Durante los primeros cinco meses de 2023, los indicadores del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) evidencian un declive en la tramitación de proyectos en el país. La plataforma, administrada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -entidad encargada de tramitar iniciativas que buscan una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable- detalló que entre enero y mayo del presente año ingresaron 251 proyectos de inversión que sumaron US$14.699 millones.

Desde 1997 -en plena Crisis Asiática- que no se registraba un número tan bajo de proyectos ingresados a evaluación ambiental. La crisis financiera asiática explotó a fines de los noventa y comenzó en los bancos de Tailandia y golpeó con fuerza a Chile que impulsaba una política de apertura de la economía bajo el gobierno de Eduardo Frei. Ese año ingresaron solo 19 y en 1998 subieron a 253, aunque con un monto total mucho menor: solo US$1.901 millones.

De hecho, en términos de montos, los US$14.699 millones registrados entre enero y mayo del presente año es el nivel más bajo desde 2019, cuando se llegó a US$11.225 millones, sumando 323 proyectos. El total a mayo equivale además a una caída de 46% respecto de lo registrado en los primeros cinco meses de 2022.

Entre enero y mayo de 2023, el SEIA informó que 97 iniciativas obtuvieron una RCA favorable -el menor número también desde 1997-, las cuales suman US$ 4.015 millones, siendo este último el monto más bajo en la inversión aprobada en igual periodo desde 2007.

Los cinco proyectos más costosos que recibieron luz verde ambiental en los primeros cinco meses del presente año son: Parque Terra Energía Renovable (US$700 millones); Parque Eólico Antofagasta (US$684 millones); Proyecto Microsoft SCL03 (US$317 millones); Parque Fotovoltaico Socompa Solar (US$200 millones) y Parque Fotovoltaico Andino Occidente II (US$150 millones).

La inversión aprobada entre enero y mayo de 2023 cayó 39% en comparación con igual periodo de 2022, cuando hubo 201 proyectos por US$6.584 millones. La desaceleración también se reflejó en los ingresos, pues entre enero y mayo de 2023 se presentaron 251 iniciativas que sumaron US$14.699 millones y en el mismo lapso del año anterior hubo 282 proyectos con una inversión de US$27.290 millones.

Una revisión realizada por Pulso al SEIA develó que durante los primeros cinco meses de 2016 se alcanzó el peak en la inversión aprobada con US$13.754 millones. La misma plataforma consultada detalló que nunca antes se ha alcanzado un monto tan alto en inversión visada y dicha cifra se compara negativamente con el monto aprobado durante igual periodo de 2023, con una baja del 71%.

Según indicaron desde el SEA, “el mayor o menor ingreso de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) obedece a los ciclos económicos. Por otra parte, tal como señaló el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública ante el Congreso Nacional, el gobierno está impulsando cambios al SEIA para poder generar mayores certezas y confianzas a todos los actores, los que incluyen un proyecto de ley de reforma al SEIA y a su reglamento, así como distintas medidas de gestión. En lo que respecta al Servicio, se destaca la publicación en enero de este año, de un instructivo que dispone el mandato legal que tiene el SEA de desestimar cualquier pronunciamiento de algún órgano del Estado cuando su opinión está fuera del ámbito de sus competencias, o no se refiera a temas ambientales o carezca de fundamentos”.

Pulso consultó a abogados especialistas en derecho ambiental, qué harían para fomentar la inversión aprobada en el SEIA.

El exdirector ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso respondió que la inversión que ya se encuentra con calificación ambiental favorable, solo tiene que gestionar los permisos ambientales sectoriales en su componente no ambiental y los permisos sectoriales correspondientes para iniciar la fase de construcción. En general, una vez que los proyectos obtienen su RCA, el SEA deja de tener injerencia en la concreción de las inversiones, salvo que ocurran modificaciones al proyecto aprobado y, en esas circunstancias, el SEA debe emitir pronunciamientos particulares”.

Por su parte, Javier Naranjo, exministro del Medio Ambiente respondió que “se requiere siempre otorgar la mayor certeza a todos los actores, para lo cual hay medidas de diversa índole que se pueden tomar, como medidas legislativas, administrativas y de gestión”. La primera de ellas es la eliminación del Comité de Ministros y revisar ciertas facilidades para quienes se evalúen de manera voluntaria, entre otras. Además, se debe mejorar las guías, hoy parecen verdaderos reglamentos, más no instrumento que parezca unificar criterios. Entre las medidas de gestión indicó que se deben establecer “indicadores de plazos máximos de tramitación, con días corridos, idealmente a todos los servicios públicos que participan en el SEIA, de modo que la administración en su conjunto empuje una mejor gestión del SEIA”.

Ricardo Irarrázaval, exsubsecretario del Medio Ambiente respondió que él crearía una “oficina de asistencia al evaluado de conformidad a la facultad legal del SEA de administración del SEIA, tal como lo tiene la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) con la asistencia al regulado. El tema es que la autoridad, dentro de sus facultades discrecionales, sea clara en relación a lo que quiere solicitar al titular”.

“Una medida fundamental es evitar la aplicación de las guías SEA a proyectos durante su evaluación, especialmente aquellos que ya pasaron el primer ICSARA. Otra medida sería ordenar internamente y uniformar criterios en todas las direcciones regionales del SEA”, sostuvo Paulina Riquelme socia de Eelaw.

Edesio Carrasco, socio del estudio Schultz Carrasco Benítez agregó que “es importante retomar algo que se ha perdido en el SEIA: la importancia de la ventanilla única. Es decir, que una vez obtenida la RCA, dicha autorización permite efectivamente ejecutar el proyecto y no peregrinar nuevamente servicio por servicio”

En tanto, Aldo Cardinali, socio de Morales & Besa sostuvo que “una de las materias que se deben reformar con urgencia, es la relación técnica del SEIA con los intereses políticos y la capacidad que tienen para influir en procesos ambientales. La discusión política de un proyecto se debe dar, pero con anterioridad a una evaluación técnica profunda como la que ocurre dentro del SEIA. Es por esto que se debe eliminar o diluir el elemento político en las comisiones de evaluación ambiental, incluyendo jefes de servicios de los organismos sectoriales técnicos a nivel regional y entregarle un rol mucho más preponderante al director regional del SEA frente a la decisión de esta comisión. Por otra parte, es importante dotar de mayor dialogo ciudadano en el SEIA, incluyendo una participación ciudadana obligatoria para las DIA. A lo largo del tiempo se ha comprobado que un mayor dialogo al inicio aumenta las probabilidades de éxito y licencia social de un determinado proyecto”.