El plan de salvataje financiero que prepara el gobierno para las municipalidades

Fuerte fue el impacto de prorrogar el pago de los permisos de circulación de la plaza vehicular del país como una forma de alivianar el bolsillo de los chilenos en tiempos de Covid-19. Pero los efectos de la medida hoy los están sufriendo los 345 municipios que existen en Chile. Tanto la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presidida por el edil de Puerto Natales, Fernando Paredes, como la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), liderada por Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, están en conversaciones con el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para encontrar una fórmula para inyectar más recursos a los municipios.

La situación es crítica, recalca Fernando Paredes, pues los municipios dejaron de percibir $ 122 mil millones por aplazar desde marzo hasta junio la primera cuota de los permisos de circulación, lo que se suma a los $ 440.000 millones por la prórroga del plazo para pagar la primera cuota de contribuciones o impuesto territorial, correspondiente al mes de abril, y la segunda, que se tiene que cobrar en junio próximo.

“Estamos haciendo un levantamiento detallado de la situación financiera de todas las municipalidades pero, en general, un 50% de los municipios del país va a estar complicado de no mediar ingresos adicionales por parte del Estado, y en junio diría que habrá una complicación ya más generalizada”, explica el presidente del gremio que representa a 322 alcaldías del país.

Es tan complejo el escenario, recalca, que, por ejemplo, la Municipalidad de Conchalí “no cuenta con los recursos necesarios para cancelar sus cuentas básicas”. Situación similar, dice, están viviendo las municipalidades de Lebu, Nacimiento y San Rosendo, “las que ya han manifestado estar en un escenario muy complicado”, recalca.

Recoleta también está viendo con preocupación cómo subsistirá los próximos meses. “La situación de los municipios hoy día es bastante delicada. Recoleta puede mantenerse un tiempo prudente, pero estamos a un par de meses a entrar a una situación bastante compleja como todos los otros municipios. De hecho, hay algunos que ya están en medio de la crisis”, cuenta el alcalde Daniel Jadue.

Con todo, Fernando Paredes indica que el sector requiere un aporte adicional de unos $ 900.000 millones por parte del Estado, cifra que equivaldría a un 64% de los recursos del Fondo Común Municipal.

Al aporte a los ingresos comunales por parte de los permisos de circulación y las contribuciones se suma el cese de pagos de otras fuentes que generan caja en las municipalidades, como la renovación de las licencias de conducir, los permisos de edificación y certificados de informes previos, entre otras cosas. Tema aparte es el impacto que están viviendo las comunas del país que reciben ingresos por parte de los casinos, los que han dejado de operar a contar del 18 de marzo, como una medida sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

El impacto es tan relevante que, a inicios de abril, el representante de AChM manifestó, a través de una carta enviada al ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, la preocupación por la situación financiera que estaba generando en los presupuestos comunales el cierre de los casinos de juegos, situación que además está afectando a más de 5.000 trabajadores de este rubro. En la misiva se destaca que durante 2019, “los casinos, sin contar los de concesión municipal, aportaron un total de $10.497 millones en impuesto específico al juego destinados a los gobiernos regionales y municipales en donde operan, para el financiamiento de obras de desarrollo. A ello se adicionan $ 4.460 millones asociados al pago de IVA y $ 1.498 millones correspondientes al impuesto por la entrada a la sala de juegos, que se destinan a los fondos generales de la nación”.

Añade que los casinos municipales obtuvieron un total de $ 11.227 millones de ingresos brutos, lo que representa un 28,7% del total de la industria.

La municipalidad más afectada por el cierre del casino es Viña del Mar. “El municipio se ha visto muy afectado, ya que el presupuesto municipal depende fuertemente de los ingresos que genera el casino de Viña del Mar, el que no ha funcionado desde hace poco más de un mes, para acatar las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria, generando una pérdida aproximada de dos mil millones de pesos mensuales”, señala Virginia Reginato, alcaldesa de Viña del Mar.

Por eso, añade, “estoy convocando a los alcaldes cuyos municipios dependen fuertemente de los ingresos de los casinos de juego, para abordar este problema ante el Presidente de la República, ya que estos recursos son vitales para mantener los programas sociales, las inversiones comunales y el buen funcionamiento de nuestras ciudades”.

Paredes explica que también han tenido un impacto en sus arcas las municipalidades de Antofagasta, Calama, Copiapó, Ovalle, Rinconada, San Antonio, Mostazal, San Fernando, Santa Cruz, Talca, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Castro, Osorno, Coyhaique, Punta Arenas, Valdivia y Arica, las que dejarán de percibir, en lo que queda de año, unos $ 6.700 millones por el cierre de los casinos. “Estos elementos son buenos tenerlos en la mesa para que el gobierno entienda la gravedad de la debilidad de caja que están enfrentando las municipalidades”, sostiene el edil de Natales, que también sufre el impacto del cierre del centro de juegos, lo que implica una menor recaudación que asciende a $ 45 millones mensuales. “Para un presupuesto chico como es el de Natales, claramente es muy significativo”, recalca el presidente del directorio de AChM.

