Junaeb: lo crudo, lo cocido y lo podrido

Un incómodo documento con el sello "confidencial" llegó a inicios de septiembre al escritorio de la ministra de Educación, Adriana Delpiano. Se trata de un preinforme de auditoría de 63 páginas de la Contraloría General de la República, sobre irregularidades en el funcionamiento de un servicio dependiente de su cartera: la Junaeb, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

"Transgrede los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad", "contraviene el principio de probidad administrativa", "transgrede el deber de las autoridades de velar por la idónea administración de los medios públicos", "vulnera el principio de control", "se registran deficiencias en el sistema" son las frases que se repiten en la treintena de observaciones que incluye el texto sobre las operaciones del organismo durante el último año.

Entre los puntos más graves, señala un sobrepago de $ 2 mil millones en el contrato que se adjudicaron en febrero los proveedores Hendaya S.A. y Verfrutti S.A. respecto a ofertas de otras empresas. Y cuestiona el conflicto de interés del abogado Sebastián Pérez Torrejón, hasta mayo jefe de Asesoría Jurídica de Junaeb, y quien recibía pagos de una empresa filial de Alicopsa S.A., la cual se adjudicó una licitación por $ 82 mil millones, concurso en el que él mismo participó como miembro de la comisión evaluadora.

Un escándalo difícil de desactivar para el gobierno, pero donde ya están tomando las primeras medidas: el 16 de septiembre la ministra reemplazó al director nacional de Junaeb, José Miguel Serrano, por el abogado Cristóbal Acevedo Ferrer, quien asume con la clara orden de intervenir el servicio, reformular los procesos administrativos y de licitaciones, y querellarse ante los posibles casos de corrupción. Su misión es sacar a flote una entidad que, pese a ser de bajo perfil, firma contratos con privados por US$ 1.000 millones al año —sólo comparables en volumen con los del Ministerio de Obras Públicas— y que hoy está en el medio de la tormenta.

Empezó como un pequeño malestar. A inicios de marzo, en la perdida localidad de Mincha —"el pueblo donde descansa la calma", como reza su lema—, los apoderados del liceo comenzaron a ver que sus hijos volvían del colegio en la tarde sin haber almorzado. Por alguna razón los alimentos que entrega la Junaeb no estaban llegando al poblado, ubicado junto al río Choapa, en la IV Región.

Un grupo de padres hizo ver el problema a un concejal de Canela, quien transmitió la inquietud al diputado de La Serena, Sergio Gahona. El parlamentario de la UDI se puso a indagar. Con sorpresa descubrió que la situación se replicaba en distintas comunas no sólo de la Región de Coquimbo, sino que también en la del Biobío y de Valparaíso, donde en varios colegios de las provincias interiores no estaban recibiendo las raciones completas o en buen estado y eran las propias funcionarias de los casinos quienes debían ingeniárselas para hacer cundir las verduras; compraban con dinero de sus bolsillos la sal, el lavalozas y los implementos de cocina.

Tras estudiar el tema junto a un equipo de abogados y recabar los antecedentes comerciales de las empresas proveedoras de alimentos, el 22 de abril, Gahona y el senador Víctor Pérez presentaron una denuncia en Contraloría detallando irregularidades del Programa de Alimentación Escolar, PAE, con casos a lo largo de todo el país. La presentación dejaba en evidencia un problema estructural mayor que se generó cuando dos empresas de foodservice, Ferbas e Ibasa, incumplieron sus contratos con el Estado y a inicios de año las autoridades de Junaeb optaron por delegar el servicio a trato directo, sin licitación, a sociedades sin experiencia, desconocidas en el mercado y, en algunos casos, endeudadas.

"Finalmente, Contraloría ratificó todo lo que denunciamos. El preinforme es lapidario para Junaeb y confío en que las nuevas autoridades del servicio tomarán las medidas y no ocultarán nada. Cuando esté listo el informe final hay que ver qué hechos tienen carácter de delito para llevar el caso a tribunales y pedir que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte", señala Gahona.

