Nuevo Sernac: Gobierno espera que sea ley antes de julio y dudas están en facultad sancionatoria
Hay cierto acuerdo entre parlamentarios y el Ejecutivo de que la atribución fiscalizadora quede radicada en el director del Servicio y la normativa en el Consejo. Además, se rechazaría el concepto de daño moral colectivo y el Gobierno no insistiría en reponerlo.
Más de dos años y medio de tramitación lleva el proyecto de ley que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en el Congreso, pero será en 2017 en que finalmente vería la luz.
El director del Sernac, Ernesto Muñoz, afirma que "nuestra expectativa es que el proyecto sea aprobado durante el primer semestre del 2017", añadiendo que la larga tramitación "ha garantizado una profunda discusión del proyecto, que ha sido perfeccionado en las distintas instancias legislativas en las que ha sido revisado".
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Este plazo, además, le permitiría al Gobierno tener margen de tiempo como para efectuar los nombramientos que implicará el nuevo Sernac.
El proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado en proceso de negociación entre parlamentarios y Ejecutivo para concordar las indicaciones que se presentarán. El presidente de la instancia, senador independiente Pedro Araya, considera que "efectivamente el proyecto puede estar aprobado el segundo trimestre, porque en la Comisión ya se despejó el tema de las multas. Donde no hay acuerdo es en el tema del gobierno corporativo del Sernac y eso va a ser lo más complejo de resolver. Lo que se conversó con el Gobierno era que ellos van a hacer su propuesta y si ésta no reúne la mayoría de los votos habría un compromiso de patrocinar lo que proponga la Comisión".
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Y si bien se esperaba que la propuesta del Gobierno fuera enviada antes del receso legislativo, ésta no llegó. Una fuente señala que Hacienda salió al paso, dando cuenta que el proyecto no le gustaba tal como estaba en cuanto al tema del gobierno corporativo. "Eso "frenó" a Economía respecto a la presentación de indicaciones", revela.
Sin embargo, el director del Sernac recalca que "el Ejecutivo ha dado prioridad a este proyecto, reiterando la suma urgencia el 18 de enero, por lo que esperamos que en marzo de este año el proyecto vuelva a estar en tabla para ser votado por la Comisión de Constitución".
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El senador Araya aclara que le señaló al Gobierno que si querían tramitar con rapidez el proyecto, debían presentar su propuesta la primera semana de marzo, porque la Comisión de Constitución estará más liberada hasta mayo, ya que el proyecto de ley sobre el aborto volvió a la Comisión de Salud y va a estar allí por lo menos dos meses antes de retonar.
Propuestas
La propuesta de los miembros de la Comisión de Constitución del Senado es que la facultad fiscalizadora del Sernac sea propia del director del Servicio y que la normativa sea del Consejo, tal como ya está en el proyecto de ley, pero que sus miembros sean seleccionados por Alta Dirección Pública, nombrados por la Presidenta de la República y ratificados por el Senado. Y que también lo pueda integrar el director del Sernac, pero sólo con derecho a voz. Además, proponen que el Consejo tenga la facultad sancionatoria para casos que involucren mayores montos de dinero, mientras que esta atribución la tenga el director del Sernac para procesos pequeños y que el Consejo actúe como una segunda instancia de reclamación de multas.
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Por otro lado, el Gobierno estaría dispuesto a ceder en esta forma de nombramiento del Consejo, pero no así en las facultades. El Ejecutivo quiere que el Consejo sólo tenga la facultad normativa. Aunque estarían abiertos a que la entidad sea una suerte de segunda instancia en que se puedan reclamar las multas que haya dictado el director del Sernac, antes de ir a apelar a tribunales. Esto podría apaciguar las críticas del sector privado de que el futuro director del Sernac actuará como juez y parte.
Otro aspecto importante en que sufriría cambio el proyecto en la Comisión de Constitución sería el rechazo al concepto de daño moral colectivo. Araya explica que junto a los otros senadores miembros de la instancia le hizo ver al Ejecutivo que "el daño moral colectivo no existe (...) tiene un problema de filosofía jurídica. El daño moral es personal. El sufrimiento colectivo no se puede cuantificar", precisa. Y en ese sentido, el Gobierno también estaría abierto a no insistir en ese concepto para reponerlo en el proyecto.
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