Luego de que durante este jueves la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional realizó un intenso debate sobre seguridad social, finalmente este viernes los convencionales de dicha instancia votaron en particular los temas relacionados a pensiones. De esta manera, lo que recibió el visto bueno durante esta jornada, será la primera propuesta previsional que llegará al pleno para su votación.

Y la sesión nuevamente no estuvo libre de polémicas. Si bien el debate se realizó el jueves, por lo que ahora solo se debía votar, sin emitir opinión; cuando llegó el turno de pensiones hubo una salida de libreto.

En particular, ello ocurrió luego de que se rechazó con 13 votos en contra, 11 a favor, y 9 abstenciones, una indicación de la convencional Rocío Cantuarias (Vamos por Chile), donde se señalaba que “el Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores”.

A continuación del rechazo, la convencional Cantuarias espetó a sus pares: “Ya que se usan las indicaciones amistosas... Quisiera pedir un punto amistoso, más que una indicación amistosa, y pedirles que pidan disculpas a todos quienes nos dijeron que mentíamos cuando decíamos que ustedes rechazan que los trabajadores sean dueños de sus ahorros previsionales”.

El coordinador de la comisión, el convencional César Valenzuela (Colectivo Socialista), respondió: “Bueno, ya habíamos adelantado la estrategia de la trampa. Esta es la manifestación de la estrategia de la trampa”.

Luego, la coordinadora Janis Meneses (MSC) intercambió palabras con el convencional Manuel Ossandón: “Sé que este es un tema complejo, pero por favor, pedir a los convencionales... convencional, desde acá escuché su garabato en la sala. Lo escuché. Sí, convencional Ossandón, entonces le pido, por favor, respeto a los convencionales que estamos presentes y a la gente que nos está viendo”.

Un rato después, la convencional Cantuarias retrucó a Valenzuela: “Usted me respondió, imputando una estrategia de mala fe o de trampa, me dijo a mí, respecto de los ahorros de los trabajadores; y no sé si es en su rol de coordinador, o en su rol de convencional, o si se le están pegando las malas prácticas de la convencional Meneses que contesta todos desde allá arriba”.

El convencional Valenzuela sacó risas a los convencionales tras señalar: “Está bien, me voy a alejar un poco de la convencional Meneses, convencional Cantuarias. Me voy a correr al tiro”.

Luego de la votación, Valenzuela aclaró en un punto de prensa: “Esa idea detrás de la expropiación de los fondos, que es falso, y en esto quiero dar un mensaje con mucha claridad: no le van a quitar a las personas los fondos de pensiones, ni voluntarios ni obligatorios. Eso no es efectivo”.

Y defendió así el hecho de que no se haya aprobado una indicación de ese estilo: “Dejar una norma de esa naturaleza, es tan absurdo, como si la Constitución política tuviese que decirle que el sillón que tiene en su casa, el televisor que tiene en su casa, o el celular que tiene en el bolsillo, es suyo. Hay una norma de propiedad que ya está aprobada, que es parte del borrador de la nueva Constitución, y que reconoce expresamente el derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes, por lo tanto, eso es parte ya del patrimonio de las personas”.

Pero en lo concreto, se aprobó en particular una combinación de las propuestas que habían obtenido el visto bueno en general. Cabe recordar que eran dos normas las que habían sido aprobadas en general en pensiones y seguridad social.

La primera de ellas, de la coordinadora No+AFP, donde se proponía que la gestión y administración del sistema sea pública y recaiga en entes públicos, y donde se establecía que el sistema de pensiones debía entregar prestaciones definidas. La segunda, era una iniciativa que fue presentada por convencionales del Colectivo Socialista, INN y el Frente Amplio, donde se señala que la debía haber un sistema de seguridad social público.

Ahora, lo que llegará al pleno sobre el derecho a la seguridad social tras la votación de hoy, es el artículo 16 siguiente: “La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”.

Ahí se agrega que “la ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados”.

También dice que “le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Ésta se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”.

Hasta ahí, todo se refiere a un sistema de seguridad social en general, sin abarcar el punto de pensiones en particular. Sobre ello, sacó aplausos de los convencionales cuando se aprobó el siguiente inciso, que sí abarca puntualmente el tema previsional: “El Sistema de Seguridad Social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido”.

Adicionalmente, le dieron el visto bueno a que “las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley”; y que “para garantizar el derecho a la seguridad social de las y los trabajadores rurales, se considerarán las condiciones específicas de su actividad”.

Tras la votación de esta y otras normas, el convencional Valenzuela comentó que acá se está consagrando el estado social y democrático de derechos: “Ya comenzamos a ver las primeras normas aprobadas que van en una dirección, que es el fortalecimiento del rol público, el fortalecimiento de la idea de que el Estado debe ofrecer prestaciones sociales garantizadas para todas las personas, de que las temáticas de educación, salud, la vivienda, las pensiones, no pueden estar confiadas a la suerte que tengan las personas en la vida”.

El coordinador Valenzuela detalló que esta norma se hace cargo de la seguridad social y no en particular del sistema de pensiones, y consultado sobre el rol de los privados, detalló que “la participación de los privados no le corresponde a la Convención Constitucional, nosotros no estamos diseñando el sistema de pensiones, eso le corresponderá a la ley”.

La coordinadora Meneses puntualizó que con lo aprobado lo que se hace es “asegurar que esas pensiones, ese sistema de seguridad social, que cuando lleguemos a esa etapa de la vida, podamos tener una vida digna”. También dijo que hoy el punto central de las AFP es la capitalización individual, “es decir, que cada una, cada uno se salva como puede. Ese principio, con el principio de solidaridad, queda atrás (...) En ese sentido, sí podríamos decir que la AFP en su esencia, no seguiría”.

Valenzuela señaló que efectivamente el modelo de capitalización individual como se conoce hoy, no sería parte del nuevo sistema. “Tenemos que generar un modelo que permita combinar elementos de ahorro individual con elementos de solidaridad, y eso es permitido perfectamente por la norma que fue aprobada por la Convención Constitucional”. Pero puntualizó que el diseño corresponde al legislador y el gobierno.

Asimismo, el convencional dijo que lo público no es igual que estatal, y enfatizó que “aquí no se ha definido ningún sistema de pensiones, no se ha dejado ningún actor fuera, lo que hemos hecho, es diseñar un sistema en base a principios”.

El convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) dijo que esta norma “no es clara, si va a permitir o no la participación de entidades privadas, no solo en el tema de pensiones, en el tema de accidentes del trabajo, seguro de desempleo, etcétera. Lo que sí sabemos, es que la norma establece un sistema de reparto, un sistema sin propiedad de los ahorros, porque dice que el sistema va a pagar prestaciones definidas, y ese es el nombre técnico para establecer un sistema en el cual no hay cuentas de ahorro de los trabajadores, y por tanto, no habría propiedad de los ahorros futuros, todos irían al Estado”.

En todo caso, el profesor de seguridad social de la PUC y la UDP, Hugo Cifuentes, comenta que en realidad, con lo aprobado, “dependerá de cómo se organice, no hablaría de reparto encubierto, sino de un sistema que tiene elementos de reparto, pero hay que ver las bajadas normativas, podemos terminar en sistema mixto”.