40 minutos duró la extensa e intensa conferencia de prensa del jueves pasado, en que Mario Marcel, flanqueado por su directora de Presupuestos, Javiera Martínez, buscó cerrar la pugna con la oposición que marcó la semana política y económica. Obligado a adelantar su regreso tras vacaciones, cuando aún le quedaban días administrativos, el ministro respondió punto por punto las críticas a la decisión de traspasar millonarios recursos desde Corfo al Tesoro Público en 2023.

Un reportaje del medio electrónico The Clinic reveló la solicitud de cerca de US$ 3.500 millones -en dos tandas, de US$ 2.000 millones y US$ 1.500 millones cada una- provenientes de mayores ingresos del litio a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) para financiar el erario fiscal, con el ingrediente de que la segunda entrega fue cuestionada por el vicepresidente ejecutivo del organismo, José Miguel Benavente, quien se abstuvo en la votación de su consejo que aprobó la operación, advirtiendo un daño patrimonial.

Esto generó fuertes críticas desde varios sectores de la oposición, incluidas sus figuras presidenciales, pidiendo una comisión investigadora y acusando de un supuesto “manotazo” a Hacienda y una pérdida de patrimonio de la Corfo. La polémica además reavivó la presión opositora para intentar sacar a Javiera Martínez, quien ha sido apuntada por los errores de cálculo en los ingresos del Presupuesto y el incumplimiento de la meta fiscal de 2024.

Sin embargo, en contraposición con lo anterior, también fue notorio el “silencio” de los técnicos, transversalmente hablando, los que en su mayoría no cuestionan y comparten la explicación de Hacienda frente a los hechos puntuales del caso, como la legalidad de lo obrado y el que los ingresos que recibe Corfo no le pertenecen y son del Estado de Chile, si bien reparan en el problema fiscal que subyace en este episodio.

De hecho, la controversia coincidió con un nuevo y duro informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el que el mismo jueves de la conferencia de Marcel, pero en la mañana, analizó el incumplimiento de las metas de déficit estructural del año pasado y el que se prevé para 2025, y llamó al gobierno a efectuar un recorte adicional de gasto de al menos US$ 1.500 millones este año.

Conscientes de que el año electoral multiplicará la arremetida política de la oposición en temas emblemáticos, las alertas en La Moneda se encendieron el martes en la noche, horas después de lo publicado por The Clinic. Desde ese momento los intercambios de información entre Palacio y el equipo económico fueron y vinieron, llegando prontamente a la conclusión de que la polémica era “artificial” y más propia de la campaña presidencial, puesto que no había irregularidades, toda vez que los recursos en cuestión eran los excedentes que había generado el litio en 2022, por ende, eran ingresos generales de la nación y no afectaban el quehacer de Corfo ni sus inversiones.

La apuesta, entonces, fue desdramatizar la situación y salir a explicar los hechos, de modo de intentar desactivar la nueva ofensiva de los presidenciables de la derecha contra la línea de flotación fiscal del gobierno cuyo rostro es Mario Marcel, uno de los ministros mejor evaluados del gabinete.

Según fuentes del Ejecutivo, hubo una decisión de no responder esa misma tarde la publicación del artículo, para no entregar “una señal de urgencia”. Así, se definió que al día siguiente saliera el ministro de Economía -y presidente del consejo de Corfo que aprobó los traspasos-, Nicolás Grau (FA), para ejercer como vocero frente a los cuestionamientos. El secretario de Estado llegó el miércoles a La Moneda cerca de las 10.30 y, desde el patio de Los Naranjos, intentó contener las críticas y hacer un control de daños, calificando la polémica como “artificial”.

Hasta ese momento, Grau era la mejor carta disponible para responder, aseguran en Palacio, ya que Marcel aún se encontraba de vacaciones y Javiera Martínez -quien fue ministra subrogante de Hacienda durante toda la semana- está en una posición debilitada por la mala performance fiscal 2024 y la que se anticipa para 2025.

Por ello, si bien igual se la incorporó en el diseño comunicacional, su intervención fue en un espacio más “cuidado”: una columna de opinión publicada en Diario Financiero. A ello se sumó un comunicado del vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente -quien se encontraba fuera del país-, en el que se plegó a los argumentos del gobierno y retrocedió respecto de las eventuales pérdidas patrimoniales de la institución.

El plan de Palacio incluyó el envío de minutas comunicacionales a los parlamentarios explicando técnica y jurídicamente los traspasos desde Corfo. En esos documentos se enfatizó que los recursos correspondían a excedentes del litio y que por ello eran recursos fiscales generales.

Pero a pesar de las intervenciones de Grau, Benavente y Martínez, en el gobierno consideraron que aún faltaba un hito para cerrar el tema, el que se coronó con la conferencia del ministro Marcel. Sus vacaciones terminaron el miércoles, pero proyectaba mantenerse alejado de sus funciones el resto de la semana, haciendo uso de dos días libres administrativos para realizarse exámenes médicos. Una vez en Santiago, sus planes se vieron truncados y participó de la estrategia de La Moneda para contener la polémica. Según fuentes que conocen la interna de Hacienda, la decisión de que Marcel hablara la tomó él mismo, con el respaldo del Comité Político.

En Teatinos 120 refuerzan el hecho de que ningún economista “de relevancia” de la centroderecha haya criticado los traspasos, lo que a sus ojos avala la tesis de que se trata de un tema más “político que técnico”, y atribuyen parte de la polémica, también, al “desconocimiento” sobre la materia.

