El plan judicial y económico de la ANFP para enfrentar el revés en la millonaria disputa con Warner

El mazazo para la ANFP es millonario. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago la condenó a pagarle a Warner la suma de $25.856.250.000 por la demanda que interpuso la multinacional dueña de TNT Sports, la estación televisiva dueña de los derechos de televisación del fútbol nacional, a título de indemnización. A ese monto, según el fallo al que tuvo acceso El Deportivo y firmado por el juez árbitro Enrique Barros Bourie, se le deberán agregar $8.151.642.479 correspondientes a los intereses corrientes calculados. En total, 34.007.892.479 pesos, casi US$ 37 millones.

El escenario resulta llamativo. En rigor, se trata de dos socios en pugna. Dos partes que seguirán atadas por un largo tiempo más y cuyos intereses dependen necesariamente del otro: el contrato que los une rige hasta 2033. Por ende, aunque la empresa de origen norteamericana, que alega no haber recibido el producto solicitado, persigue la reparación económica por los perjuicios que desataron la controversia, que mezcla los partidos que no se alcanzaron a disputar en 2019, a causa del estallido social, con los meses sin fútbol del calendario siguiente, a raíz de la pandemia de Covid-19, también enfrenta una contradicción vital: no puede dejar morir el producto que promueve y que le reporta millonarias ganancias.

En resumen, Warner alegó que sufrió graves perjuicios económicos, principalmente a raíz del no pago de los cableoperadores, consecuencia de la fuga masiva de suscriptores por la escasez de contenido. La estación planteó que tuvo que llegar a acuerdos de urgencia con dichas empresas para poder recibir una parte de los ingresos pactados, ya que se encontraba en una compleja situación financiera por culpa de la falta de fútbol y la poca colaboración de la ANFP en llegar a un acuerdo.

En Quilín se rearman después del golpe. Aunque el fallo del juez Enrique Barros Bourie es, teóricamente, inapelable, en la entidad que rige Pablo Milad definieron como estrategia pedir la nulidad de la sentencia. Esa es la misión para el estudio de abogados que encabeza Gabriel Zaliasnik. Tienen 90 días para elevar el respectivo recurso ante la Corte Suprema. Después de la sentencia del máximo tribunal del país, ya no habrá vuelta atrás.

El recurso de nulidad, mecanismo que establece el artículo 34 de la Ley 19.971, apuntará en varios sentidos que en Quilín miran con un atisbo de esperanza. Tal como se le demandan incumplimientos en la relación contractual, en la ANFP también consideran que Warner no ha respetado plenamente el pacto. La interpretación apunta a varias decisiones que adoptó el entonces Canal del Fútbol y que, a juicio de Quilín, afectaron la actividad.

La lista considera, por ejemplo, no transmitir por televisión abierta a lo menos un partido de Primera División por fecha en 2020; no haber emitido en vivo o en diferido la totalidad de los partidos de la Primera B en las temporadas 2020 y 2021; y no haber pagado oportunamente a los clubes las cuotas mensuales por derechos de transmisión de marzo a junio de 2019 y junio de 2020. En ese aspecto, al menos, durante el arbitraje la ANFP encontró algo de sustento: junto con reconocer que lo anterior generó pérdidas económicas a los clubes, el árbitro estimó insuficiente la prueba del monto de las mismas, dado que TNT no entregó la información que se requería para validarlas.

Zaliasnik y su equipo están abocados, precisamente, a preparar una argumentación sólida que aborde esos argumentos como pilares de la petición ante el máximo tribunal del país. La revisión del fallo es exhaustiva en cuanto a cada detalle que pueda favorecer la pretensión de conseguir su nulidad.

Sin embargo, hay antecedentes contradictorios que pueden terminar jugándole en contra a la ANFP. El año pasado, el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP validó la postura del directorio en un reclamo presentado por San Felipe, Puerto Montt y San Luis, en el sentido de que no era exigible la transmisión de los partidos de la segunda categoría del fútbol nacional. Para mayor claridad: una de las razones que ahora esgrime el ente rector del fútbol chileno como causal de nulidad del fallo que la pone contra las cuerdas.

Paralelamente, el fútbol chileno se alista para la eventualidad de que el último recurso no prospere y que, finalmente, la ANFP tenga que pagar la multimillonaria cifra. Ahí la pregunta es de dónde obtener los recursos, considerando, precisamente, que la principal fuente económica de la actividad es la que ahora se sitúa como contraparte.

El plan de emergencia apunta, cuando menos, a conseguir facilidades. Y, luego, a establecer un mecanismo con los propios clubes para aportar a solventar el compromiso. En esa línea, por ejemplo, asoma un descuento en la cuota mensual que perciben los clubes por los derechos de transmisión de sus partidos hasta completar los US$ 33 millones.

Hay más: otro de los caminos que se explorarán será la cesión de una de las propuestas que planteó el directorio de Milad, inicialmente, con la finalidad de extender el calendario futbolístico para incrementar la competitividad: el Torneo de Verano. La ANFP apuntará a ceder los derechos televisivos de ese certamen, con lo que alcanzaría a cumplirse el monto establecido en el dictamen.

Otra posibilidad concreta, al menos desde el punto de vista de la corporación, es la extensión del contrato que los une hasta 2033 por seis meses. Esa opción, en la práctica, podría traducirse en un beneficio mutuo, pues la ANFP recibe más de seis mil millones de pesos mensuales gracias al actual acuerdo, pero Warner podrá seguir explotando comercialmente un certamen que, por el interés de los fanáticos, le ofrece utilidades garantizadas.