Suman y siguen los cambios en la administración pública luego del cambio de gobierno. Ahora es el turno del superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, a quien el gobierno le pidió su renuncia.

Si bien aún no se activa el procedimiento que establece el sistema de Alta Dirección Pública para que se concrete su partida, cercanos a la autoridad confirmaron que de manera informal se le ha solicitado su renuncia, ya que la administración entrante debe establecer sus nuevos equipos.

A cargo de liderar el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra desde el 11 de marzo, la ministra María Heloísa Juana Rojas Corradi.

De La Maza asumió la Superintendencia del Medio Ambiente, luego de la renuncia de Cristián Franz, quien se vio envuelto en una polémica con la ex ministra Carolina Schmidt, luego que esta última le solicitara por medio de un ultimátum público avances en la investigación por las intoxicaciones masivas en la bahía de Quintero-Puchuncaví del 21 y 23 de agosto de 2018.

Con la salida de De La Maza, tanto la Superintendencia del Medio Ambiente como el Servicio de Evaluación Ambiental, organismos clave en la fiscalización y la aprobación ambiental de proyectos de inversión, respectivamente, no cuentan con sus jefes de servicio. En efecto, al asumir el nuevo gobierno, el director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher presentó su renuncia.

Ambos cargos son de exclusiva confianza del Jefe de Estado, por lo que en los próximos días el presidente, Gabriel Boric deberá nombrar a los titulares.

Asimismo, su partida se produce luego de desavenencias con la Asociación de Funcionarios de la SMA (ASUMA) debido a un profundo plan de reestructuración que generó malestar entre los trabajadores.

El 1 de diciembre de 2020, distintas jefaturas de área o división se comunicaron vía telefónica con algunos funcionarios, informándoles que si bien no serían despedidos, sí sufrirían bajas importantes en sus grados, sufriendo una fuerte reducción en sus remuneraciones. Estas decisiones, firmadas por el Superintendente, comenzaron a llegar por carta certificada a los domicilios de los afectados, que son en total 14 personas, 9 mujeres y 5 hombres.

A través de una carta interna titulada “Renuncia No Voluntaria”, el superintendente informó a los funcionarios:

“Me gustaría contarles que se me informó que se va a solicitar mi renuncia No voluntaria. Para que opere inmediatamente la subrogancia legal y mantener la continuidad del servicio, voy a activar mi feriado legal”.

“Ha sido un honor servir con ustedes y les deseo lo mejor en todos sus proyectos. La SMA es una institución de primera necesidad y entre todos logramos avanzar en su crecimiento”.

Durante la gestión de Cristóbal De La Maza la institución puso como foco la gestión de denuncias, se abrieron nuevos canales para la ciudadanía y se triplicaron los ingresos. También hubo una mayor atención a los procedimientos sancionatorios, donde habían cerca de 10.000 expedientes con potenciales sanciones pendientes. Al cierre de su administración, el servicio procesa el 80% de las denuncias acumuladas en los últimos dos años, lo que hizo aumentar el cumplimiento normativo en normas de emisión en 25% en un año.

Asimismo, la Superintendencia del Medio Ambiente duplicó el número de fiscalizaciones en terreno. Todo esto en un sello -dicen cercanos al organismo- en el que se buscó poner a la SMA como una entidad más cercana a la ciudadanía.

En paralelo, se estableció mejoras internas en línea con la implementación del Acuerdo de Escazú con la creación de un Departamento de Información y Participación. En línea con lo anterior se apuntó a las divisiones de fiscalización y sanción, estableciendo que cada una de estas áreas estaban ligadas a una disciplina científica que son ciencias de datos, jurídicas y fiscalía.

Por último, la SMA está ad-portas de certificarse en la Norma 3262 de Igualdad de Género y Conciliación de la vida familiar y laboral, porque la entidad se ha visto expuesta a una serie de auditorías de la Contraloría General de La República. Ello en un contexto post “estallido social”, pandemia y en el que la ciudadanía está cada vez más exigente, lo que ha significado una sobre carga importante en los funcionarios, cuentan cercanos a la Superintendencias.