En La Moneda asumen que el “ruido” de este episodio los acompañará por más días. De hecho, hay una investigación de la Contraloría y en el regreso del Congreso puede haber instancias al respecto, pero esperan que con la vocería de Marcel y Martínez baje la intensidad de las críticas. Para ello, además, esperan impulsar otras noticias que consideran positivas en materia económica, como el acuerdo de Codelco y Anglo American, cuyo impacto ha sido mencionado por las autoridades en cada una de sus alocuciones, previa solicitud del gobierno.

Marcel salió al paso de la polémica tras ser el principal apuntado por los presidenciables de la derecha: Evelyn Matthei (Chile Vamos), Johannes Káiser (libertario) y José Antonio Kast (Partido Republicano). En esa intervención blindó a Martínez y remarcó que se trata de una arremetida que hay que leer en clave electoral.

“Marcel es la figura del gobierno que da garantía en materias de gestión económica. Su historia académica y política lo transforma en un ministro confiable. Pegarle a Marcel es pegarle a la base de credibilidad del gobierno en el manejo de la hacienda pública. La oposición no pudo derribar a Tohá (ministra del Interior) en el marco del caso Monsalve, y ahora pretende ir en busca de Marcel. Y si no cae Marcel, para ellos será un triunfo “pegarle un rayón” a su desempeño en el ministerio, y mucho mejor si derriban a Javiera Martínez. De igual forma, esta crítica a la gestión de Marcel servirá como una verdadera munición en la campaña electoral, y si la derecha gana la elección esto será utilizado discursivamente como una mala herencia del gobierno anterior”, afirma el académico de la Universidad de Talca y doctor en Ciencias Políticas Mauricio Morales.

En la misma línea, el director del centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, cree que generarle una “derrota” a Marcel, sacar de su puesto a Javiera Martínez y “rayar la pintura” al manejo fiscal, forman parte de la lógica confrontacional de los ciclos electorales. A su juicio, es probable que estas ofensivas se puedan ir intensificando con el avance del año.

Moreno advierte, además, que la discusión que se ha generado con el traspaso de recursos desde Corfo adquiere ribetes demasiado técnicos para la población. “Problablemente la gente común y corriente no entienda cuando se hablan de millones y millones, pero el marco que se busca instalar es que el gobierno hizo un maquillaje a los números para poder mostrar números azules, porque tenía números rojos”, dice Moreno, quien afirma que en este tipo de discusiones “la verdad es lo que menos importa”.

“Lo que importa es cómo tú comunicacionalmente instalas el tema. Usar palabras como ‘manotazo’ u ‘ordeñar la vaca’ son formas de instalar comunicacionalmente una discusión que es demasiado técnica”, explica.

No obstante, un influyente economista de derecha, que prefiere el anonimato esta vez, apunta a cómo el propio Marcel ha ido debilitando su posición producto del mal manejo fiscal -materia que era su principal activo- del año pasado. “Esta polémica por los traspasos de Corfo, que no tiene bases reales, refleja la posición desmedrada y frágil en que está Marcel por los errores y no cumplimiento en el tema fiscal”, señala. ¿A qué se refiere? A que se ha transformado en un “blanco fácil” para atacarlo hasta con cosas con poco fundamento. Entonces, considera que efectivamente seguirá “contra las cuerdas” y que lo único que lo podría sacar de ahí sería que en marzo-abril anuncie un ajuste de gasto contundente para este año, pero eso sería a costa de abrir el flanco interno en la coalición de gobierno.

En el mundo técnico y financiero coinciden en que el verdadero tema de fondo de la discusión actual es el deterioro “estructural” de las finanzas públicas del país durante la última década. Comparten que el menor crecimiento económico ha desnudado la crisis en los ingresos fiscales y el problema que tendrán los gobiernos venideros para cumplir sus objetivos de gasto social.

A eso apunta el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, más allá de defender la decisión de Marcel de usar los recursos de Corfo para compensar el déficit y así evitar el endeudamiento.

“Acá el problema de fondo es la estrecha situación fiscal que tiene el país y cómo arreglamos esto hacia adelante, cómo salimos de este déficit fiscal o de estas desviaciones de las metas. Si no hacemos nada, de aquí al año 2029 vamos a sobrepasar los 50 puntos del PIB de deuda sin ningún problema. Ahí es donde está el llamado a la acción”, afirma Acevedo, quien dice que este problema va a golpear a cualquier gobierno que asuma, independiente de su color político.

Si bien destaca la ruta de consolidación fiscal y el llamado del CFA a recortar otros US$ 1.500 millones este año, alerta que si aquello no tiene un sustento o piso político mínimo, no se podrá hacer.

“Es políticamente inviable hacer un ajuste de esa magnitud. El tema es cómo bajamos estructuralmente el gasto en base a un acuerdo político (…) Hacer un ajuste de esa naturaleza tiene un costo político enorme y por eso no se ha hecho en los últimos 15 años. Esto afecta a distintos grupos de interés, de distintas formas, y soportar esa reacción requiere un respaldo político”, añade.

Por su parte, el senador UDI Juan Antonio Coloma, si bien cree que la decisión de Hacienda de incorporar los recursos de Corfo al Tesoro Público tiene fundamento legal, plantea que una parte de los recursos debiera haber ido a ahorro a través del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES). “El segundo traspaso (US$ 1.500 millones) se debería haber ahorrado en el FEES en vez de haberse ido a efectos de Presupuesto. Preocupa cómo se utilizan los recursos fiscales, en particular los excedentes que por naturaleza deberían haber sido ahorrados”, asegura Coloma, quien cree que el problema de fondo con el deterioro fiscal es que el país “dejó de crecer”.