Fallo del TC asegura recursos pero congela el corazón del proyecto de gratuidad

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de resolver el requerimiento de la oposición que buscaba impugnar los recursos para asegurar la gratuidad en educación superior: en su primer considerando por seis votos contra cuatro declaró inconstitucionales los requisitos para las instituciones que se sumarán a la gratuidad por considerar que tienen "discriminación arbitraria", mientras que debido un empate a cinco que dirimió el presidente del TC, Carlos Carmona, se rechazó el cuestionamiento a la forma en que se accede a la gratuidad, es decir, mediante una glosa presupuestaria.

Se trata del escenario más complejo para el gobierno, pues pese a que se aseguran los recursos, el gobierno tendrá que tomar decisiones con costos políticos: o recurre a la fórmula planteada por la oposición, es decir, la entrega de becas a todos los estudiantes de los cinco primeros deciles, independiente del establecimiento en el que estudien, lo que terminaría debilitando el principio de la educación gratuita como un derecho social, es decir, el corazón de la reforma, o reducen considerablemente el universo de beneficiados entregándole recursos solo a alumnos vulnerables de las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch).

El secretario del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica precisó que el falló será notificado a los organismos respectivos el lunes 21 de diciembre.

La comunicación del fallo provocó una reunión de emergencia del comité político en La Moneda con la presidenta Michelle Bachelet, quien venía llegando de participar en la asunción del mando de Mauricio Macri en Argentina.

Tras una cita de casi una hora, la presidenta Bachelet flanqueada por los ministros de Hacienda y Educación, Rodrigo Valdés y Adriana Delpiano, decidió salir a enfrentar personalmente el tema. Calificó de "lamentable" la resolución del TC. "Los jóvenes y sus familias pueden estar tranquilos. En Chile la gratuidad va. Acataremos el fallo como corresponde a un Estado de derecho y mi vocación republicana, pero hice un compromiso con los jóvenes de Chile y lo voy a cumplir. Pueden estar seguros que la gratuidad va a partir el próximo año. Con este gobierno se va a iniciar el proceso para que todos los estudiantes puedan acceder a educación superior gratis, de calidad y sin deuda. Me voy a encargar personalmente de identificar las mejores alternativas para que dentro de las posibilidades legales por un lado y presupuestarias por otro, la mayor cantidad posible de estudiantes previstos para acceder al beneficio de la gratuidad puedan hacerlo", señaló la mandataria junto con anunciar que el gobierno va a buscar la mejor fórmula una vez que se conozca el fallo en su integridad.

"Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra. No me conocen. Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr", insistió con firmeza la mandataria junto con asegurar que antes de que se inicie el proceso de postulación 2016, el próximo 27 de diciembre, se conocerá en detalle quienes podrán acceder al beneficio de la gratuidad.

Con 10 minutos de retraso, hoy a las 10.40 de la mañana comenzó la jornada de alegatos frente al Tribunal Constitucional, donde tanto el Ejecutivo como los parlamentarios de oposición que presentaron el requerimiento que impugna la glosa de gratuidad expusieron sus descargos frente a los ministros.

Tal como ya lo había hecho la presidenta el día lunes, cuando entregó al TC un documento de 118 páginas detallando las observaciones del ejecutivo, la abogada del gobierno Paulina Veloso, volvió a solicitar al tribunal que el requerimiento fuera rechazado en todas sus partes.

El requerimiento que presentó la oposición, y que fue defendido por el abogado Arturo Fermandois, acusa la existencia de vicios constitucionales en la glosa relativa a la gratuidad basándose en dos grandes argumentos. El primero es una cuestión de forma: dado que la gratuidad, tal como está normada por el erario, introduce cambios sustanciales en la forma en que se ha llevado el sistema educacional hasta ahora —obligando a las instituciones a cambiar su persona jurídica—, no corresponde que sea legislado y regulado mediante el presupuesto, sino que a través de una ley especial. El segundo, va al fondo del proyecto: sostiene que los requisitos establecidos por el ejecutivo para determinar que instituciones son elegibles producen una discriminación arbitraria, lo que fue acogido por el TC.

Pero frente a los cuestionamientos de la oposición, Veloso reiteró una y otra vez el argumento central del Ejecutivo: la única novedad está en la política que introduce el ítem, el financiamiento gratuito de la educación superior, pero eso no es lo que está siendo impugnado, sino qué instituciones son elegibles.

<em>Lo novedoso está en la gratuidad y eso no está impugnado, todo lo otro corresponde a leyes y glosas anteriores, según Veloso.</em>

Así por ejemplo, Veloso acusó a la parte requirente de omitir deliberadamente el estado actual de la estructura jurídica del sistema educacional, en el cual la entrega de recursos fiscales para educación se realiza utilizando distinciones similares a las de la glosa. Por ejemplo, las becas Bicentenario o los créditos del Fondo Solidario se otorgan sólo a estudiantes del Cruch. El Aporte Fiscal Directo (AFD) también beneficia sólo a las instituciones del Consejo.

La insistencia de la representante del gobierno respecto de que la gratuidad no es lo que está siendo cuestionado respondía a uno de los más grandes temores del gobierno: que el fallo del tribunal pusiera en cuestión el fondo del proyecto de reforma educacional que se pretende introducir el próximo año, que es lo que finalmente ocurrió.

Además de reiterar que son las instituciones elegibles y no la gratuidad lo que está siendo impugnado, Veloso también fue muy vehemente a la hora de defender el Cruch. Como argumento, recordó que se trata de una institución de servicio público, con fuerte presencia en regiones y que se somete constantemente a estándares de acreditación mucho más altos que el resto de las universidades.

Además, desestimó algunas de los alegatos que presentó la oposición, por ejemplo, que instituciones como la UC o la Universidad de Concepción tengan lucro, o que la inexistencia de instancias de representación y participación en todas las universidades que conforman el consejo.

Por último, cuestionó el rol de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) como modo de asegurar la calidad de las universidades privades. "La CNA no acredita, sino que verifica que las universidades tengan un sistema de mejoramiento interno", deslizó Veloso, recordando que la Universidad del Mar también estuvo acreditada.

"(A los requirentes) no les gusta el Cruch, lo encuentran innecesario. Pero no cabe cuestionarlo a través del presupuesto", dijo para culminar la abogada.

No obstante, no se refirió en ningún momento de su exposición a los requisitos que corren para los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, aun cuando ese es precisamente uno de los argumentos de la oposición que más eco han tenido en la opinión pública.