operación ha estado y está regida por un estricto marco normativo. La isapre ha cumplido con la regulación y las instrucciones emitidas por la Superintendencia de Salud (SIS) en relación con la aplicación de la tabla de factores y otras materias, lo cual ha sido verificado por la propia SIS a través de las regulares fiscalizaciones que lleva a cabo”.

En esa línea, afirmaron que, “tal como lo hemos expresado en diversas instancias, y queda demostrado en los acontecimientos de los últimos días, las isapres y el sector privado de salud en general han enfrentado un escenario de incertidumbre jurídica en los últimos años, a partir de fallos y actuaciones que han contravenido la legislación vigente, generando enormes pérdidas financieras que ponen en riesgo la subsistencia del sistema en su conjunto y generado preocupación en los afiliados, sobre todo los que mantienen tratamientos de salud. Este colapso solo se ha evitado momentáneamente debido a los constantes aumentos de capital que han tenido que llevarse a cabo”.

Con todo, añadieron que “dado lo anterior, nuestro controlador activó en marzo de 2022 el procedimiento de resolución de controversias establecido por los tratados internacionales entre Chile y Reino Unido, para buscar generar de manera urgente instancias de diálogo con el Estado chileno, respondiendo a la necesidad apremiante de exponer la grave situación que enfrenta Cruz Blanca y los perjuicios a los que se está viendo expuesta la compañía y su controlador en Chile”.

Terminaron señalando que “siempre hemos puesto a disposición de la autoridad, los antecedentes técnicos y de operación tal como nos corresponde hacerlo. Mantenemos nuestra disposición para contribuir a la búsqueda de una salida sostenible a la crisis actual, acorde a lo que se establezca, cuidando que las normas relacionadas contribuyan a que podamos seguir cumpliendo con los compromisos de nuestros afiliados, quienes son y han sido siempre, nuestra principal preocupación”.

Luego de los recursos de aclaración que ingresaron este lunes las isapres Banmédica y Vida Tres ante la Corte Suprema por el fallo sobre la tabla de factores, este miércoles ambas isapres de propiedad de Empresas Banmédica ingresaron un nuevo escrito ante el máximo tribunal. Ahí señalan que “las interpretaciones que había dado a conocer la Superintendencia de Salud (...) se traducían en muy graves efectos no sólo para nuestra representada, sino para el conjunto de las isapres y, por ende, para el sistema de salud de nuestro país”.

Ahí adjuntaron un informe técnico que le encargaron a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile donde se muestra “la estimación de los efectos económicos de la sentencia, a partir de la interpretación que de ella ha planteado la Superintendencia”. Las isapres señalan que entre las principales conclusiones de dicho estudio, las devoluciones “se traducen en la obligación para las isapres de provisionar un gasto por US$ 1.442 millones”. En tanto, “los ajustes de precio que se plantean hacia el futuro como consecuencia de la sentencia según la interpretación que ha planteado la Superintendencia, se traducen en pérdidas para las isapre por un total de US$1.930 millones”, señalaron.