El largo camino para que la Convención las tome en cuenta: Cuáles son las iniciativas populares que más apoyo tienen

Desde sus inicios, el proceso constituyente ha anhelado responder a un fuerte mandato de participación popular. Por ese motivo, el pasado 22 de noviembre y con un plazo de 60 días, se habilitó el portal para que los ciudadanos puedan ingresar sus iniciativas populares. Las propuestas ingresadas que logren alcanzar al menos 15 mil respaldos, provenientes de cuatro regiones distintas y presentadas antes del 1 de febrero de 2022, podrán ser debatidas en la Convención Constitucional.

Hasta la fecha, y a partir del pasado 9 de diciembre, han ingresado 95 iniciativas. De ellas, 40 pretenden ser destinada a la comisión de Derechos Fundamentales. Mientras que 19 se han presentado a la comisión de Sistema Político, 16 a la de Forma de Estado, diez a la de Medio Ambiente, seis a la de Principios Constitucionales, tres a la de Sistemas de Justicia y una a la de Sistemas de Conocimientos.

Bastián Labbé (IND), convencional coordinador de la comisión de Participación Popular, hace un balance positivo sobre los primeros días de funcionamiento de la plataforma. “Tenemos una plataforma funcionando , con una cantidad importante de iniciativas que ya se han recibido, otra cantidad que ya están juntando una buena cantidad de firmas”, comentó.

El convencional explica que, a través de una comisión mixta entre convencionales y la Secretaría de Participación, dos días a la semana se están revisando las propuestas recibidas para posteriormente publicarlas si cumplen con los requisitos exigidos. Además, agrega que probablemente hoy se sumen alrededor de 100 nuevas iniciativas que ya han sido analizadas.

A continuación, se presentan algunas de las iniciativas populares que, hasta el momento, reúnen la mayor cantidad de patrocinadores.

Esta propuesta ingresada a la comisión de Derechos Fundamentales fue presentada por la fundación y centro de estudios sobre la educación Acción Educar. En concreto, la iniciativa tiene como objetivo “asegurar el derecho humano a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de elegir la educación para sus hijos”.

Para esto, según se desprende el documento de la propuesta, la Constitución debería proteger los principios fundamentales que permiten que “este ideal se concrete”, “pero dejando espacio a la discusión democrática para definir los medios”. En ese sentido, según señalan, la Constitución debe asegurar “el derecho a la educación y el desarrollo de un sistema gratuito, de provisión mixta y de alto estándar”, libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres.

La fundación anuncia su propuesta en la primera sección de su página web, además de hacer un llamado a firmar por ella a través de sus redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. “Dimos cuenta a través de nuestras distintas plataformas y el mensaje se ha ido replicando. Además, organizaciones relacionadas con el mundo de la educación se han desplegado apoyando la iniciativa”, comenta Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Hasta el momento, han logrado reunir 1.284 respaldos -un 8,5% de los necesarios- y se posicionan como la iniciativa que más apoyo ha recibido.

Esta propuesta fue ingresada por Educación Libre y Diversa, una agrupación de apoderados, estudiantes y trabajadores de la educación que se agrupan con el fin de promover la libertad de enseñanza. Por medio de su propuesta ingresada al sitio web de la Convención, la organización plantea que es fundamental que la nueva Constitución consagre dentro de los derechos fundamentales la libertad de enseñanza y el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos.

Hasta el cierre de esta edición, esta iniciativa, también ingresada a la comisión de Derechos Fundamentales, reúne 1.180 respaldos. Como parte de la campaña para lograr los casi 14 mil restantes, se promociona la iniciativa en la página web y las redes sociales de la agrupación. En este sentido, Claudio Salinas, vocero del colectivo, señaló: “Lo que nos ha ayudado bastante son las redes sociales. Hay muchos grupos de WhatsApp a nivel nacional de padres, apoderados y alumnos en que se está compartiendo la campaña (...). También estamos haciendo presencia en las radios regionales, porque las 15 mil firmas tienen que ser de al menos cuatro regiones”.

Sobre el número de firmas necesario, Salinas plantea que, aunque lo ve posible, “es un número bastante alto” y que, además, deben reunirlas en un periodo que no es conveniente. “Hoy día la gente tiene la cabeza en las festividades, en las elecciones. La gente está en otra y tenemos plazo hasta la primera semana de febrero para reunir las firmas”, afirmó.

En consideración de que esta iniciativa junto a la de Acción Educar tienen puntos en común, Labbé (IND) explica que en la práctica no hay ningún problema y pueden juntar firmas por separado. Sin embargo, afirma que, en casos así, “se ha pensado en enviar un mensaje a las organizaciones para que pudieran apoyar una u otra si lo estimaran conveniente”, aunque en ningún caso podrían juntar sus firmas.

