La obsesión por el crecimiento

Hay muchas personas que no entienden la obsesión por el crecimiento económico que tenemos los economistas y es comprensible. Los economistas estamos convencidos que en los países más ricos es posible tener menos pobres, cuidar mejor el medioambiente, tener ciudades más seguras, vivir más años y, en general, ser más felices. Eso explica nuestra obsesión. Sin embargo, si un país crece 1% o 5% en un año particular, la mayor parte de la población no notará mucha diferencia en su situación personal. Mucho menos aún si la referencia es al crecimiento de un mes o un trimestre. Para aquellos que no han estudiado la historia del desarrollo de las naciones, no es sencillo relacionar el crecimiento económico con su bienestar.

La evidencia muestra que los economistas tenemos razón para insistir constantemente en el crecimiento económico. En los últimos 120 años, gracias al crecimiento económico el ingreso por habitante en el mundo ha aumentado 700%, a pesar de que la población también ha aumentado desde mil seiscientos millones a cerca de ocho mil millones de personas. En el mismo periodo, la esperanza de vida en el mundo ha crecido 40 años y la pobreza mundial ha disminuido desde cerca de 80%, a poco más de 10% de la población.

Sin duda que el bienestar engloba muchos factores más allá del ingreso. Un mayor crecimiento para Chile debe ir de la mano de transformar el sistema económico hacia un capitalismo ciudadano, donde se equilibren las relaciones entre consumidores y proveedores, entre empresas grandes y pequeñas, generando un sistema que promueva la diversidad cultural, la plena incorporación de la mujer al mundo laboral, la protección del medioambiente y la vida en comunidad.

Lamentablemente, la dificultad de los ciudadanos para asociar crecimiento económico con bienestar se traduce en que muchas políticas públicas que producen una satisfacción transitoria, pero reducen el crecimiento de largo plazo, terminan siendo populares. A su vez, la popularidad parece ser un elixir mágico, que cual canto de sirena, hace que la tentación de los políticos por aprobar dichas políticas sea irresistible. Para combatir esta situación, los dos últimos gobiernos han enviado proyectos de ley que obliguen tanto al Ejecutivo como al Congreso a analizar el impacto regulatorio de las nuevas leyes, pero no ha habido gran interés en su tramitación.

Hoy hay un amplio y transversal consenso de que el crecimiento de largo plazo y, por ende, las posibilidades de aumentar el bienestar de los chilenos, se ha reducido significativamente. En efecto, hace diez años la mayoría de los expertos entregaba un rango de crecimiento de largo plazo para la economía chilena entre 4% y 5% anual. Hoy, esta misma cifra se ubica entre 1,7% y 2,5%.

En una columna publicada el domingo pasado en este mismo diario, los exministros Andrés Velasco y Luis Felipe Céspedes señalaron la importancia de volver a un alto crecimiento para lograr mayores salarios, mejor bienestar y mayores recursos fiscales. Habría que agregar a lo dicho por estos economistas que, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, la apertura y competitividad en nuestra economía y qué tan desafiables sean nuestras empresas incumbentes, es un factor tanto o más importante que la innovación para producir un aumento en la productividad y en el crecimiento de largo plazo. Es decir, no sólo hace falta aumentar el gasto en I+D, sino que aún más importante es reducir la burocracia, adecuar nuestra regulación a los mejores estándares internacionales y eliminar los privilegios que aun puedan existir para industrias o empresas que operan en nuestro país. Esto se logra con instituciones que fomenten permanentemente la inversión, productividad y competitividad.

Dicha columna no hace más que confirmar que la preocupación sobre el crecimiento de Chile no tiene color político. Nosotros compartimos no sólo el diagnóstico de Velasco y Céspedes, sino que también varias de sus recomendaciones. Si existe consenso transversal en el diagnóstico y sintonía en las recomendaciones, ¿por qué las legislaciones claves quedan estancadas en el Congreso? ¿Por qué las políticas no se implementan? ¿Por qué no hemos sido capaces de producir una revolución microeconómica para Chile?

No hay una respuesta obvia para dichas interrogantes. Sin embargo, sobre la base de nuestra experiencia, hay dos hipótesis que parecen plausibles. La más obvia es que la prioridad legislativa de cada nuevo gobierno normalmente se la llevan los llamados proyectos emblemáticos, como las reformas previsional, tributaria y laboral. La segunda hipótesis, no excluyente, es que muchos de los cambios regulatorios requeridos para hacer más competitiva y productiva nuestra economía encuentran una férrea oposición de aquellos que hoy son beneficiados por la regulación existente: empresas, gremios, empleados públicos encargados de aplicarla, políticos asustados de perder los votos, o alguna combinación de los anteriores.

La implementación de algunas de las 300 recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), o las 600 medidas del catastro de mejoras regulatorias de OPEN, no solo nos permitiría abandonar el último lugar de la tabla de posiciones de complejidad regulatoria que actualmente ostenta Chile entre los países Ocde, sino que, más importante aún, permitiría aumentar las facilidades para emprender, reactivar la creación de empleo, balancear las relaciones entre consumidores y empresas, y establecer las bases para un mayor crecimiento económico y un capitalismo ciudadano.

En los últimos años hemos construido la institucionalidad necesaria para dar curso a la revolución microeconómica. Durante el gobierno anterior se creó la Comisión Nacional de Productividad y se instauraron los informes de productividad. Durante el actual gobierno, tuvimos la oportunidad de robustecer la metodología de esos informes, y crear OPEN y GPS. La institucionalidad y las herramientas han sido elaboradas de común acuerdo. Ahora solo falta hacer de la competitividad, productividad y crecimiento económico, una prioridad importante de política pública.

*Los autores son el exsecretario Ejecutivo de OPEN y exrepresentante del Ministerio de Economía en el Consejo CNP y el exministro de Economía