El presidente de Sebastián Piñera anunció un plan de protección para la clase media enfocado en créditos blandos, postergación del pago de créditos hipotecarios, ampliación del subsidio de arriendo y una reapertura para postular a créditos para financiar el acceso a la educación superior.

Piñera explicó que dicha iniciativa contó con la participación de “muchos sectores, pero especialmente de los partidos de Chile Vamos”, pero que también se da en el marco del acuerdo con la oposición en base al objetivo de avanzar en protección social, en la recuperación económica y hacer esto por medio de la responsabilidad fiscal.

Por otro lado, el presidente apuntó que el gobierno ya se encuentra trabajando en un plan de reactivación económica que se aplique cuando la crisis sanitaria se termine. Reducir las cifras de desempleo y bajar el número personas con su relación laboral suspendida son parte de la hoja de ruta que tendría el Ejecutivo tras el fin de la pandemia.

El crédito permitiría cubrir hasta un 70% de la caída en ingresos con un tope de $2.600.000, los cuales se pagará en 4 cuotas mensuales de hasta $650.000. Este beneficio será entregado por la Tesorería General de la República, luego de postulación on-line que valide las caídas de las rentas de las personas.

La tasa de interés de dicho beneficio será de 0% (solo reajuste con el IPC) y tendrá un plazo de 4 años para que sea pago y se podrá optar a 1 año de gracia. Sobre cómo se deberá pagar, desde el gobierno detallan que será por medio de “retenciones de impuestos, ya sean pagos provisionales mensuales, impuestos de segunda categoría o el pago del global complementario”.

Respecto a quienes calificarían para el beneficio, estos serían trabajadores formales desempleados afiliados al seguro de cesantía o con contrato suspendido por ley de protección del empleo, así como empresas individuales reguladas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que puedan acreditar una caída significativa en sus ingresos (mayor o igual a 30%). Además, los trabajadores deberán tener ingresos por sobre los $500.000 mensuales antes de la pandemia, en base a la última declaración renta.

“Estas familias van a tener más alivio con estos créditos que el que habrían tenido retirando el 10% de sus fondos previsionales”, dijo el mandatario.

Otra de las iniciativas anunciada es la posibilidad de postergar el pago de los dividendos de los créditos hipotecario por medio de una garantía estatal. Esto, tras que el gobierno llegara a un acuerdo con la banca.

En esa línea, los bancos deberán crear un mecanismo para facilitar este beneficio que permitirá postergar el pago de hasta 6 dividendos (o lo que falte para completar ese número para aquellos clientes que hayan postergado previamente los dividendos.

“La garantía entregada obligará al Fisco a cubrir un porcentaje de la pérdida en caso de mora y ejecución de la hipoteca, y tendrá una vigencia de 48 meses desde la postergación del crédito”, explican desde el gobierno.

Créditos hipotecarios para la primera vivienda, propiedades residenciales con un valor menor a UF 10.000 de acuerdo con la tasación original y que no tengan una mora no superior a 29 días son parte de los requisitos para acogerse a la medida. Eso sí, los jefes de hogar deberán estar desempleados, con contrato suspendido por ley de protección del empleo o que sean independientes que puedan acreditar una caída significativa en sus ingresos para poder acogerse a la medida.

Se ampliará el subsidio de arriendo a la clase media a través de una nueva postulación dirigida a grupos familiares de ingresos bajos y medios con caída comprobada de ingresos superior al 30%, que no han obtenido con anterioridad al Subsidio de Arriendo y que no están cubiertos por la segunda entrega del Ingreso Familiar de Emergencia.

La iniciativa, que considera 50.000 subsidios para arrendar y por un plazo de 3 meses, tendrá un costo total de US$ 30 millones. Además, se aumentará el monto a asignar desde $120.000 a $150.000 mensuales aproximadamente y se ampliará el valor máximo de arriendo desde $315.000 a $400.000.

Se abrirá un nuevo proceso excepcional de postulación al crédito para la educación superior para estudiantes que no cuenten con otro beneficio o préstamo estudiantil y que hayan visto menoscabada su situación financiera posteriormente al último proceso de postulación a beneficios estudiantiles de marzo de 2020.

Desde el gobierno se estima un universo de 130 mil estudiantes beneficiados, con recursos fiscales movilizados por US$ 90 millones.