Salvataje de empresas: las medidas que evalúa el gobierno para ayudar a grandes compañías

Hace algunos días fue Latam Airlines que de manera directa comenzó a pedirle ayuda al gobierno. Esta semana se sumó el comercio, que con propuesta en mano le insistió al Ejecutivo que necesitaban medidas. Entremedio, empresas de transporte han dado cuenta de las penurias por las que están atravesando, mientras las autopistas también acusan el golpe con una fuerte reducción en sus flujos. Y así el tema se instaló... ¿Qué hacer con la compleja situación en la que se encuentran varias grandes empresas? ¿En qué medida ayudarlas a salvar este mal momento?

Al interior del gobierno y, puntualmente, de los ministerios de Hacienda y de Economía, la problemática ha estado dando vueltas. Y también en La Moneda. Existe claridad respecto a que se debe generar una fórmula de rescate y ya hay algunos lineamientos que se han ido socializando con el sector privado, mientras el sentido de urgencia insisten conocedores de las tratativas está obligando a la autoridad a tomar cartas pronto en el asunto: los anuncios no pueden aplazarse más allá de este mes, repiten varias voces consultadas. De hecho, para algunas, es cosa de semanas.

Y, en ese contexto, se discuten y analizan al menos tres alternativas.

En enero -debido al estallido social- el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), administrado por BancoEstado, decidió elevar el límite de ventas exigido a las compañías, para ampliar el porcentaje de empresas que podían acceder a estos recursos que otorgan garantía estatal. En ese minuto, se subió el umbral de 25.000 UF a 100.000 UF de ventas anuales de manera permanente, y hasta 350.000 UF, pero solo en forma transitoria, hasta diciembre de este año. Sin embargo, un mes después el panorama cambió: la expansión del Covid-19 desplomó los retornos de un sinnúmero de compañías, pegándole de frente a la caja de ellas. Hoy, el Ejecutivo avanza en un impulso adicional al Fogape.

Fuentes al tanto de las negociaciones, confirman que la estrategia apuntaría a establecer un límite permanente de mayor envergadura -podrían ser las 350.000 UF-, y fijar ahora el umbral transitorio en cerca de 600.000 UF de ventas (unos US$ 18,9 millones), con la finalidad de que más compañías puedan acceder a esos dineros.

Para varios consultados, ese sería un mecanismo correcto para poder apuntalar a empresas que vayan más allá de las pymes. Sin embargo, cercanos a las negociaciones subrayan que tal expansión estaría destinada básicamente al comercio mediano y al turismo. “No podría abarcar mucho más”, dicen. “Esta herramienta no es suficiente para ayudar a empresas grandes. Se necesita otro tipo de instrumento”, destacan en el sector privado. Es que el límite de ventas de US$18,9 millones al año deja fuera a prácticamente todas las firmas de mayor calibre. Solo Latam Airlines comercializa más de US$10.000 millones en doce meses.

Dado ello, hoy una de las opciones que ha ido ganando adhesión es que sea BancoEstado el que preste directamente los recursos. El Fogape -además de no tener las espaldas- sería un mecanismo más complejo, menos expedito de lo que podría ser un crédito directo de la banca estatal. Para ello, la alternativa sería volver a capitalizar a la entidad. Si bien el gobierno anunció recientemente una inyección de recursos por US$500 millones, ahora la apuesta sería bastante más ambiciosa. El objetivo es materializar una capitalización del orden de US$4.000 millones, lo que se traduciría en cerca de US$32.000 millones en colocaciones adicionales. “Por cada peso que se capitaliza a BancoEstado, el banco puede prestar $8”, explica una alta fuente de las negociaciones. Tal propuesta ya se estaría trabajando al interior de Hacienda. Y se insiste en que sería una alternativas más efectiva y dinámica que las garantías estatales.

Este mecanismo no es nuevo. En medio de la crisis subprime de 2008-2009, se activó la misma fórmula. El presidente de BancoEstado en aquella época era José Luis Mardones. El ingeniero civil recuerda que para esa situación se capitalizó al banco con US$500 millones. “Trabajamos de manera muy estrecha con el Banco Central y Hacienda. Y lo que hicimos fue incrementar las colocaciones, pero sobre la base de reducir la tasa de interés, sin variar nuestra actitud con respecto al riesgo”, explica. Y añade: “Hubo muchas presiones en el sentido de ‘presten nomás’”. Sin embargo, la determinación fue reducir drásticamente la tasa de interés. “Nuestro lema fue ‘nos fuimos a piso’”, recuerda y llegaron a una tasa de 1%, anticipándose a los descensos de la Tasa de Política Monetaria (TPM), que al poco andar caería en 250 puntos base al 2,25%.

En ese entonces, si bien la situación no era tan dramática como ahora, Mardones confidencia que fueron múltiples las grandes empresas que recurrieron a BancoEstado, entre las que estuvieron varias de transporte, producto del debilitamiento del comercio internacional. De hecho, tuvieron que reforzar el equipo de riesgo para hacer frente a la alta demanda. En ese momento, la decisión del banco fue priorizar a aquellas empresas que podían generar un efecto cascada.

