Ministra del Trabajo y retiro de fondos de pensiones: “Hoy es una medida que nos parece que no es oportuna”

María José Zaldívar, ministra del Trabajo
MINISTRA DEL TRABAJO, MARIA JOSE ZALDIVAR Mario Tellez/La Tercera

María José Zaldívar cree que antes de discutir cualquier otro mecanismo para enfrentar la crisis, hay que ver los efectos de las medidas que ya han impulsado, las cuales, asegura, también apuntan a la clase media. Defiende el proyecto que busca proteger el cuidado de menores en edad preescolar acogiéndose a la Ley de Protección al Empleo.


La situación por la que atraviesa el mercado laboral en medio de la pandemia es crítica. Es por esto que la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, ha impulsado una serie de proyectos como la Ley de Protección al Empleo, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 1 y 2, la ley que apoya a trabajadores independientes, y más recientemente con el proyecto que extiende un beneficio para los padres, madres o cuidadores de niños en edad preescolar. Ninguno de ellos ha estado exento de polémicas, y esta semana cerró con el debate por el retiro de fondos de pensiones, ya que lo propuso el mismo presidente de RN, Mario Desbordes, apuntando a que hay que llegar con recursos para la clase media. La ministra Zaldívar estima que no es el momento para hablar de algo así, pues cree que primero hay que ver el efecto que tienen las medidas anunciadas, con las cuales, asegura, también se está ayudando a la clase media.

La Ocde no descartó el retiro de los fondos de pensiones, pero dijo que debe ser la última opción. ¿Lo van a considerar como último recurso, o no existe posibilidad?

-Hay distintas cosas a tener presente, estamos viviendo una crisis que es súper profunda, donde la duración de la crisis nos está llevando a que, ciertas medidas que pensamos en un momento, no sean necesariamente las que estamos visualizando ahora. Pero para poder seguir tomando las medidas correctas, primero hay que ver los efectos de las que hemos impulsado. Entonces, resulta no del todo correcto, que si todavía no hemos visto los efectos del IFE 2.0, las medidas de reactivación económica, la ley de protección a los trabajadores que emiten boletas de honorarios, y que vamos a empezar a tramitar una ley que busca mejorar las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo; estemos ya buscando otro mecanismo. Primero, uno tiene que ver cuál es el resultado de las medidas que hoy están vigentes; analizar cuáles son los grupos, si es que existen, que todavía tienen necesidad, y ahí buscar cuál es el mecanismo más eficiente.

¿Van a esperar a ver el efecto de las otras medidas antes de evaluar esta opción?

-Lo que pasa es que las medidas hay que analizarlas en su mérito, y una medida de retirar fondos de una AFP, tiene efectos que son profundos en las pensiones, pero también un impacto económico profundo para el Estado. Entonces, uno no puede analizar los temas si no es en su conjunto, y hoy en día tenemos otros mecanismos. Tenemos un seguro de cesantía, que está robusto, que nos ha servido hasta ahora, y a través del cual podemos hacernos cargo de prácticamente el mismo grupo de personas que tiene fondos en AFP, porque quien tiene fondos en el seguro de cesantía, también tiene cotizaciones previsionales. Es un universo que es bien similar.

El presidente de RN apuntaba principalmente, que con el retiro de fondos se pueda llegar a la clase media, ya que cree que a ellos no les llegan del todo las medidas que ha impulsado el gobierno para la crisis.

-Insisto, el IFE 2.0 llega al 80% más vulnerable de hoy, que en realidad cubre a los que eran del 90% más vulnerables antes de la crisis, por lo tanto, estamos llegando a la clase media. Luego, tenemos la ley de protección al empleo, donde lo que se busca es perfeccionarla y que los giros nunca caigan del 55%. Entonces, hay una serie de mecanismos que sí van a llegar a la clase media. Lo mismo, con los trabajadores que emiten boletas de honorarios.

¿No cierran totalmente la puerta, pero no es una medida que están analizando hoy día?

