Ministro Grau detalla reforma de permisos sectoriales y explica cómo se reducirán los tiempos totales

En medio del inicio de la tramitación de la reforma a los permisos sectoriales en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el ministro Nicolás Grau realizó una presentación de la iniciativa ante los legisladores, y explicó por qué el proyecto va a reducir los tiempos totales. Asimismo, indicó que se creará una mesa técnica para abordar la iniciativa.

“El proyecto articula un sistema respecto a 380 autorizaciones, que están contenidas o dependen de 37 servicios públicos, donde estamos hablando de todos los permisos para una inversión, que no son parte del Sistema de Evaluación Ambiental. En más de la mitad de los permisos no está estipulado un tiempo. Hay falta de certeza jurídica. Los servicios están sobrecargados. Cada uno de estos permisos tiene una lógica y tiene una razón de ser, pero no hay una visión sistémica. Esto implica que esta complejidad regulatoria impide el crecimiento económico”, dijo el secretario de Estado.

Y agregó que “lo que esperamos es que los tiempos totales sean reducidos en al menos un 30%. Nuestro objetivo es que al menos exista una reducción del 30%. El gobierno no solo está impulsado este proyecto, sino una agenda completa de reforma regulatoria. La comisión Marfán estimó cuál sería el efecto en términos de crecimiento económico de reducir los tiempos de autorización para inversión, si esta fuese de un 30%. En 10 años tendríamos un aumento de PIB de 2,4%. Este 30% que estaríamos logrando en este proyecto, es algo que está cuantificado por la comisión Marfán”.

Asimismo, detalló ante la Comisión cómo la reforma apunta a reducir los tiempos totales.

“92 de los 380 permisos se habilitan para que puedan ser reemplazas por declaraciones juradas en proyectos de bajo riesgo. Eso va a descomprimir los servicios. Todos los permisos asociados a evaluación ambiental se discuten en otro proyecto de ley. Todos los proyectos de inversión van a verse beneficiados por este cambio legal. Todo proyecto tiene que solicitar algún permiso sectorial. Los servicios requieren información de otros servicios. Se establecen entre cosas, silencios administrativos. La tercera razón porque se van a reducir los tiempos, es porque se reducen los plazos máximos. Se regulan los silencios administrativos. Genera condiciones para que se utilicen. El proyecto limita la discrecionalidad de acuerdo a qué información se le puede solicitar a un particular respecto a un proyecto de inversión.

Asimismo, puntualizó que “es un proyecto que podemos afirmar que cumplimos con creces con lo estimado por la Comisión Marfán en la reducción de tiempos. Crea un sistema. Agrupa estas autorizaciones en distintas categorías. Crea medidas para cada categoría y tiene dispositivos para reducir los tiempos. Genera una institucionalidad, para que lo que está señalado en la ley se cumpla”.

Por otro lado, explicó por qué el Ejecutivo decidió llevar adelante este proyecto.

“Tenemos un problema serio de productividad. Los permisos y los temas regulatorios son parte de los problemas detrás del problema de productividad. No solo la productividad se ha ido estancando en el tiempo, sino también la inversión. Este proyecto es parte de lo que se ha denominado pacto fiscal. Ese pacto lo que hace es definir un conjunto de mecanismos para lograr un financiamiento de los derechos sociales. Uno de los puntos de la agenda pro crecimiento, es la agenda regulatoria. El sistema que estamos creando es un sistema procedimental. El pacto fiscal en materia de permisos tiene dos reformas que son sistémicas: permisos sectoriales y de evaluación ambiental”, indicó Grau.

Y afirmó que el proyecto apunta a tener una mejor regulación.

“Lo que está detrás de esta agenda es la convicción de que es posible seguir salvaguardando los riesgos, pero de una forma más eficiente. No es menos regulación, sino que mejor regulación. El sentido común indica que podemos seguir manteniendo una buena calidad regulatoria, sin necesidad de demorarnos tanto”, sostuvo.

Por último, Grau señaló los contenidos del proyecto que fue anunciado por el gobierno a inicios de enero.

“El proyecto tiene dos partes. En la primera parte está la creación de la ley marco de autorizaciones sectoriales. El objeto de la ley es establecer el marco general y se crean mecanismos para transitar a una regulación estandarizada. Lo primero que hace respecto a como categorizar el sistema de permisos sectoriales, es que crea tipologías de autorización, que permite la aplicación de la ley marco. Los tiempos máximos van a ser distintos para cada una de estas tipologías. Se establecen las técnicas habilitantes alternativas: declaraciones juradas y los avisos. Los efectos jurídicos son equivalentes a tener una autorización”, dijo el ministro.

“El servicio va a estar a cargo de una directora o director. Tratamos de ser eficiente de no aumentar la dotación del Estado de forma innecesaria. El Ministerio de Economía, y en particular la subsecretaría va a prestar asesoría. Es un servicio que debieran estar todos en un mismo lugar. Va a existir un comité que se crea, donde van a estar incorporadas distintas subsecretarías. Es un espacio de coordinación”, agregó.

Enfatizó que el proyecto “no crea ni destruye autorizaciones, sino que crea estrategias para agilizar el proceso. No se mete a discutir nuevas autorizaciones. Este es un proyecto de carácter procedimental. En cuanto al silencio administrativo, para evitar arbitrariedades respecto a qué es silencio negativo o positivo. El proyecto define un procedimiento, para que en los primeros meses se puedan ubicar los 380 permisos en cada una de las tipologías. La definición es amplia y tenemos que definir un proceso amplio”, señaló.

Aseguró que es un proyecto que va a favorecer la formalidad y la competencia. Dijo que la reforma no cambia las exigencias. “Se crea una ventanilla única y va a ser totalmente transparente”, concluyó. El ministro planteó la idea de crear una mesa técnica con distintos actores, ante la complejidad del proyecto que ha comenzado su tramitación.

El diputado Miguel Mellado pidió estudiar el proyecto en los meses de febrero y marzo, y hablar con técnicos de la CPC y las pymes, para que la iniciativa pueda avanzar.