Isapres advierten que si ley corta se aprueba este mes tal como está, “en septiembre está cerrado el sistema”

Por primera vez desde que el gobierno ingresó al Congreso la ley corta que busca poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, este martes el líder de las isapres, Gonzalo Simon, acudió a la Comisión de Salud del Senado para exponer la posición del gremio.

Ahí el presidente de la Asociación de Isapres fue enfático al señalar que si el proyecto se aprueba en mayo, y tal cómo está ahora, “en septiembre está cerrado el sistema”.

Simon sostuvo que toda la atención hasta ahora se ha centrado en los US$1.400 millones que el regulador calculó que tendrán que devolver las isapres, pero dijo que en realidad lo que hay que mirar es si el sistema puede o no seguir operando, porque “si no puede seguir operando, la verdad es que las devoluciones pasan a un segundo plano”.

A continuación recordó que el superintendente de Salud, Víctor Torres, calculó que la baja de ingresos que se produciría en la industria cuando las isapres rebajen los planes de salud correspondientes sería de un 8% mensual, lo que es equivalente a $31 mil millones menos cada mes.

El gremio calculó cuál ha sido la utilidad anual de la industria para un periodo normal, esto es, entre los años 2013 a 2019, y concluyó que las ganancias en esos años fueron de $34 mil millones. Pero dijo que “lo que aquí se está planteando es una caída de $31 mil millones en un mes. Eso quiere decir que las isapres necesitarían tener márgenes 12 veces superiores a los que tienen hoy día para poder enfrentar esto, porque recordemos que una vez que se produce esta caída, ya no hay forma de recuperarla, es permanente, se mantiene en el tiempo”.

¿Cuál es el efecto de esta rebaja en los ingresos? Simon lo explicó así: “El proyecto lo que dice es que, una vez tramitado el proyecto, la Superintendencia solo tiene 30 días para emitir la circular, y emitida la circular, esa circular tiene que indicar que al mes subsiguiente, o sea, a los 60 días, tiene que estar hecho el ajuste o la adecuación. Eso quiere decir que si hoy día sale el proyecto de ley, si en mayo sale el proyecto de ley, tal como está escrito, tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema de isapre. La caída (de ingresos) es tan importante, que no da espacio para que la amplia mayoría de las instituciones que hoy día están funcionando, puedan seguir funcionando”.

Al comienzo de su presentación manifestó a los senadores que con el proyecto de ley corta “por una parte se produce una baja de ingresos, por otra parte se producen devoluciones, y hay otros aspectos administrativos que están involucrados. Nos parece que el punto uno y dos son tan relevantes, y si estos puntos no operan adecuadamente, la verdad es que todo el resto de los aspectos no tienen mayor importancia, porque el sistema no va a poder seguir funcionando adecuadamente”.

Si bien afirmó que “la sentencia debe cumplirse, en eso no hay ninguna duda, no se discute”, también planteó que “la sentencia se debe aplicar conforme a las leyes que están vigentes, la sentencia no ha modificado el DFL N°1″.

Sobre esto último, el líder de las isapres detalló que “el artículo 127 está vigente, eso quiere decir que los contratos siguen siendo indefinidos, los contratos no pueden ser modificados, que las coberturas no pueden ser cambiadas, que el plan de salud que está vigente se mantiene antes del fallo y después del fallo. Eso no ha cambiado en lo más mínimo”.

Simon también manifestó que “está vigente el artículo 171, que establece la condición básica de operación del sistema, que es que las cotizaciones deben ser suficientes para pagar las prestaciones y los beneficios que están pactados”. Dijo que los únicos recursos que tienen las isapres son las cotizaciones, y “si eventualmente hay algún camino, alguna modificación que se haga, que altera eso, y por lo tanto, por ejemplo, modifica el hecho de que ya no se cuenta con esas cotizaciones, o van a la baja, o no se puede cumplir con lo que establece el artículo 171. Quiere decir, por lo tanto, que se está transformando la naturaleza de un sistema, se está cambiando el sistema. Si el sistema no puede tener la condición de autofinanciarse, evidentemente no puede seguir operando, no puede seguir funcionando”.

Por último, señaló que “lo que nos parece más importante como principio básico para la búsqueda de la solución, es que debe protegerse el acceso a salud de las personas. Nos parece que el énfasis, más que en los pagos que eventualmente podrían recibir los afiliados, debe ser la protección y la cobertura, sobre todo de aquellas personas que hoy día tienen alguna enfermedad, algún tratamiento en proceso, que no se vaya a ver interrumpido o limitado en su atención”.