Gobierno no frenará el proceso de adecuación de las isapres y próxima semana se informará el máximo que podrán subir los planes

En medio de la crisis que acusan estar viviendo las isapres, desde la industria están pendientes principalmente de tres temas que ocurrirán este año.

El primero y más importante son las instrucciones que deberá anunciar la Superintendencia de Salud a más tardar en mayo para poner en marcha el fallo que dictó a fines de noviembre la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Y en esa misma línea, de qué forma el gobierno podría amortiguar, mediante un proyecto de ley, los eventuales desembolsos millonarios que podrían tener que hacer las isapres, para que así no caiga el sistema.

El segundo tema, es lo que podría resolver este año la Corte Suprema por la judicialización del alza del precio GES. Tal como ya lo hizo el máximo tribunal con la masiva cantidas de causas que estaban recibiendo por la adecuación de los planes de salud y por la tabla de factores, ahora desde la industria también estiman que la Suprema podría dictar un fallo que aplique para toda la cartera de afiliados y no solo para aquellos que recurrieron a la justicia.

El tercer tema, es sobre el nuevo proceso de adecuación de este año, el cual será el primero que se realizará aplicando la ley en régimen, y no como ocurrió el año pasado, cuando fue un proceso transitorio.

Sobre este último punto, había trascendido y las isapres temían que el gobierno pudiera presentar un proyecto de ley donde, además de permitirles ajustar el precio base de los planes de salud para que no se genere la caída del sistema por el fallo de la Suprema sobre tabla de factores, se creía que el Ejecutivo planeaba incorporar en dicha iniciativa que nuevamente se congelen los precios de los planes de salud este año.

Sin embargo, desde el gobierno desmintieron ese trascendido. Ello, en el marco de la reunión que sostuvieron este viernes por ley del lobby la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres; el director de Fonasa, Camilo Cid; con los exsuperintendentes de Salud, Héctor Sánchez (1990-1993), César Oyarzo (1993-1994), Alejandro Ferreiro (1996-2000), José Pablo Gómez (2000-2003), Manuel Inostroza (2003-2010), Sebastián Pavlovic (2014-2018) y Patricio Fernández (2019-2022). Ello, para plantear ideas para sortear la crisis de las isapres.

Así lo confirma Fernández: “Fue una reunión donde la ministra de cierta forma transmitió más tranquilidad en relación a los escenarios posibles, también pidió que tengamos confianza sobre lo que se estaba resolviendo, y en la cual deja en claro que la voluntad del gobierno no es poner fin a las isapres”.

Fernández agrega que “el segundo punto que aclaró la ministra, es que no está sobre la mesa el congelar el alza del precio base de 2023, lo cual es una buena señal, porque da lo mismo lo que se resuelva en definitiva en el tema de devolución de dinero (por tabla de factores) si es que se congela el alza del precio base, porque el sistema no sería capaz de solventar eso. Probablemente nos vamos a encontrar en los próximos días con las cifras oficiales de pérdidas de las isapres en 2022, las cuales van a bordear aproximadamente los $140 mil millones”.

Con todo, el nuevo proceso de adecuación del precio de los planes de salud debería iniciar la próxima semana, momento en que la Superintendencia de Salud anunciará cuánto es la variación porcentual máxima permitida que podrán aplicar las isapres al precio base de sus planes de salud para el proceso de adecuación 2023.

Ese es el llamado Indicador de Costos de la Salud 2022 (ICSA 2022) que deberá calcular el regulador en base a los costos de salud que hubo el año pasado. Lo anterior, en el marco de la nueva Ley 21.350, publicada en junio pasado, que puso fin a la potestad que tenían las isapres de reajustar a su arbitrio los planes de salud.

Así, la citada norma establece un nuevo procedimiento para modificar los precios de los planes, que considera el gasto y frecuencia de uso de las prestaciones -como consultas médicas, cirugías y exámenes-, además de las licencias médicas en el sistema privado, entre otros.

Con este mecanismo, la superintendencia de Salud fijó en 7,6% el techo de reajuste el año pasado, pero fue un proceso excepcional, ya que como se había congelado el alza de planes por dos años durante la pandemia, el regulador promedió los costos de salud de tres años.

Una vez que la Superintendencia informe la próxima semana cuál es el ICSA 2022, las isapres tendrán que informar al regulador cuánto es lo que planean subir sus planes cada una. Y a continuación, en línea con el fallo que dictó el año pasado la Suprema, la Superintendencia deberá verificar que las variaciones porcentuales que anuncie cada isapre se ajusten realmente al costo operacional promedio que tuvo cada aseguradora el año pasado.