Contraloría inicia investigación especial en La Moneda tras acusaciones de intervencionismo y constituye equipo en terreno

Estaba invitado al anuncio de los lineamientos de la estrategia nacional de integridad pública que dio a conocer este martes la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en La Moneda, sin embargo, el contralor Jorge Bermúdez decidió no asistir y privilegió una actividad en Valparaíso. Una determinación, que según su entorno, no fue baladí. ¿La razón? Quería mostrar distancia con el gobierno en un contexto en que al organismo fiscalizador no dejan de llegarle denuncias o requerimientos acusando intervencionismo por parte del Ejecutivo de cara al plebiscito del 4 de septiembre, una elección en la cual la administración del Presidente Gabriel Boric está por el Apruebo al texto propuesto por la Convención Constitucional.

En este escenario, Bermúdez, junto a su equipo, tomó una definición durante la jornada: abrir una investigación especial en La Moneda, particularmente en la cartera de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), que encabeza la ministra Camila Vallejo. Esto, porque el órgano estará centrado en la ejecución de la campaña que impulsa esa cartera denominada “concepto creativo y producción audiovisual en el marco”, la que corresponde a la de Chile Vota Informado, para la cual el Ejecutivo ha hecho una amplia difusión.

Así, se enfocará en la implementación de dicho despliegue y, particularmente, la transferencia de recursos fiscales a otros ministerios. Pero eso no es todo: la Contraloría, además, constituirá a primera hora de este miércoles un equipo en las dependencias del Palacio de La Moneda con el objetivo de iniciar trabajo en terreno. “La aludida fiscalización incluirá la realización de un examen de cuentas”, dice el documento al que accedió La Tercera y que fue enviado a la subsecretaria de la Segegob, Valeska Naranjo, para notificar de la acción fiscalizadora.

Esta ofensiva ocurre luego de una serie de requerimientos, entre ellos, la presentación que encabezaron, el 19 de julio pasado, parlamentarios del Partido Republicano, quienes acusaron intervencionismo por parte de La Moneda. Además, luego de los cuestionamientos que se levantaron en redes sociales debido a que Camilo Mirosevic, hermano del diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic -uno de los coordinadores de la campaña del Apruebo-, es el jefe jurídico de la Contraloría. Según afirman en el organismo, éste decidió inhabilitarse de sus funciones hasta después de los comicios de septiembre.

El organismo, de igual manera, ordenó la apertura de dos sumarios para determinar las responsabilidades de carácter administrativo por hechos que contravienen el instructivo de la Contraloría -dado a conocer en abril pasado- sobre la prescindencia electoral. Uno de ellos en el Ministerio de Obras Públicas por utilizar la cuenta institucional en viralizar contenidos relativos al plebiscito del 4 de septiembre, y otro en el Hospital Regional de Antofagasta para determinar las responsabilidades de carácter administrativo, tras viralizarse en redes sociales una imagen en las dependencias de un panfleto promoviendo el Apruebo.

Hasta ahora, la Contraloría ha oficiado al menos en 11 ocasiones a distintas reparticiones pidiendo información por supuesto intervencionismo, entre ellos, por el live de Instagram de los ministros Jackson y Vallejo que aparecen comentando el texto propuesto por la Convención Constitucional, y por la reunión entre el Presidente Boric y la directiva del Partido Socialista, sobre la cual el diputado Leonardo Soto (PS) publicó en Twitter que era para establecer una coordinación en la campaña del Apruebo.

En la derecha han mirado con atención el actuar de la Contraloría. Hasta ahora, en ese sector han presentado, desde abril, al menos 33 denuncias o requerimientos de fiscalización al organismo para que supervise eventuales faltas de prescindencia electoral por parte del gobierno y de municipios con miras al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Sin embargo, a menos de 40 días del referéndum, los oficios se seguían acumulando. Incluso, a ojos de la derecha, la agilidad y la actitud del ente fiscalizador no han sido las mismas que en períodos pasados.

De hecho, un legislador opositor revela que en un momento se evaluó acusar al contralor constitucionalmente por notable abandono de deberes o judicializar algunas de sus resoluciones, sin embargo, estas alternativas por ahora estarían descartadas al ser medidas extremas y se ha priorizado una mayor presión pública sobre el personero.