El documento despachado por Contraloría, tras cuatro meses de investigación, arroja varios problemas administrativos y de gestión, como fallas en los sistemas de fiscalización y multas por el cumplimiento del servicio, deficiencias en el sistema informático, y recomienda comenzar a incluir en las licitaciones requerimientos a las empresas de balances, certificados de deudas e información comercial, "como una sana medida de control y de resguardo, considerando la envergadura de los montos involucrados".

"No se aprecia cuál fue la conveniencia para la institución, pues, en definitiva, se pagó un mayor valor ascendente a $ 1.931.636.016, en relación a la oferta más económica", señala Contraloría en relación al contrato que Junaeb firmó con Hendaya y Verfrutti.

Pero también señala dos asuntos que podrían ser derechamente materia de acción penal.El primero hace referencia a la adjudicación, el 12 de febrero de 2015, de un contrato bajo la modalidad de trato directo a las empresas Hendaya S.A. y Verfrutti S.A. por un monto de $ 25 mil millones. Las empresas se hicieron cargo de distribuir 185 mil raciones diarias de desayunos y almuerzos en las zonas que antes manejaba Ferbas S.A., a la cual Junaeb le terminó el contrato en febrero por "incumplimiento y abandono" de sus obligaciones.

Y aunque Contraloría no cuestiona las dos licitaciones fallidas previas realizadas el 2014 para reemplazar a Ferbas, ni tampoco que la adjudicación se hiciera por trato directo, ya que se justificaba por la "emergencia" ante el inminente inicio del año escolar, sí hace ver que, pese a que el 6 de febrero la dirección de Junaeb envió correos electrónicos a 16 empresas proveedoras invitándolas a postular y 12 lo hicieron, sólo sometió a evaluación a tres de ellas: Hendaya, Verfrutti y y Coan Chile Limitada. Sin una clara justificación.

Se adjudicó a las dos primeras, pese a que no tenían mejores puntajes técnicos en comparación a las otras, no comprobaban su factibilidad de instalación inmediata para operar y Hendaya, en particular, no cumplía con uno de los requerimientos para contratación directa, que era poder operar con colaciones frías. Además, el precio que pedían era mayor al de otras empresas.

"No se aprecia cuál fue la conveniencia para la institución, pues, en definitiva, se pagó un mayor valor ascendente a $ 1.931.636.016, en relación a la oferta más económica del proceso declarado desierto", señala el preinforme. Y agrega que incluso entre las distintas alternativas de servicio y combinaciones que ofrecían las tres empresas que se analizaron, se eligió una combinatoria $ 831.742.400 más cara que otra.

Contraloría agrega que "existían otras empresas que conjugaron los aspectos técnicos y económicos y que fueron excluidas de la evaluación". En específico menciona a Agrícola Santa Cecilia, que registra el mayor puntaje de evaluación técnica y mayor ponderación respecto al requerimiento de mejorar las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos. Santa Cecilia presentó el 25 de junio una querella por eventual fraude al fisco, que hoy se tramita en la Fiscalía de Alta Complejidad.

Otro caso complejo detectado y que Contraloría calificó como una "vulneración al principio de probidad administrativa", es el doble rol que desempeñaba el funcionario Sebastián Pérez Torrejón, quien además de ser jefe de la unidad de Asesoría Jurídica de Junaeb entre 2012 y hasta mayo de 2015, recibió honorarios entre los años 2013 y 2014 de la sociedad Conservera Pentzke S.A., filial de Comercial Alimentos S.A., Alicopsa S.A.

Esta se adjudicó una licitación por $ 82 mil millones para entregar alimentos en la Región Metropolitana y Valparaíso a partir del 1 de marzo de este año. Según determinó la investigación, Pérez Torrejón "participó en la elaboración de las bases administrativas, técnicas y anexos de la licitación, formó parte de la comisión evaluadora que realizó la evaluación técnica y económica de las ofertas y visó diversos actos administrativos relacionados con el aludido proceso concursal".