Los problemas financieros de las municipalidades era un tema que el gobierno sabía que tenía que enfrentar y ya se estaba trabajando en el diseño del potencial salvataje. De hecho, los municipios y el gobierno vienen conversando durante, al menos, las últimas tres semanas. El pasado viernes 17 de abril, la reunión remota incluyó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. En la cita, explica Paredes, las autoridades “entendieron la gravedad de la situación”, y añade que el Ejecutivo comprometió la intención de que los fondos recaudados por permisos de circulación e impuesto territorial “sean inyectados a la brevedad en las arcas municipales del país”.

Desde esa fecha, el trabajo ha sido intenso, cuentan integrantes de la llamada mesa técnica, donde los equipos financieros de las asociaciones han estado presentando, en detalle, el actual estado de situación de las cajas de cada alcaldía. Y el trabajo ha surtido efecto, pues el lunes pasado hubo una nueva cita entre los directorios de ambas asociaciones y la Subdere, pues el gobierno ya aprobó una inyección adicional de recursos. El monto aún se está afinando y se anunciará en los próximos días. En todo caso, adelantan fuentes conocedoras de las conversaciones, la cifra será muy lejana a la expectativa que tienen los ediles comunales.

“Tenemos limitaciones para prestar recursos a las municipalidades, tanto legales como las limitaciones propias de las arcas fiscales”, recalcan fuentes de gobierno. Y, de hecho, añaden que la futura cifra que darán a conocer en estos días no superaría los $ 300.000 millones.

“Ellos (los alcaldes) plantearon un déficit del orden de $ 900 mil millones, pero eso tiene supuestos que no se ajustan a la realidad. Dicen que el 35% de los permisos de circulación de este año no se van a recaudar, pero resulta que lo que se hizo fue postergar el pago de marzo a junio”, explica una fuente al tanto de las conversaciones. Añade que lo mismo sucede con el supuesto déficit generado por las contribuciones. “Ellos dicen que como se postergó la primera cuota y el gobierno va a postergar la segunda, hay dos cuotas en el año que nadie las va a pagar y eso no es así, porque la cuota que se posterga en abril se acumula y se distribuye en partes iguales en las siguientes cuotas, es decir, julio, septiembre y diciembre van con el recargo de la cuota de abril. Entonces, también se va a recuperar, por lo tanto, ya tenemos dos supuestos que hacen caer la estimación de déficit de los municipios en más de $ 600 mil millones”, detalla la fuente.

Al ser consultado, Claudio Alvarado, subsecretario de Desarrollo Regional, indica que lo que quiere el gobierno es anticipar la entrega de los recursos para evitar un efecto negativo en las municipalidades. “Lo que nosotros estamos viendo es anticipar flujos del Fondo Común Municipal, recursos que se recuperarán después, en la recaudación del segundo semestre. También se les inyectará a los municipios un aporte de US$ 100 millones para la atención social para los vecinos por los problemas derivados del Covid”, señala al ser consultado.

Añade que “todos tenemos conciencia que este año es muy distinto al anterior y que, indudablemente, han existido acciones tendientes a desahogar el gasto del bolsillo de las personas durante la crisis. Esto fue la prórroga en el pago de los permisos de circulación a junio y también iniciativas para evitar mayores desembolsos para las familias, como el aplazamiento de la primera cuota de las contribuciones de abril a junio. Esos dos elementos tienen un impacto y un efecto en los flujos de ingreso de los municipios, lo que se notará ahora en el mes de mayo”.

Pero pese al esfuerzo, los municipios de igual manera se resentirán, anticipa Alvarado.

“Lo que vamos a tratar es que la caída de los flujos de los municipios no sea tan violenta, porque sí habrá una caída, pero lo que queremos es que esa disminución les permita a los municipios seguir funcionando”, explica.

Por eso, el gobierno espera que los ediles comiencen a “apretarse el cinturón”, medida que ya han iniciado algunas comunas. Fue lo que en la semana anunció Providencia. La alcaldesa, Evelyn Matthei, en Mucho Gusto, reconoció que no llegaría a fin de año y que por eso está rebajando los sueldos a todos los empleados de la municipalidad, menos a los trabajadores de la salud.

Paredes recalca que todos sus asociados están haciendo un plan de ajuste interno importante. “Hay un apriete del cinturón importante. Los alcaldes, en todas las municipalidades, están eliminando gastos de representación, los pagos de horas extras, todo lo que tiene que ver con las celebraciones, todo se destinó para gasto social. Están cortados los pagos de viáticos y las compras de material de oficina y de papelería”, indica.

El gobierno espera que el plan de austeridad implique un ajuste presupuestario de entre un 10% y un 15% de los ingresos de los municipios.