Tribunal Constitucional declara admisible requerimiento del gobierno en contra de proyecto de Presupuestos 2021

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó acoger a trámite y declarar admisible el requerimiento formulado por el Presidente Sebastián Piñera respecto de determinadas glosas introducidas mediante indicaciones parlamentarias contenidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el año 2021.

“De conformidad a lo prescrito en el artículo 67 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, se conferirá traslado por cinco días al H. Senado y a la H. Cámara de Diputadas y Diputados en su calidad de órganos constitucionales interesados para que, si así lo estiman,se pronuncien en torno a la cuestión de constitucionalidad planteada por la parte requirente”, señala la resolución.

En el pleno participaron la presidenta del TC, María Luisa Brahm Barril, y los ministros Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, María Pía Silva Gallinato y Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo Pica Flores.

A inicios de diciembre el Presidente Sebastián Pïñera decidió llevar al Tribunal Constitucional el proyecto de Ley de Presupuestos antes de promulgarlo.

Pese al acuerdo que hubo con la oposición en largas jornadas de conversaciones, el Ejecutivo no quedó conforme con la forma que en fueron despachadas algunas partidas y decidió recurrir a esta entidad para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Específicamente el requerimiento cuestiona nueve glosas incorporadas por los parlamentarios en distintos tiempos de la tramitación.

La primera es por una indicación de los diputados PS, Manuel Monsalve y Jaime Tohá que agregaron una norma para que el ministro de Hacienda no pueda reducir los presupuestos regionales, sino que deba requerir autorización del Consejo Regional, en sesión extraordinaria y aprobada por dos tercios.

En la oportunidad el gobierno recalcó que esta idea choca con la potestad exclusiva del Ejecutivo sobre la administración financiera.

También se impugnó el artículo que planteaban bonos para las manipuladoras de alimentos de zonas extremas, y la entrega de pensiones de gracia para ex mineros del carbón y para estudiar la inclusión de contenidos que fortalezcan las tradiciones de Chiloé.

Otras se refieren a precisiones sobre las licitaciones de basura, programas habitacionales en cuanto obras del Minvu, el destino de un porcentaje de asignación al Fondo solidario de elección de vivienda, a incorporar plazos para la reposición de vacantes en el Ministerio de Justicia, y que las víctimas de violencia intrafamiliar en tiempo de pandemia sean incorporadas a programas de apoyo del Ministerio de la Mujer.