"Para nosotros, este preinforme de Contraloría es la hoja de ruta institucional, porque es un informe muy potente muy bien hecho, hace una descripción muy clara de cómo opera el sistema y las debilidades que tiene", señala el nuevo director de Junaeb, Cristóbal Acevedo, y ese es el mensaje que ha transmitido a los funcionarios.

Tras asumir el cargo, el abogado DC y magíster en Economía Aplicada de la U. College London, presentó una denuncia ante la Fiscalía no sólo contra Pérez Torrejón, sino que también contra los ex funcionarios de Junaeb Juan Francisco Mualim y Marco Antonio Urbina, quienes tras participar en el diseño de los procesos de licitación se fueron a trabajar al consorcio Merken Spa que se adjudicó en enero un contrato por $ 77 mil millones. Sobre el caso de Urbina, Contraloría señala que no hay incompatibilidad legal en cambiarse a la empresa privada, ya que él no cumplía un rol fiscalizador.

El nuevo director del servicio presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los ex funcionarios Sebastián Pérez Torrejón, Juan Francisco Mualim y Marco Antonio Urbina,  para determinar eventual conflicto de interés en la tramitación de las licitaciones.

No obstante, el preinforme agrega que Merken Spa "no dio cumplimiento a los requisitos de admisibilidad" de la licitación, dado que una de las empresas de dicho consorcio, Delibest, se constituyó legalmente dos meses después de que el consorcio presentara su oferta para la licitación. Respecto al contrato con Verfrutti y Hendaya, el director de Junaeb señala que va a esperar el informe final de Contraloría para interponer acciones legales y pedir la intervención del CDE y eventualmente "si hubo una intervención fuera del marco legal, nosotros podemos invocar razones de buen servicio o de entrega maliciosa de antecedentes para efectos de revocar el contrato".

Por lo pronto, Acevedo ya frenó la actual licitación en curso para 2016 de colegios de la Región Metropolitana, con la intención de replantear el concurso agregando variables que midan el sustento financiero de las empresas y su experiencia técnica previa.

Asimismo, subir en el puntaje a las empresas que entreguen mayores beneficios a las manipuladoras de alimentos. También anuncia que va a revisar la pertinencia del contrato que hizo el anterior director con la Universidad de Santiago para que manejara el sistema operativo y modelo matemático de las licitaciones, y que antes tenía el Departamento de Ingeniería industrial de la Universidad de Chile.

Según Contraloría, no está bien justificado el por qué el contrato con la Usach se hizo sin licitación y señala que los pagos al plantel se ejecutaron sin que se cumpliera cabalmente el contrato, ante lo cual el director de Junaeb ordenó una investigación sumaria. Además, respondiendo al informe de Contraloría, se revisarán los sistemas de fiscalización de cumplimiento de contratos, ya que hoy cuentan con apenas 70 inspectores para 12 mil colegios y las denuncias por desabastecimiento o problemas con los alimentos no llegan a la sede central por problemas informáticos. Según Contraloría, hoy las denuncias contra las empresas proveedoras "se llenan en forma manual mediante planillas electrónicas Excel, lo que implica un riesgo en su manipulación, y afecta la integridad y confiabilidad de los mismos".

El nuevo director ya ha hecho cambios de fondo en el equipo de Junaeb: llegó el abogado jefe de la subgerencia de finanzas de Corfo, Matías Kühn, para hacerse cargo de compras y licitaciones en reemplazo de Nelson Hadad Abuhadba; y se creó una fiscalía a cargo de Marcelo Araya, quien trabajaba en el tribunal de cuentas de Contraloría, experto en temas de probidad. Y como una de las primeras medidas, emitió un instructivo que prohíbe que cualquier funcionario se reúna con proveedores de alimentos. La razón, según explica Acevedo, es que Junaeb alimenta a 1,5 millones de niños al día, por lo que "un solo cambio en la confección de los menús, si mueves 10 centímetros cúbicos de leche o incorporas un jamón, genera un impacto de millones de dólares".