El jefe comunal de La Higuera, comuna en la que se construirá el proyecto, sostuvo que espera que en el contrato de venta de la minera se establezca, para el grupo comprador, la obligación de cumplir las medidas de mitigación que ofreció la compañía ante la Corte Suprema, entre ellas, la entrega de agua potable gratis durante 25 años.
Esto en el marco de los recursos presentados por los opositores a la iniciativa.
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo aprobó por 11 votos a favor y 1 en contra la polémica iniciativa minero portuaria.
La decisión se da luego que en abril de este año el Primer Tribunal Ambiental acogiera de forma unánime la reclamación en favor de la iniciativa y resolviera que la Comisión debía realizar una nueva votación.
Anoche, justo al límite del plazo legal, el abogado Diego Lillo, en representación de distintas organizaciones sociales que se oponen a esta inversión. presentó un recurso de casación con el que se busca revertir el fallo de la justicia ambiental que le dio una nueva vida a la iniciativa.
El Primer Tribunal Ambiental resolvió que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo deberá realizar una nueva votación sobre el permiso de la iniciativa.
Ministros ya tomaron la decisión y ahora deben redactar la sentencia para hacerla pública.
Abogado de la firma presentó un téngase presente y un informe en Derecho ante la Corte Suprema.
Se trata de seis escritos interpuertos por particulares, Oceana y Pescadores y Mariscadores de Los Choros. Su admisibilidad deberá ser analizada ahora por el Máximo Tribunal.
La ONG ambientalista ingresará un recurso de casación, que deberá ser revisado por el máximo tribunal en los próximos cuatro meses.
El proyecto minero portuario tendrá una nueva oportunidad. Ahora los esfuerzos se concentrarán en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, instancia que deberá ser convocada para votar la iniciativa. Los tiempos corren a favor de Dominga y, según estimaciones de abogados de la plaza, la resolución del nuevo Comité de Ministros no debería extenderse más allá de este año.
Al cierre de esta edición no se había dado a conocer el fallo sobre la reclamación de Andes Iron, que cuestionó la legalidad de la decisión del Comité de Ministros de negarle el permiso ambiental.
