Ponce alista apelación por Cascada y hoy defensa alega en demanda a ex SVS
En el estudio Vergara, Labarca & Cia el trabajo ha sido incesante. En las últimas horas el equipo liderado por Raimundo Labarca ya tiene prácticamente elaborada la reclamación de Julio Ponce a la multa de US$70 millones impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por el caso Cascada.
La reclamación ante la justicia civil, que será presentada en los próximos días, cuestiona el proceso llevado a cabo por el regulador, postulando que la SVS habría infringido el debido proceso al negar el acceso a una serie de antecedentes, los cuales según Labarca serían claves para estructurar la defensa del controlador de SQM en sede administrativa.
Donde sí hubo movimiento fue en la defensa de Roberto Guzmán Lyon, la que acudió al 16 Juzgado Civil de Santiago para intentar revertir la multa de US$22,5 millones impuesta por la SVS.
Nueva batalla en la Corte
En la jornada de hoy, la defensa en la arista penal de Ponce se jugará una de sus últimas chances en la Corte de Apelaciones, como parte de la acusación por el delito de prevaricación interpuesta en contra del ex superintendente de Valores, Fernando Coloma.
En esta instancia, el abogado penalista Jorge Bofill intentará revocar el sobreseimiento definitivo a favor del ex superintendente, que fue decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía.
La defensa de Julio Ponce ha dicho que una de las manifestaciones de la indefensión en la que se encuentra -el empresario- ha sido el trato desigual que ha recibido respecto de terceros, especialmente de Moneda Asset Management, las AFP, y personas vinculadas a ellas.
Según lo expresado a la Corte de Apelaciones, los procedimientos cuestionados por Ponce se iniciaron tras la denuncia presentada por Norte Grande el 11 de octubre de 2012. En dicha oportunidad se solicitó investigar el actuar de la SVS tras el anuncio de Moneda de congelar cualquier compra o venta respecto de dichos títulos.
“En los seis meses que siguieron a la señalada denuncia, los querellados no decretaron ni siquiera las diligencias mínimas que, atendidas las circunstancias, debían disponer en cumplimiento de sus funciones públicas (...). No citaron a los denunciados a prestar declaración, no recabaron información alguna a los directores, ejecutivos y socios de Moneda”, expresó la defensa de Ponce a la Corte de Apelaciones.
Otro elemento que será puesto sobre la mesa por Bofill será el por qué no se investigaron los fondos de inversión de Moneda ni la totalidad de las operaciones de su corredora de bolsa.
“De hecho, la primera diligencia de investigación en esta denuncia fue decretada recién con fecha 10 de abril de 2013, es decir, 6 meses después de la interposición de la denuncia”, expone.
Ponce también expresa que nunca se aclaró una eventual inhabilidad de Coloma, principalmente por un eventual conflicto de interés con el ex presidente Sebastián Piñera.
En la defensa del ex superintendente confían que la Corte de Apelaciones ratificará el sobreseimiento definitivo. La abogada Paula Vial, quien representará nuevamente a Coloma en esta instancia, sostuvo que “siempre existió simetría en el actuar del ex superintendente y de su equipo”.
“Este proceso fue llevado adelante resguardando todos los derechos de los requeridos, tanto así que al llegar una nueva autoridad se refrendó la investigación y la calidad de ésta”, sostiene Vial.
Fuentes conocedoras del proceso sostienen que sólo una vez que esta disputa se encuentre a firme, el ex superintendente tomará la decisión de interponer una demanda civil contra el controlador de SQM.
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