La crítica contra Bermúdez se sustenta en que habría estado actuando con una vara distinta. Una prueba de ello, dicen, fue la resolución (Nº E215296/2022) que emitió el 19 de mayo, en respuesta a seis oficios distintos. Allí el contralor fijó una doctrina sorpresiva para la derecha: una suerte de perdonazo o vista gorda a todos los hechos ocurridos con anterioridad al instructivo de prescindencia electoral que emitió la misma Contraloría el pasado 28 de abril.

“Los requerimientos y denuncias de que se trata hacen alusión a declaraciones efectuadas por las autoridades de gobierno referidas en cada caso, las que fueron expresadas por estas en una data anterior a la emisión del dictamen N° E208180 (el mencionado instructivo), de 28 de abril del año en curso... En consecuencia, esta Contraloría General considera que luego de su emisión y amplia difusión, todas las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos deben ceñirse estrictamente a ellas, de manera que los indicados personeros se encuentran en el imperativo de ajustar su conducta a las citadas instrucciones en lo sucesivo”, decía el dictamen del 19 de mayo, firmado por Bermúdez, ante los seis requerimientos presentados por los diputados UDI Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Henry Leal y Flor Weisse y los integrantes de la bancada republicana-independiente Luis Sánchez y Gonzalo de la Carrera.

Entre los episodios que resultaban beneficiados con esta suerte de amnistía administrativa figuraba la aparición conjunta de los ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson en un programa transmitido el 21 de abril por Instragram Live, producido por la Segegob.

El diputado republicano José Carlos Meza -quien hoy tiene el récord de más oficios de fiscalización presentados por temas de intervencionismo- comentó que el contralor incurre en un error, pues -a su juicio- las faltas a la prescindencia electoral debieran ser analizadas a la luz de la ley y no por un instructivo.

Una vara para medir el comportamiento del contralor fue la respuesta que les dio el año pasado a Gabriel Ascencio (entonces diputado DC) y a sus pares Leonardo Soto (PS) y Esteban Velásquez (Frevs), quienes denunciaron el 19 de octubre de 2021 al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, ante la institución fiscalizadora. Entonces, Bermúdez se demoró 24 días corridos en responder el oficio de los parlamentarios opositores. Así, en una resolución del 12 de noviembre de 2021 hizo un reproche a las conductas de ambos personeros del gobierno de Sebastián Piñera. Galli había responsabilizado de la violencia a Yasna Provoste y Gabriel Boric (entonces candidatos presidenciales), mientras que Rubilar habría usado un chat de WhatsApp institucional para presuntamente favorecer la candidatura a diputado de su pareja, Christian Pino.

“El contralor se ha demorado teniendo en consideración lo relevante por los tiempos de esos dictámenes. Después del 4 de septiembre es tarde”, dice el jefe de bancada de RN, Andrés Longton.

En la Contraloría, en todo caso, están al tanto de las suspicacias que existen, sin embargo, argumentan que los procesos son lentos y que deben dejar funcionar a las instituciones. De hecho, Bermúdez coincidió este martes en Valparaíso con algunos parlamentarios DC a quienes les hizo llegar, posteriormente, una minuta con cómo funciona el trabajo del organismo y lo que han hecho hasta ahora.

“Contraloría oficia al servicio público solicitando antecedentes formales sobre el caso en cuestión, el que debe ser elaborado con la colaboración de la unidad jurídica de la entidad. Se da un plazo de cinco, 10 o 15 días hábiles dependiendo del tema. 2. Cumplido el plazo, el servicio envía la información solicitada o puede pedir una prórroga (...). Posteriormente se abre un expediente que compila la información y la Contraloría decide qué camino seguir”, se lee en el texto.

Además, se hace hincapié en que “es necesario enfatizar que el rol de la Contraloría es velar porque los recursos públicos no sean utilizados para favorecer o perjudicar una determinada opción” y en cuanto a “las acciones de fiscalización por el plebiscito del 4 de septiembre, actualmente los 500 fiscalizadores con que cuenta la Contraloría se encuentran ejecutando 600 líneas de investigación planificadas en el plan nacional de auditoría en diversas áreas de la administración activa”.

En medio de la ofensiva de la derecha y de los múltiples requerimientos, La Moneda también ha buscado cerrar flancos enviando minutas a las reparticiones recalcando lo que pueden y no hacer las autoridades en el marco de la campaña.