Facultad de la UAF para levantar secreto bancario no se vota y sigue generando polémica

Sin ser votada por la Comisión de Hacienda del Senado quedó este martes la indicación al artículo 5° del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, y que busca entregar más facultades a una serie de servicios con el foco en combatir el crimen organizado, debido a la falta de acuerdo en torno a ella.

El artículo en cuestión busca facilitar que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceda a información hoy protegida por el secreto bancario. En la sesión, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, detalló las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo al proyecto de ley, donde se restringían las facultades de la UAF para levantar el secreto bancario. En la instancia explicó que “se mantiene autorización judicial por regla general, y excepcionalmente procede levantamiento vía administrativa para complementar análisis de reporte de operaciones sospechosas”, en particular cuando a propósito de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) emitido por un sujeto obligado, la UAF pueda requerir información sujeta a secreto bancario a otra institución.

Sin embargo, para el senador Juan Antonio Coloma (UDI) la indicación no fue suficiente. Según indicó, “el tema del secreto bancario no es arbitrario, es una forma de defender el derecho de la privacidad que está planteado a nivel constitucional”, y dijo que con esto “se persiste en la idea de que haya organismos que vayan más allá de lo que plantea la Constitución y tengan un derecho especial para involucrarse en lo que es propio de la intimidad de las personas”.

Para el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Hacienda, “si las entidades bancarias están obligadas a reportar cualquier operación sospechosa, y además dicen que pueden acceder a levantar el secreto bancario sin necesidad de autorización judicial para todas ellas, siento que tal vez estamos generado un conflicto donde no lo hay”.

Ante ello, el director de la UAF, Carlos Pavez, explicó que el proyecto de ley busca hacer frente a un nuevo mandato que tendrá la unidad. “Lo que hace la UAF, es establecer si hay elementos suficientes que pudieran dar origen a operaciones que pudieran formar parte de un delito base de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Recién ahí se gatilla un informe al Ministerio Público. Este proyecto de ley cambia las atribuciones que han sido reguladas anteriormente por los mecanismos de alzamiento de secreto bancario. Estamos hablando de un mandato ampliado hacia la detección de operaciones que pueden dar lugar a crimen organizado, por lo tanto para eso se requiere mucha información. No he tenido ninguna duda de que con el marco legislativo actual y nuestro mandato, efectivamente no se requiere pedir ese alzamiento con la misma frecuencia y profundidad que se va a requerir con la aprobación de la ley que encarga este mandato nuevo”.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, destacó que “uno de los aspectos clave es cómo las organizaciones criminales ocupan el sistema legal formal para amparar operaciones ilícitas. Ese es el dilema que enfrenta este proyecto de ley. El dilema no es secreto bancario versus derecho a la privacidad, sino que esencialmente entre secreto bancario y estabilidad del sistema financiero, y de evitar inyección de recursos en la economía lícita”.

Por su parte, el ministro Hacienda, Mario Marcel, señaló que “muchas veces hemos discutido que el desarrollo del crimen organizado como industria ha ido por delante de la capacidad del Estado de responder. Entonces pregunto, ¿tendríamos que esperar que dada la entrega de este mandato a la UAF, acumuláramos varios años de respuestas considerablemente más latas de los jueces, para que al final concluyéramos que era necesario hacer esto, o nos vamos a adelantar a los desafíos que involucra desarrollar una inteligencia económica para combatir el crimen organizado?”.