La gran deuda del gobierno que no permite agilizar proyectos de inversión

Fue una de las tantas promesas de campaña. No solo en la elección recién pasada, sino también en la anterior de la exmandataria Michelle Bachelet, e incluso en la de 2010, cuando Sebastián Piñera salió electo Presidente por primera vez. Los tiempos tras los permisos para ejecutar proyectos han teñido todos los gobiernos. Y no solo eso: han sido el eterno clamor de empresarios e inversionistas que han visto caer iniciativas ante la lentitud en las autorizaciones. Y ahora no es la excepción.

"Son los permisos, estúpido". La célebre frase del asesor de Bill Clinton, James Carville, en alusión a la economía, cobra nueva fuerza en medio de una actividad que no repunta. Hoy, más allá de las reformas emblemáticas, existe consenso en que la gran deuda es la agilización de los permisos, una herramienta clave para elevar la inversión.

Así, la institucionalidad ambiental ha estado en la primera línea de las miradas de quienes consideran que se requiere de un tiempo demasiado prolongado para sacar algo adelante, en un área donde, además, existían grandes expectativas al inicio de este gobierno en torno a una reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que justamente apuntara a acelerar procedimientos e incorporara variables ciudadanas al inicio y no al final de los procesos.

Si se consideran los proyectos aprobados en el SEIA durante los primeros tres meses del año, el tiempo medio que se requiere para que una iniciativa obtenga luz verde es de unos 13,6 meses, un lapso que pese a las declaraciones y buen ánimo de la autoridad en orden de acelerarlos, es un período de tiempo solo 4% más bajo que lo que se registraba al inicio de 2018, de acuerdo con el reciente informe del Observatorio de la Productividad de la CPC y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Ello, por cierto, no incluye la postergación -que en casos extremos puede llegar a ser definitiva- que enfrentarían los proyectos si debido al rechazo de comunidades u otros motivos entran en una espiral de judicialización que hasta ahora no ha conseguido amainar.

A fines de julio de 2019, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que obliga a que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se sometan a un proceso de consulta ciudadana anticipada -previo a su ingreso al SEIA-, además de medidas como la eliminación del Comité de Ministros y el Recurso de Reclamación Administrativo, para evitar una doble revisión administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). También, el proyecto, que no ha logrado caminar en el Legislativo plantea, la creación de tres comisiones macrozonales, las que serán las encargadas de realizar la calificación de los proyectos, pero no se eliminan las oficinas regionales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Tal y como llegó al Congreso, distintos sectores han planteado que la iniciativa legal requiere de cambios para cumplir con los objetivos para los que fue diseñado.

"El proyecto requiere reformularse, por cuanto no cumplió con los dos propósitos fundamentales que expresamente se propuso. Tanto la reducción del componente político como la ampliación de la participación ciudadana. Ambos objetivos se focalizaron en destrabar el procedimiento contencioso administrativo ambiental y no en la fluidez y agilidad de la operación del sistema. Se trató de una discusión eminentemente procesal y poco de SEIA", dice Jorge Cash, exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente y jefe del área medioambiente de Elías Abogados. Y agrega que, por otro lado, el informe que la OIT hizo llegar a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, respecto de que este proyecto, por las normas referidas a participación ciudadana, era susceptible de afectar a las comunidades indígenas y requiere someterse al proceso de consulta indígena, suspende la tramitación legislativa hasta que no se dé cumplimiento a dicho procedimiento. "Lo anterior supone que la reforma al SEIA volverá a discutirse en un próximo gobierno", dice.

El año pasado ingresaron al SEIA un total de 716 proyectos, con una inversión de US$ 26.400 millones, principalmente en minería, sector inmobiliario y energía. En lo que va de 2019 han comenzado su tramitación 240 proyectos, por casi US$ 9.000 millones, también en su mayoría en los mismos tres sectores.

Según la información del Ministerio del Medio Ambiente, 723 proyectos finalizaron su tramitación en 2018 por US$ 36.550 millones, mientras que durante lo que va de este año alcanzan a 241, por US$ 10.000 millones.

Para la minería, pilar fundamental de la economía y el sector que más proyectos tiene en tramitación, agilizar el avance de las iniciativas es un asunto que no puede seguir esperando.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, indica que si bien el gremio apoya la participación ciudadana anticipada presentada en el proyecto, "aún falta precisar procedimientos, institución a cargo, resultados, mecanismo de validación y empalme con la consulta indígena". Asimismo, sostiene que las compensaciones económicas que no forman parte del SEIA no debiesen ser tratadas como gasto rechazado, y agrega que se debe tener en cuenta que las comunidades quieren ser parte de los proyectos que agregan valor compartido, por lo que hay que buscar una institucionalidad más adecuada para ello.

"No tenemos seguridad de cómo seguirá avanzando la iniciativa en el Congreso. Lamentablemente, este no es el único proyecto de ley que se encuentra entrampado", responde Villarino. "De no avanzar en su discusión, Chile está perdiendo una oportunidad de solucionar un problema que es apremiante. Al final, las grandes inversiones del país pasan por Estudios de Impacto Ambiental, y si no tenemos un sistema que le dé tranquilidad a la ciudadanía, seguridad a las empresas, y de alguna manera se preocupe de la conservación y cuidado del medioambiente, no vamos a tener buenos proyectos", añade el dirigente.