-Hoy en día es una medida que nos parece que no es oportuna. Es una medida que afecta las pensiones a futuro, y creemos que hoy hay otros mecanismos, a los cuales estamos recurriendo, que pueden ser más efectivos (...) Hoy, después de cinco años de discusión respecto de que los montos de las pensiones son malas, que necesitamos aumentar el ahorro, que tenemos tanto en la Comisión de Constitución, como en la Comisión de Trabajo del Senado, una reforma al sistema previsional para poder mejorar las pensiones; puede haber una contradicción al plantear que para solucionar esta crisis, hay que hacer retiros de esos recursos. Sobre todo, cuando tenemos recursos que son para entregar durante el período en que las personas están sin trabajo o sin ingresos laborales. Una parte importante de quienes promueven el retiro de fondos de las AFP, son los mismos que se oponen a que se financien alternativas a través del seguro de cesantía, cuando esos fondos fueron ahorrados para esa finalidad. En cambio, los ahorros para las pensiones, se ahorraron pensando en financiar prestaciones cuando una persona estuviese pensionada.

¿Se ha conversado este tema al interior del gobierno y con el Presidente?, ¿hay una visión unánime o hay distintas posturas entre ministros “técnicos” y “políticos”?

-Muchos temas se discuten. Ahora estamos enfocados en las soluciones que tenemos y hemos consensuado.

El presidente de RN hablaba de la posibilidad de que la gente que retire fondos postergue la edad de jubilación, o que haga una mayor cotización una vez que tengan trabajo. Algo similar apunta Joseph Ramos. ¿Son ideas plausibles en caso que no funcionen los actuales mecanismos?

-Lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los resultados de las políticas públicas y leyes recientemente aprobadas, tener un diagnóstico claro, de cómo ellas están llegando, y luego buscar otros mecanismos que nos puedan servir para darle solución a las familias.

¿Cuál es un plazo razonable para evaluar cómo están llegando estos recursos con las actuales políticas? ¿No podría ser muy tarde cuando llegue ese momento?

-A un mes de entrada en vigencia la ley, uno puede tener claridad respecto a cuáles son las familias que están siendo beneficiadas.

La economista Paula Benavides propuso que se pueda crear un fondo colectivo para emergencias con recursos como los rezagos y herencias no cobradas. ¿Es una posibilidad?

-Hemos visto la posibilidad de entregarles un fin. Por ejemplo, en la discusión que se hizo de la reforma previsional, se pensó usar esos fondos para darles una finalidad, que fue previsional. Por lo tanto, es un análisis que perfectamente uno podría discutir. Pero ese es un tema bien relevante, porque son fondos que han sido aportados por personas que han sido cotizantes, por lo tanto, hay que darles un uso que tenga relación con quienes lo han aportado.

En otro tema de pensiones, la oposición está reactivando la reforma. ¿Está de acuerdo en debatirla ahora, o cree que hay que esperar a zanjar todos los temas por coronavirus?

-Debe darse (esa discusión). Lo que pasa es que uno se debe replantear los tiempos de transición que nos habíamos dado. Plantear hoy día subir la tasa de cotización resulta un descriterio, porque lo que necesitamos es que el costo del empleo no suba, para que ojalá tengamos a la mayor cantidad de gente con trabajo, pero eso no quita que no haya que hacer una revisión del tema. Las modificaciones de fondo que hay que hacer hay que discutirlas, plantearlas, y ya estamos con un amplio consenso en muchas de ellas.

Pero implica muchos recursos más al Fisco. ¿Hoy están las condiciones?

-Eso depende, porque se puede establecer una transición distinta. Pero sí es correcto meternos al tema, y estoy de acuerdo.

“(Postnatal de emergencia) solo abarca 22 mil madres, mientras que nuestro proyecto beneficia a 850 mil familias”

¿El gobierno presentó el proyecto de ley que extiende un beneficio para los padres, madres o cuidadores de niños en edad preescolar como una forma de paralizar la iniciativa parlamentaria que busca extender el postnatal?

-No, este es un proyecto distinto, es mucho más amplio, y lo que busca es dar una solución a una problemática que tiene que ver con la realidad del cuidado de los niños en Chile. Hoy en día todos los padres de niños menores de seis años, que trabajan, están con la inquietud de quién se hace cargo de sus niños cuando tienes el problema de que deben ir a trabajar y no tienen con quién dejarlos cuidando, mientras están todas las salas cuna, jardines infantiles, y colegios cerrados.

Pero la lectura que se dio es que el proyecto se anunciaba para contrarrestar la otra iniciativa que iba avanzando en el Congreso. ¿Por qué no se planteó antes este proyecto?