“Eran empresas sistémicas y ahí llegamos a un acuerdo con Hacienda respecto a que no nos mandaran casos particulares para que los viéramos, que no operara como sucursal del banco”, explica. “En ese momento, era súper importante fijar como meta que empresas no quebraran por problemas de liquidez, teniendo una vida económica posible para adelante”, destaca. Y esa sería también la máxima de ahora; determinación que ya ha hecho sentir el sector privado.

“El Estado debe tener un rol, ya que tiene que pensar que debe tener compañías estratégicas”, ha dicho el presidente de la CPC, Juan Sutil. “Hemos tenido la mala costumbre de segmentar todas las políticas públicas en función del tamaño de la empresa (...). Cuando pensemos en política públicas, pensemos en las empresas, no en los empresarios, pensemos en los trabajadores que están perdiendo sus puestos de trabajo”, ha complementado el titular de Sofofa, Bernardo Larraín, en alusión a Latam.

La experiencia internacional lleva ya un par de semanas abordando esta problemática (ver páginas 10-11 ). Si bien, gran parte de los anuncios apuntan a proteger a las pequeñas y medianas empresas, junto a medidas directas para salvaguardar a la industria aérea, también se han hecho anuncios que buscan proteger a compañías de mayor envergadura.

Alemania, por ejemplo, comunicó un paquete inédito de 750.000 millones de euros, que incluye un fondo por 600.000 millones de euros para apoyar a empresas con problemas de liquidez y capitalización; Australia dio a conocer una ayuda por 101.000 millones de euros, que incluye recursos para empresas con problemas de liquidez; Estados Unidos, en tanto, anunció una inyección sin precedentes de US$2,2 billones, de los cuales US$500 mil millones irán a ayudar a empresas y sectores fuertemente afectados.

Y así, suma y sigue. Y Latinoamérica no está ajena a esta realidad. Sin ir más lejos, a mediados de esta semana hubo una videoconferencia entre representantes de la banca de 15 países, incluyendo a Chile, donde también se abordó igual temática. “Están todos analizando lo mismo”, precisa un conocedor de tal encuentro. Y añade: “Acá se está mirando lo que se está haciendo afuera. Nadie pretende descubrir la pólvora”.

Y en esa aproximación han surgido nuevas propuestas a nivel local. El miércoles, el centro de estudios Horizontal planteó la posibilidad de un fondo de capitalización de empresas privadas sistémicamente importantes, por US$2.500 millones.

Si bien ninguna alternativa está descartada, una posible capitalización o ingreso a la propiedad de las compañías, sería algo que no acomodaría del todo al Presidente Sebastián Piñera; considerando, además, todo el ruido que ha generado la posibilidad de que el gobierno ayude a Latam Airlines, en circunstancias de que el mandatario fue accionista de la aerolínea hace algunos años.

Así, hoy sería otra la fórmula que también estaría en debate. Conocedores de las tratativas subrayan que, además de la capitalización de BancoEstado y el rol de Fogape, estaría tomando fuerza el entregarle la posibilidad a las grandes compañías de que puedan emitir una especie de deuda subordinada respaldada por una garantía estatal. Es que al interior del mercado financiero tienen claro que va a ser complejo que la banca aporte recursos a compañías con problemas profundos de caja, si es que no tienen el aval del Estado.

De esta forma, la máxima pasaría por permitir tales emisiones con una garantía que ojalá sea superior al 80%. Para algunos, lo ideal sería que fuera el 100%, pero fijando un deducible. Esos recursos se destinarían directamente a cubrir los problema de líquidez de las empresas. “Sería como ponerles un respirador artificial a las compañías por tres meses”, ejemplifican en el sector. Y dan un paso más: como no se van a poder escoger y dada la alta demanda de empresas que debieran desfilar pidiendo recursos, el desincentivo natural sería el deducible. El óptimo, indican, es ayudar a todas aquellas compañías con valor presente positivo, es decir, solventes. Aunque -insisten- los recursos son limitados, por lo que el foco debiera estar en las empresas sistémicas, en aquellas cuya caída repercutiría en toda la economía, dada la red de proveedores, distribuidores, clientes y trabajadores que sostienen.

El equipo económico del gobierno ya estaría definiendo un grupo de medidas que apunten justamente a evitar un riesgo sistémico. Contactados en Economía y Hacienda, declinaron referirse al tema.

Para los consultados, las compañías a considerar en ese sentido dirían relación con las aerolíneas -donde hoy todas las proyecciones internacionales apuntan a que están al borde de la bancarrota-; las firmas del Transantiago, para las cuales podría venir una solución paralela; las empresas tras el transporte en general, incluidas las autopistas, y el comercio que podría abordarse a través del Fogape y también del Fondo General de Garantía de Inversiones (Fogain), gerenciado por Corfo. Eso sí -concuerdan en el sector- este último, bajo una estructura potenciada para que sea realmente eficiente.

Si bien conocedores de las conversaciones aseguran que la emisión de deuda subordinada podría venir a recordar lo sucedido en la crisis de los 80, cuando el Banco Central debió salir a rescatar a la banca tras las consecuencias de la crisis de los años 82-83, haciéndose cargo de la cartera vencida de los bancos, ahora la figura sería menos dramática; de hecho, voces plantean que se podría poner un plazo acotado de pago: máximo tres años. Todo, para aliviar la crisis de liquidez que tiene en jaque a las compañías del país.