Esta propuesta, que pretende ser ingresada a la comisión de Derechos Fundamentales, busca proteger y reconocer constitucionalmente la libertad de conciencia y de religión, así como también “cautelarse el derecho de los pueblos originarios a vivir y practicar, individual o colectivamente sus creencias”. Hasta el cierre de esta edición, han conseguido 1.067 respaldos.

La iniciativa fue presentada por las iglesias Católica, Ortodoxa, Anglicana, la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, además de otras agrupaciones y comunidades, las que se han encargado de compartir el link de la propuesta a través de sus páginas web y redes sociales. Según estas agrupaciones, la nueva Constitución debería contemplar la libertad de conciencia y de religión. “Se reconoce a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de derecho, con autonomía e igual trato para el desarrollo de sus fines, conforme a su régimen propio”, se lee en la propuesta.

Con el fin de repensar la educación con perspectiva de género, la agrupación de docentes feministas REDOFEM también ingresó una iniciativa a la comisión de Derechos Fundamentales. En la propuesta, la agrupación detalla que esperan que el Estado resguarde el derecho a la educación para todas las personas, a través del financiamiento de un “sistema de educación público, no sexista, laico y gratuito (...)”, aunque aclaran también podrán existir establecimientos educativos de carácter privado.

A la vez, la agrupación pretende que la educación pública tenga como finalidad “erradicar la violencia de género”. “Creemos que los cambios que proponemos en nuestro articulado son fundamentales para transformar la educación y erradicar el sexismo, que es un problema transversal”, dice Rocío Henríquez, coordinadora nacional de REDOFEM.

Henríquez afirma que la cifra de 15 mil firmas le parece muy alta y que es particularmente compleja reunirlas en esta época del año. “Es muy difícil en esta época, sobre todo en el mundo de la educación, porque las y los docentes estamos en muchos casos cerrando el año, colapsadas de trabajo”, explica. Hasta el momento, han conseguido reunir 615 firmas.

Para reunir las firmas, la agrupación planea abarcar un trabajo virtual de difusión en redes sociales, pero también uno presencial. “Tenemos la intención de salir a las calles, reunir firmas, enseñarle a la gente cómo pueden apoyar iniciativas”, dice. “Estamos en desventaja, porque no somos una organización que tiene financiamiento o acceso a los medios como los que tienen otros grupos de poder”, agrega Henríquez.

A diferencia de las demás iniciativas presentadas en esta nota, esta no fue propuesta por una agrupación, sino que por una persona. María de los Ángeles Covarrubias es una abogada y magister en Literatura, sin militancia en ningún partido político. En su propuesta, ella afirma: “Creo firmemente en la libertad de pensamiento, conciencia y religión (...). Considero que la única manera de tener una convivencia social sana, que nos permita construir un país mejor, es respetar nuestras diferencias”.

Bajo esa idea, Covarruvias presentó su propuesta, que pretende sea ingresada a la comisión de Derechos Fundamentales, y que busca que la nueva Constitución garantice la libertad de pensamiento, conciencia y religión. “Esta libertad es considerada inalienable e inderogable al ser uno de los fundamentos de las sociedades libres y plurales, democráticas, inclusivas y no discriminatorias”, de explica en su propuesta que, hasta el momento, reúne 497 apoyos.

Esta iniciativa fue ingresada por la fundación Vegetarianos Hoy, una organización animalista que, como problemática a resolver, plantea que los “animales no humanos” tienen el estatuto legal de “cosas” en el ordenamiento jurídico. A diferencia de las anteriores, esta propuesta pretende ser ingresada a la comisión de Medio Ambiente.

En concreto, como propuesta de articulado, la fundación pretende que, bajo la nueva Constitución, el Estado garantice “la protección y mayor respeto de todos los animales de acuerdo a su especie y en su calidad de individuos dotados de sensibilidad”. Para esto, “la ley establecerá las normas de protección y resguardo de los animales”.

Esta propuesta se enmarca dentro de la campaña “No son Muebles” que la fundación ha desarrollado desde 2015. A raíz de esta iniciativa, la presidenta de la fundación, Ignacia Uribe, confía en que lograrán la meta, pues la petición lanzada previamente ya cuenta con 220 mil firmas. “Tenemos algo de experiencia en esto, porque desde 2015 tenemos la misma campaña en Change. De cierta manera, tenemos que conseguir que ojalá un 10% de la gente que firmó por Change firme para la Convención”. Hasta el momento, la iniciativa ha conseguido 480 firmas.

Además de la difusión en redes sociales, la fundación también realiza actividades presenciales para convocar gente. “Trajimos una vaca inflable de cinco metros que se estrenó afuera de la Convención (...) Para enero tenemos pensado un pequeño tour con la vaca, por distintas ciudades y regiones”, cuenta Uribe.