Continúan las reacciones al texto que será sometido a plebiscito el 4 de septiembre. La Fiscalía Nacional Económica alertó que la figura de delación compensada podría estar en riesgo si es que en el borrador de la Nueva Constitución se deja tal como está el artículo 386, inciso 3°.

El detalle en cuestión permite al Ministerio Publico, en cualquier escenario, investigar y ejercer la acción penal en “en el caso de delitos que atenten en contra de la probidad, el patrimonio público o lesionen bienes jurídicos colectivos” en materias que hoy solamente ciertos órganos de la administración tiene la exclusividad para presentar denuncias y querellas.

Ante esto, el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, comentó que esto “podría significar que, respecto de quienes ya hayan accedido o accedan a la delación compensada, podría iniciarse, o incluso terminar, un proceso penal por colusión sin que haya existido la instancia procesal que exige la ley actual para que se reconozca su exención de responsabilidad penal”, dijo en el marco de su cuenta publica.

Riesco también agrega que esta situación “haría inviable la institución de la delación compensada, que es una herramienta esencial para la detección y persecución de carteles en Chile y en el mundo entero, sino que podría dejar en la indefensión a quienes ya han utilizado o utilicen este mecanismo en la legítima confianza de que estarían o estarán exentos de responsabilidad penal al momento de iniciarse la investigación criminal”.

Según la FNE el problema nace tras no modificar en el nuevo texto fundamental “las normas del DL 211 relativas a la secuencialidad de la persecución penal por el delito de colusión y al otorgamiento definitivo del beneficio de la delación compensada”

En esa línea, Riesco llamó a la Convención Constituyente a dictar una norma transitoria en que de “manera exclusiva y excluyente”, la FNE pueda dar “el otorgamiento definitivo del beneficio de la delación compensada hasta que el DL 211 se adecue a la Nueva Constitución, en caso de ser aprobada”.

Desde la FNE también detallan que su advertencia no significa un rechazo al articulo en cuestión y esperan que el espíritu de la propuesta pueda “cumplir un sentido anhelo de la ciudadanía: que la colusión no solo sea sancionada severamente en sede de libre competencia, como ya ha ocurrido, sino que también en sede criminal”.

El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, también aprovechó la instancia de su cuenta pública para denunciar la falta de presupuesto para financiar el trabajo de la FNE.

“La Fiscalía no necesita más atribuciones, sino que necesita más recursos (...) siendo capaces de atraer y retener el capital humano de excelencia que necesita la institución”, planteó Riesco.

La FNE denuncia que su presupuesto de US$8 millones implica una disminución de más de un 5% respecto a los recursos que tenía hace dos años la agencia.

“No solo no es siquiera remotamente proporcional a los ahorros para las personas y para el Estado que generan las actuaciones de la Fiscalía, sino que es absolutamente insuficiente considerando la importancia y alcance nacional de su labor respecto de los mercados de nuestro país”, concluyó Riesco en su llamado para obtener más recursos.