Gobierno decretará estado de emergencia en la Macrozona Sur ante hechos de violencia

El gobierno prepara el decreto de estado de emergencia para la Macrozona Sur ante los últimos hechos de violencia acaecidos en La Araucanía.

Según fuentes de gobierno consultadas por La Tercera, la decisión se anunciará mañana martes, tras afinar los detalles con los ministerios de Interior y Defensa, además de coordinar los detalles con el jefe de Estado Mayor Conjunto y los mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad de la zona.

La duración del estado de excepción será de quince días -tal como establece la Constitución- y abarcará las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y la de Arauco, en el Biobío.

Cabe destacar que el anuncio que prepara el Ejecutivo se da luego de que la Contraloría declarara ilegal un decreto firmado por el Presidente de la República a fines de septiembre pasado y que buscaba, por esa vía, autorizar a las Fuerzas Armadas para colaborar en labores de prevención de delitos en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

Respecto al alcance de la medida, el artículo 42 de la Constitución especifica que “el estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”.

Una vez decretado, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República, que además, estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas.

En los últimos días, varios personeros ligados a los partidos de Vamos por Chile, incluido al candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, presionaron al gobierno para establecer el estado de emergencia en la zona.

Por ello, el senador Francisco Chahuán, también presidente de RN, celebró la medida. “El gobierno nos escuchó. Se decretará estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Basta de impunidad. Por el derecho de todos a vivir en un país en paz. No más violencia”.

Lo mismo hizo el senador UDI Iván Moreira, quien sostuvo: “Decretar zona de estado de emergencia, producto del terrorismo y el narcotráfico era una decisión esperada hace dos años. Más vale tarde que nunca. Se valora. Pero lo que más se valora es que nuestro gobierno se ha puesto los pantalones para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo”.

Una opinión similar expresó el diputado Diego Schalper (RN). “Gran decisión, solicitada hace rato por Sebastián Sichel”.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), también se refirió a la decisión que tomó el gobierno.

“Urge que el gobierno utilice en toda su extensión el abanico de instrumentos jurídicos que el marco legal le flanquea para hacer frente a este problema de inseguridad que vivimos en la Macrozona Sur, incluyendo los mecanismos de excepción constitucional que permitirían enfrentar el poder de fuego y la organización que esta clase de organizaciones criminales ha mostrado”, señaló el parlamentario.

Y seguidamente agregó que “la declaración de un estado de excepción constitucional es compatible con tratados internacionales y permitirá, en sintonía con los instrumentos del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, hacer frente a la violencia y proteger la vida y la integridad física de miles de chilenos que viven con miedo, preguntándose cuándo será el momento en que un grupo de sujetos armados llegue a tocar su puerta, exigiéndoles abandonar la tierra en la criaron y vieron crecer a sus hijos”.

El diputado del Distrito 23, Miguel Mellado (RN), afirmó que “es una buena noticia que después de tanto solicitarlo, algo especial para La Araucanía, se esté pensando en colocar estado de emergencia. Dado que el contralor no quiso firmar y nos dio la espalda. Necesitamos que las FF.AA. hagan patrullaje y control de ciertos sectores que están tomados por el terrorismo en La Araucanía. Eso le da tranquilidad a las personas que viven en las zonas rurales”.

Desde la oposición, en tanto, el senador de la zona Jaime Quintana (PPD) advirtió que “poco se entiende un estado de emergencia en las regiones del sur después de un estado de excepción tan prolongado a raíz de la pandemia. Una medida como esta representa la clausura del diálogo; espero que no tenga ninguna relación con la acusación constitucional al Presidente”.