Subsidios al empleo llegan a 1,5 millones de personas y costo fiscal se acerca a los US$900 millones

El mercado laboral ha mostrado una positiva tendencia recuperando el terreno perdido por la crisis económica que provocó el Covid 19. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el trimestre agosto-octubre se crearon 86.695 puestos de trabajo en comparación al trimestre móvil inmediatamente anterior y ajustado por estacionalidad. En la serie original, en tanto, la creación de empleo es de 111.271. Con esto se completan cuatro meses consecutivos de creación de empleo.

Así desde el peor momento de la crisis, en julio de 2020, se llegaron a perder casi 2 millones de puestos de trabajo en relación a los datos de febrero del mismo año. Y ahora con las cifras del INE se han recuperado poco más de 1.300.000 plazas laborales, lo que se traduce en que se ha repuesto el 71% de lo perdido.

Una parte de esta recuperación se le puede atribuir a las medidas que generó el gobierno para sostener e impulsar el empleo como los subsidios. De acuerdo a cifras del Ministerio del Trabajo en total, entre los cuatro tipos de subsidios: Regresa, Contrata, Protege y el IFE Laboral tuvieron un alcance de 1,5 millones personas beneficiadas. Los tres primeros finalizan en diciembre de este año, mientras que el IFE Laboral se acaba de extender hasta marzo de 2021.

En el detalle se muestra que el subsidio Regresa, que fue un incentivo para que los empleadores reincorporen a los trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo, se han entregado 153.769. Mientras que en la versión Contrata el alcance que ha tenido hasta noviembre es de 908.216 personas. Este tipo de subsidio tenía como foco incentivar a los empleadores para que contrataran a nuevos trabajadores.

Otra línea fue la Protege que tenía como fin la reinserción al mercado laboral de las mujeres que, por motivos de cuidado de hijos o hijas tuvieron que dejar sus trabajos. A noviembre de 2021, este subsidio ha beneficiado a 42.266 trabajadoras.

Y el último tipo de subsidio es el que se entrega directo al trabajador. En su primera versión se llamó al Nuevo Empleo y que luego pasó a llamarse IFE Laboral. A noviembre se han visto beneficiadas 403.831 personas. No obstante, desde el gobierno afirman que, con los resultados de la postulación del mes de octubre, se superarían los 500.000 beneficiarios.

En el detalle que muestra el Ejecutivo, se desprende que el costo total de esta política pública alcanza los US$865 millones, siendo el más costoso hasta el momento los subsidios Regresa y Contrata, que en conjunto suman US$678 millones. Luego le sigue el IFE Laboral con un desembolso fiscal de US$144 millones y mucho más atrás el Protege con un monto de US$44 millones.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, sostiene que “el objetivo que se tiene como gobierno es acortar la brecha de la destrucción del empleo que provocó la pandemia, y la extensión del IFE laboral tiene ese objetivo de acercarlos niveles que teníamos antes de la crisis”.

El secretario de Estado añade que “sin perjuicio de estas buenas noticias, sabemos que aún queda camino por recorrer” y, por ello, enfatiza que se está “haciendo todos los esfuerzos para que los ingresos de un empleo formal vuelvan a ser el principal sustento de los hogares”.

En esa dirección destacó la reciente creación de la Comisión Asesora Ministerial de Prospección Laboral, que tiene como misión la implementación “de un Sistema de Prospección Laboral que permita un mejor ajuste entre la oferta de conocimientos, habilidades y competencias de trabajadores y trabajadoras a la demanda de capital humano de los diversos sectores productivos del país y apoyar a los trabajadores en sus trayectorias laborales”.

Melero comentó que otra medida que se impulsó para incentivar la empleabilidad fue el fortalecimiento de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), a través de iniciativas de apoyo a sectores específicos que fueron fuertemente afectados por la pandemia, tales como la construcción (plataforma “Mujeres en Obra), Agricultura (plataforma “Súmate al Agro”), Ferias Laborales en Línea, y consolidándose como herramienta integral de intermediación laboral con foco en vacantes, orientación, capacitación e información.

Resaltó que “actualmente, la BNE cuenta con más de 90.000 ofertas laborales en los distintos sectores productivos”.

Entre los economistas existe una mirada positiva a esta política pública, puesto que dicen que permitió amortiguar los efectos sobre el mercado del trabajo que estaba generando la crisis sanitaria.

Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico, puntualiza que “los subsidios laborales han sido positivos, entendidos como un apoyo a la generación de empleo en un contexto de incertidumbre sanitaria, esto es, el riesgo de que la empresa no pueda operar a su plena capacidad por restricciones sanitarias”. Asimismo, dice que permitió apuntalar el empleo formal a través de subsidios dirigidos a estimular este tipo de trabajos, después de las rondas de cuarentenas masivas que vivimos”.

Mauricio Tejada, académico de la Universidad Alberto Hurtado, subraya que cada uno de los subsidios respondieron a una necesidad que había en ese momento en que fueron creados. Y cumplieron su función. Ahora, dado el nuevo escenario en que se encuentra el virus y la situación económica se necesita “incentivar a las personas a que vuelvan al mercado laboral, ya que hay ciertos sectores donde hay vacantes y ofertas que se mantienen sin poder ocuparse”. Por ello, enfatiza que lo que se debe potenciar es el subsidio, pero dirigido a ciertos sectores que tengan problemas para ocupar esas vacantes disponibles. “Se debe empezar a mirar en qué sectores hay vacantes y las personas no llegan. Y ahí se debería empezar a buscar fórmulas para incentivar el empleo hacia esos sectores”.

Bravo tiene una mirada similar, puesto que plantea que junto con extender el IFE Laboral se debió “haberse focalizado, pues estos subsidios se justifican por la incertidumbre sanitaria, pero sabemos que no todos los rubros se ven afectados por igual por las restricciones, por lo que debió acotarse a aquellos que realmente se ven perjudicados de operar por restricciones de la autoridad, y no extenderlo de manera generalizada”.