“Nuestro grupo controlador UnitedHealth Group (UHG), en su carácter de inversionista extranjero, iniciará mecanismos de resolución de conflictos establecidos en Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por nuestro país”.

Eso es lo que informó al gobierno el gerente general de Empresas Banmédica, Fernando Matthews, la sociedad controladora de isapres Banmédica y Vida Tres, mediante una carta enviada este lunes a distintas autoridades, a la cual tuvo acceso Pulso, donde asegura que “en dicha instancia, se reclamará compensaciones por parte del Estado de Chile por los incumplimientos de éste a las obligaciones contenidas en los señalados tratados que representan los hechos antes mencionados”.

Eso significa que la estadounidense UHG se convierte en el segundo controlador de isapres que decidió activar el mecanismo de solución de controversias. La primera fue Bupa (British United Provident Association), el controlador inglés de isapre Cruz Blanca.

Ambas acciones se suman a las que iniciaron los controladores de varias compañías de seguros de vida producto del retiro en rentas vitalicias que aprobó el Congreso. Esto, considerando que el año pasado Ohio National (EEUU), Chilena Consolidada (Suiza), Principal (EEUU y Reino Unido), y Metlife (EEUU), iniciaron el proceso formal de consulta y negociación con el gobierno de Chile a través del procedimiento de resolución de controversias establecido en el TLC de Chile con sus respectivos países.

La misiva enviada este lunes por Empresas Banmédica llegó a un largo listado de autoridades, partiendo por la ministra de Salud, Ximena Aguilera; y con copia al ministro de Hacienda, Mario Marcel; el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Álvaro Elizalde y Vlado Mirosevic; así como al superintendente de Salud, Víctor Torres; la embajadora de EEUU en Chile, Bernadette Meehan; la CEO de UnitedHealthcare Global, Mary Murley; y el vicepresidente senior de relaciones internacional de UHG, Joel Velasco.

En la carta de dos páginas, el gerente general de Empresas Banmédica manifiesta la “preocupación” de la compañía “frente a la actual situación de las isapres, particularmente agravada por la reciente dictación de sentencias por parte de la Corte Suprema en materia de tabla de factores”.

Este es el primer pronunciamiento que se conoce de una isapre -más allá del que hizo el gremio- sobre el Supremazo del 30 de noviembre. Pero anteriormente Empresas Banmédica y su controlador ya habían manifestado al gobierno su preocupación producto de otros eventos ocurridos en el país.

En la misiva de ahora, Matthews recuerda que el máximo tribunal del país mandató a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y a “restituir las diferencias de precio que puedan producirse producto de la aplicación de dicha tabla”. Agrega que desde que en noviembre el fallo se hizo público, “las isapres han solicitado a la Superintendencia de Salud un pronunciamiento sobre la forma en que ejecutará lo dispuesto por la Corte, entendiendo que esa aplicación debe ser razonable y que la autoridad cuenta con las facultades suficientes para ello”.

En esa línea, la carta recalca que “una sentencia que no cumpla con lo anterior, es decir, una interpretación que arriesgue la ya precaria situación financiera que muestra el sistema; por el contrario, podría afectar de manera irremediable la atención y acceso a la salud de los millones de beneficiarios del sistema de isapres”.

Y explica que “esto es así por cuanto un desequilibrio estructural o permanente entre ingresos y egresos en el futuro y, dependiendo como se interprete el recálculo respecto de las cotizaciones ya enteradas, la imposición de una obligación de restitución retroactiva antedicha, pueden significar la inviabilidad absoluta de la industria en su conjunto de poder continuar financiando las atenciones de salud de sus beneficiarios”.

Empresas Banmédica afirma que “en el corto plazo, esta situación afectaría al sistema privado de salud completo en Chile, incluyendo tanto a isapres como a prestadores privados de salud. En efecto, se anticipa que 42,5% de los cotizantes de isapres no serían elegibles para seguros privados de salud por preexistencias, viendo comprometida por ende su capacidad de financiamiento de prestaciones”. Eso argumenta la empresa en base a un informe emitido por la Superintendencia de Salud a la Comisión de Salud del Senado.

La misiva indica que “lo anterior implicaría una afectación directa a los beneficiarios del seguro público, el cual se vería en la necesidad de recibir buena parte de los afiliados de isapres, con un subsecuente recargo del sistema estatal de atención sanitaria, sin estar preparado para ello, aun cuando comience a recibir nuevas cotizaciones”.

Al respecto, la empresa señala que “a pesar de que esta información es conocida desde hace semanas y pese a que la industria ha planteado su disponibilidad a colaborar con la autoridad en la búsqueda de soluciones, a la fecha ni el gobierno ni la Superintendencia de Salud han dado señales claras sobre la forma en que planea instruir la implementación del fallo, ni sobre cómo consideran mitigar sus potenciales efectos”.

Es más, la compañía dice que “lamentablemente, los hechos descritos se suman a otros eventos que han significado costos financieros relevantes para las isapres, todo lo cual ha contribuido a generar un creciente ambiente de incertidumbre e incomodidad frente a sucesivos cambios en las reglas del juego al margen de lo dispuesto en las leyes y bajo las cuales se tomaron importantes decisiones de inversión”.

Añade que “esta situación ha generado sorpresa e incredulidad especialmente en los inversores extranjeros, como ocurre en nuestro caso, pues contradice radicalmente el prestigio que Chile siempre tuvo al respecto”.

De todas maneras, en la misiva aseguran que Empresas Banmédica mantendrá su “completa voluntad de colaboración y seguiremos atentos a las señales que pueda dar el gobierno de Chile en la materia”.

No obstante, aclaran que “dada la gravedad de la situación”, se encuentran “definiendo las acciones jurisdiccionales que pudieran proceder, destinadas a hacer valer la responsabilidad que pueda caberle frente a un colapso del sistema privado de salud, producto de las circunstancias descritas, y cuyos principales costos lo pagarían millones de afiliados y beneficiarios, miles de prestadores de salud, grandes y pequeños accionistas y cientos de trabajadores del sistema”.