Distintos observadores han alertado sobre la falta de movilidad en el Congreso de los proyectos debido a la intensa agenda que ha impulsado el Ejecutivo y que tiene como piezas claves las reformas en las área tributaria y previsional.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), indica que si bien el sector valora el esfuerzo del gobierno de presentar el proyecto de reforma ambiental, es necesario incorporar un criterio de tipología a los proyectos de modo que no se hagan exigencias desmedidas a desarrollos cuando estas no se justifican.

"El proyecto de ley está pensado para los megaproyectos que ingresen vía Estudio de Impacto Ambiental, lo cual redunda en mayores exigencias, tiempos y gastos para todos quienes deban ingresar a través de un EIA, sin distinguir las circunstancias particulares de cada proyecto, su magnitud y complejidades. En dicho contexto, el proyecto no considera un tratamiento diferenciado, lo que naturalmente podría afectar, complejizar o frenar inversiones más pequeñas", sostiene Hernández.

"El riesgo de no modernizar el SEIA es mantener a la industria e inversores con niveles de incerteza sobre la posibilidad y los tiempos para ejecutar proyectos de inversión en el territorio nacional, lo cual se traduce en desincentivos a la economía producto de bajas en la inversión, disminución en productividad y un posible aumento en la tasa de desempleo. En tal escenario, resulta esencial contar con la mayor seguridad jurídica en materia ambiental, que permita considerar a Chile como un lugar estable y atractivo para los capitales nacionales y extranjeros", añade Hernández.

La semana que termina fue particularmente agitada en cuanto a noticias económicas, además de los titulares que concentró el esperado cambio en el gabinete.

Luego de la sorpresiva baja de 50 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM) a 2,5% por parte del Consejo del Banco Central el viernes 7, tras una recalibración del PIB potencial y tendencial, el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio relevó el lunes un deterioro en todos los indicadores clave esérados para 2019: el PIB crecería entre 2,75% y 3,5%, mientras que la demanda interna apenas lo haría 2,9% y la Formación Bruta de Capital Fijo se expandiría un 4,5%.

A lo anterior se sumó el jueves el cambio ministerial que incluyó la salida del extitular de Economía José Ramón Valente y su reemplazo por el hasta ese momento titular de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, y que coincidió con la publicación de los resultados de la encuesta del CEP, estudio que mostró que para 61% de los chilenos el país sencillamente está estancado.

En medio del letargo de la actividad, las expectativas de los consumidores que no logran repuntar y un escenario externo que parece cada vez más complejo -con una caída en el precio del cobre y la cada vez más dura guerra comercial entre Washington y Beijing-, la tardanza en la aprobación de los papeles que requieren los proyectos en el país tampoco contribuye a mejorar las cosas.

"La demora en la tramitación de aprobaciones de proyectos es un componente crítico en los procesos de inversión. Existe evidencia de que la lista de proyectos por ser aprobados es larga, lo cual, naturalmente, redunda en rezagos significativos en el inicio de las inversiones, y mayores costos propios de la espera y de carácter legal. Es difícil tener una buena estimación de cuánto esto implica en menor crecimiento, porque es probable que algunos proyectos ni siquiera inicien el proceso de aprobación", dice Sergio Lehmann, economista jefe de Bci.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, recuerda que en períodos de debilidad económica como el actual, es importante considerar que cualquier inconveniente en la tramitación y obtención de permisos afecta mucho más en el desarrollo de cualquier proyecto, ya que en estos casos existe menos holgura para acomodar o internalizar los mayores plazos o postergaciones que provoca la falta de agilidad en la obtención de las autorizaciones.

"En este contexto, la evidencia última indica que la tramitación de permisos se ha vuelto engorrosa, a un nivel crítico, elevando los plazos de concreción de proyectos. Todo esto se ha reflejado en la baja tasa de concreción de proyectos que exhibe la economía chilena desde hace algunos años y que se ha manifestado en tasas de inversión bajas y en varios años negativas", dice Rojas.

De acuerdo con el economista, este 2019 la ejecución de proyectos ha continuado siendo baja, todo lo cual se reflejará en que a la tasa de inversión fija le será difícil superar el 4% anual, como estima el Banco Central en su último IPoM.

Mañana lunes el gobierno pretende presentar cambios al proyecto de reforma del sistema ambiental en un encuentro que sostendrán la ministra Carolina Schmidt y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que lidera el parlamentario Félix González.

"Luego de escuchar a los diferentes actores que asistieron a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados decidimos ingresar una modificación que recoge estos planteamientos, que nos permitirá avanzar hacia una modernización integral del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", señala una declaración del ministerio. "Las modificaciones que daremos a conocer a los diputados buscan fortalecer la descentralización en la toma de decisiones, potenciar la mirada técnica en el Servicio de Evaluación Ambiental, generar un acceso igualitario a la justicia ambiental y fortalecer los procesos de participación ciudadana", agrega, sin dar más detalle.

Así, las cartas del Ejecutivo estarán ahora en esta cancha, pues son iniciativas como estas las que podrán reanimar las inversiones.