-Nosotros siempre cuando nos tuvimos que pronunciar respecto al proyecto que se estaba tramitando en la Cámara, junto con decir que era inconstitucional, porque es un proyecto que irroga un enorme gasto, dijimos que beneficia a un grupo reducido de madres, ya que solo abarca 22 mil madres, mientras que el nuestro va a beneficiar a 850 mil familias.

¿Qué pasa si el otro proyecto sigue avanzando?

-Es un proyecto que a juicio del Ejecutivo es absolutamente inconstitucional, irroga gasto, me llama la atención que digan que no irroga gasto, son US$100 millones, es un gasto que es bastante alto. Además, la OIT ha señalado expresamente que los permisos maternales son seguridad social. Entonces, esos dos son motivos, y temas expresos, que no admiten interpretación. Nosotros como Ejecutivo estamos muy claros con esto.

¿Entonces la estrategia es vetarlo o ir al Tribunal Constitucional si es que sigue avanzando?

-Es que no puede ser Ley de la República un proyecto que es inconstitucional.

En la práctica, ¿cómo operaría el proyecto que ingresó el Ejecutivo?

-Este proyecto le entrega el derecho al papá, la mamá, al cuidador -que es el que tiene por sentencia judicial el cuidado legal del menor-, para optar por suspender la relación laboral para quedarse a cargo del menor de seis años, y el empleador la única alternativa que tiene es plantear una opción distinta, por ejemplo, decirle que en vez de suspender, que puede hacer trabajo a distancia, o modificar la jornada de trabajo y concentrarla en dos días a la semana, hay distintas alternativas. Si el trabajador no está de acuerdo, unilateralmente se acoge a esta modalidad y percibe las prestaciones del seguro de cesantía bajo la Ley de Protección al Empleo. Además, se establecen otras dos cosas. En primer lugar, si la persona no se ha acogido a esta fórmula, pero un día no puede ir a trabajar, esa ausencia es considerada justificada, por lo que no puede haber un despido esgrimiendo como causal la ausencia injustificada al lugar de trabajo. En segundo lugar, en caso de que la mujer haya estado en uso del postnatal ( y quiera extenderlo) se puede acoger de forma unilateral a esta alternativa, solo comunicándoselo a la AFC, y en este caso con un subsidio de 5 puntos porcentuales (adicionales a lo que recibe por seguro de cesantía), y además de eso se fija un piso mínimo de $300.000 del ingreso que recibe.

¿En ningún caso la empresa puede decir que no?

-No.

Respecto al financiamiento, las madres que quieran extender el postnatal, va con un recargo de 5% del fondo. ¿Y las otras personas?

-El resto, con las mismas prestaciones del seguro de cesantía.

¿Pero sin el 5% extra?

-Sí, pero dentro del acuerdo se busca mejorar el proyecto de Ley de Protección al Empleo, en términos de que nunca decaigan los giros del 55%, eso sería lo que se establecería.

¿Y los meses son los mismos?

-Sí, todo lo mismo, pero en la medida que estén cerradas las salas cuna, jardines infantiles, y colegios.

¿Va a funcionar en mayor medida en las comunas con mayor restricción de movilidad?

-En las que haya cuarentenas principalmente, donde las personas tienen dificultad para conseguir que alguien les cuide al hijo.

Con esta medida se van a usar más recursos en el seguro de cesantía. ¿Hay un peligro de que esos recursos se puedan acabar?

-No, porque el Estado ya comprometió complementarlo en US$2.000 millones. Además, las proyecciones del fondo se hicieron pensando en que 4,5 millones de trabajadores pueden hacer uso de ello, y hasta el momento hay 650.000 acogidos.

En caso que se utilicen los US$2.000 millones del fondo para el seguro de cesantía, ¿el gobierno tiene contemplado ocupar parte de los US$12 mil millones?

-Teniendo un marco hay que ir analizando cuáles son las necesidades más imperiosas.

De acuerdo con una encuesta del BC la mitad de las empresas que se acogieron a la ley no podrá reintegrar a sus trabajadores, ¿ se está pensando en medidas adicionales para que el impacto en el empleo no sea tan fuerte?

-Cuando se discutió y aprobó la Ley de Protección al Empleo, que fue el 6 abril, la visión de la crisis sanitaria en ese momento era bien distinta a la que es hoy. Algunas empresas que uno pensó que con este mecanismo lograba sortear la crisis lamentablemente puede ser que no sea así, y eso es lo que refleja el BC.

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