Informe de Clapes UC: si el 6% de la cotización adicional se va a un fondo solidario se podrían perder 150 mil empleos

Este lunes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que se definirá la fecha en que se presentará finalmente el proyecto de ley de reforma previsional. Si bien se esperaba que fuera tras el plebiscito del 4 de septiembre, el triunfo del rechazo cambió los planes del gobierno.

No obstante, los ejes centrales de la iniciativa hasta el momento se mantienen: en particular, la reforma que presentará el gobierno propone incrementar la tasa de cotización de 10% a 16% –con cargo al empleador– y, además, que los recursos adicionales vayan a un fondo solidario administrado por el Estado. Dado este escenario, Clapes UC realiza un cálculo sobre el impacto que este incremento puede generar el empleo.

El análisis realizado por los investigadores, Leonardo Hernández y José Valenzuela, sostiene que el alza en la tasa de cotización es una política en la dirección correcta, la que debió implementarse hace ya tiempo, pero junto con otras como son subir la edad de jubilación, disminuir la informalidad laboral y aumentar la densidad de cotizaciones. “Para aumentar las pensiones debemos ahorrar más. Hace tiempo que se sabe que un 10% de cotización es muy poco”, sostienen.

Sin embargo, el foco de atención que se establece en este informe apunta al destino que se dé a los recursos adicionales, ya que eso puede tener efectos negativos en el empleo.

Para los economistas, si el aporte adicional de los 6 puntos porcentuales no beneficia directamente al trabajador, porque los recursos van a un fondo solidario que se distribuye entre todos los pensionados (actuales y futuros), “se le puede considerar un impuesto al trabajo”. En otras palabras, sostienen que “el aumento del costo de contratación para el empleador no puede ser traspasado al trabajador (vía un menor salario pecunario) porque el trabajador no valora el 6% adicional que se le estaría entregando a través de un mayor aporte al fondo solidario”.

Por el contrario, añaden que “si el aporte adicional beneficia directamente al trabajador, lo que ocurriría si los nuevos recursos fueran a cuentas de capitalización individual y fuesen heredables, entonces la cotización adicional con cargo al empleador deja de ser un impuesto al trabajo. Es decir, el trabajador acepta un menor pago pecuniario porque este se ve compensado con un mayor aporte a su fondo previsional individual”.

Sin embargo, precisan que “el efecto impuesto no desaparece del todo considerando que al trabajador lo están obligando a ahorrar para su pensión futura y él podría preferir disponer de esos recursos ahora”.

¿En cuánto podría afectar al empleo un aumento en la tasa de cotización de 10% a 16% en el largo plazo? Esto depende de dos dimensiones, explican. La primera, de cuánto de este incremento de 6 puntos porcentuales beneficie al trabajador y cuánto se diluya mejorando las pensiones actuales y futuras de otros. Segundo, de la sensibilidad del empleo frente a un aumento en el costo de contratación, lo que “en jerga económica se conoce como elasticidad”.

Para realizar las estimaciones, el informe considera un documento de los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social que estima esta elasticidad en -0,47 para el empleo asalariado privado. Esto significa que un aumento de 1% en el salario de un trabajador disminuiría, en promedio, en algo menos de medio punto porcentual (en 0,47%) el número de empleados asalariados privados. Estos cambios son para un incremento de una vez y sin considerar efectos de rezago.

Así, se concluye que, si la totalidad del aumento de la tasa de cotización de 6% se va a un fondo solidario, podría disminuir los puestos de trabajo del sector privado en aproximadamente 150 mil plazas laborales. (2,82% del total de personas empleadas a julio de 2022, según la Encuesta Nacional de Empleo del INE). En cambio, si del incremento en la tasa de cotización sólo la mitad 3% va al fondo solidario y el resto a las cuentas de capitalización, el efecto se reduce a la mitad, es decir, el impacto es de 75 mil puestos de trabajo menos.

Ahora, si el alza en la tasa de cotización es gradual, por ejemplo, de 2% por año durante tres años, el efecto será el mismo pero distribuido en el tiempo: “se perderán o dejarán de crear aproximadamente 50 mil empleos por año”.

Adicionalmente, subrayan que “el impuesto al trabajo aquí analizado puede llevar a un aumento en la informalidad laboral, a menos que se implementen otras medidas que incentiven la formalidad”.

Esto también está en línea con el informe sobre Chile que publicó la Ocde el viernes pasado, donde alertaban que alzas en las cotizaciones sociales podían tener impacto en los incentivos para la creación empleo formal, “especialmente para los de bajos ingresos. Reformas futuras al sistema de pensiones deben prestar particular atención a los incentivos de formalización, al tiempo que se incrementan las tasas de reemplazo de las pensiones”, sentenció el documento.

Actualmente la tasa de empleo informal está en 26,6% en Chile, según los datos a julio del INE. En hombres se ubica en 25,6%, mientras que en mujeres llega a 28,1%.