Tribunal Ambiental decide que CEA de Coquimbo deberá volver a revisar proyecto Dominga

El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, resolvió acoger el recurso de reclamación presentado por la empresa Andes Iron en contra de la decisión del Comité de Ministros que en agosto rechazó el permiso ambiental del proyecto minero portuario Dominga, y decidió que la instancia previa que negó dicha aprobación, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, vuelva a revisarlo.

El fallo ordena "retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación, de manera tal que se proceda en una nueva votación - esta vez ajustada a derecho- de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo".

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En un escrito de 40 páginas el Tribunal determinó que el proceso de aprobación ambiental de la iniciativa tuvo vicios e ilegalidades, por lo que anuló las resoluciones, del CEA que en marzo de 2017 rechazó la iniciativa, y del Comité de Ministros, que en agosto del mismo año ratificó dicha decisión.

Entre estas faltas al debido procedimiento el fallo menciona que en la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo los seremis de Desarrollo Social, Transportes y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía y Salud "rechazaron el proyecto sin motivar su decisión".

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Asimismo indica que "es el propio Comité quien reconoce el vicio de falta de motivación y oficia a los Seremis para que expliquen la situación referida a la motivación de su votación en la Comisión de Evaluación".

El tribunal resolvió que el Comité de Ministros incumplió la normativa que indica que las citaciones a sesión de la instancia se deben realizar mediante un oficio enviado con una antelación de 10 días. Esto porque, si bien la cita se había convocado en dicho plazo, ésta era para analizar el proyecto de ampliación de Cerro Casale, y sólo el viernes previo a la sesión que estaba convocada para el lunes 21, los integrantes del Comité recibieron la notificación con el cambio en la tabla de la sesión en la que se incluyó la revisión de Dominga.

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Al respecto el fallo sostiene que "es lógico suponer que los ministros no tuvieron el tiempo razonable para estudiar el proyecto de evaluación visto la complejidad y extensión del mismo".En este sentido el fallo recuerda la decisión del entonces Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien se abstuvo de votar argumentando que no había tenido el tiempo suficiente para formarse una opinión fundada sobre los informes y antecedentes del proyecto.

Además el Tribunal consideró que se vulneró el principio de igualdad ante la ley al haber un trato discriminatorio respecto del proyecto puerto Cruz Grande de Cap que se ubicará en la misma zona.

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En la reclamación presentada en noviembre por Andes Iron, la empresa propiedad de las familias Délano y Garcés, sostuvo que la resolución tomada por el Comité de Ministros - y que dio origen a un conflicto al interior del gobierno que terminó con la inédita renuncia del equipo económico de la administración de Michelle Bachelet: los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, de Economía, Luis Felipe Céspedes y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco - tuvo vicios en su proceso.

El Tribunal Ambiental tenía tres opciones, rechazar el recurso o, en el caso que aceptara la tesis de que hubo vicios en el proceso, retrotraer la iniciativa a una etapa anterior de su tramitación ambiental la que podía al CEA de Coquimbo o al Comité de Ministros.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto por US$2.500 millones y que considera el desarrollo de una mina de hierro y cobre además de un puerto que se emplazarían en la comuna de la Higuera, en la Cuarta Región, fue presentado a evaluación en septiembre de 2013.

Tras un largo proceso de tramitación el CEA de Coquimbo, presidido por el intendente, e integrado por el director regional del SEA y los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Desarrollo Social, decidió en marzo de 2017 rechazar la iniciativa en una polémica votación, ya que previamente el Servicio de Evaluación Ambiental regional había recomendado aprobar el proyecto.