Una vez que la sentencia quede afirme y ejecutoriada, la parlamentaria quedará inhabilitada para votar y participar en sesiones de sala. Eso sí, pese a no poder sufragar, puede seguir recibiendo su dieta de forma íntegra.
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Durante la tarde de este lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta tomó la decisión de desaforar a la ex Frente Amplio, a raíz del caso Democracia Viva.
Desde marzo de 2022 a la fecha, se cuentan tres casos que han terminado con diputados sin su fuero. Hubo un caso que fue desestimado y otro cerró por una suspensión condicional.
La parte defensora cuestiona que "jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas".
El fiscal Cristian Aguilar valoró la decisión del tribunal, desde donde se acreditó que "existe una concertación (…) para los efectos de defraudar al Fisco por la suma total de la celebración de los convenios, esto es 426 millones de pesos”.
Ahora el Ministerio Público tiene luz verde para formalizarla y pedir medidas cautelares, aunque es probable que su defensa recurra ante la Suprema. El jueves 20 de febrero el tribunal de alzada entregará la sentencia completa.
Hasta el momento el Ministerio Público contaba en su expediente con conversaciones de ambos imputados extraídas desde WhatsApp. Sin embargo, hace un par de días, el 31 de enero pasado, la PDI entregó a la Fiscalía de Antofagasta nuevas conversaciones, esta vez por la aplicación We Chat. Ahí comentan "el principio del fin", cuando se comenzó a cuestionar una asesoría que el ingeniero civil mecánico estaba realizando al Ministerio de Defensa. Pese a que aún no saltaban los convenios de la ONG, desde sus mensajes se desprende la tensión que antecedió la crisis por los "líos de platas".
Revisa la alocución que Cristian Aguilar, fiscal jefe de Antofagasta, presentó ante la Corte de Apelaciones de esa región para pedir el cese de la inmunidad parlamentaria de la diputada. En caso de que el tribunal resuelva desaforar a la exmilitante del Frente Amplio, el Ministerio Público tendrá luz verde para formalizarla y pedir medidas cautelares en su contra por el caso Democracia Viva, primera arista que quedó al descubierto del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.
Revisa en esta edición del programa de streaming de La Tercera los argumentos que el fiscal jefe de la región de Antofagasta, Cristian Aguilar, presentó ante la Corte de Apelaciones para solicitar el término de la inmunidad parlamentaria de la diputada, ex militante del Frente Amplio, para que el Ministerio Público pueda formalizarla por el caso Democracia Viva. En este episodio, además, el balance de los siniestros que afectan a las regiones de La Araucanía, Biobío y Ñuble; la antesala del partido de La Rojita contra Uruguay en el Sudamericano sub 20 y el análisis de la estrecha elección presidencial en Ecuador.
El persecutor afirmó que en la fundación ligada a RD "nada tenían que ver con la ejecución de tratos fiscales”.
El Ministerio Público busca su formalización por tres delitos consumados de fraude al fisco.
Este lunes la defensa de la exfrenteamplista llegará hasta el pleno del tribunal de alzada antofagastino para convencer al pleno de ministros de rechazar la solicitud de desafuero de la Fiscalía. Si le va mal, puede apelar ante la Corte Suprema, pero si le va bien y el Ministerio Público pierde su caso, incluso podría llegar hasta el TC.
La parlamentaria es acusada por el Ministerio Público de tres delitos de fraude al Fisco, sindicada como propiciadora de los polémicos convenios entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
El fiscal Cristián Aguilar espera encausar a la parlamentaria como autora de tres delitos de fraude al Fisco. A su juicio, ella fue quien propició la firma de convenios con que se afectaron gravemente las arcas estatales.
El pasado 14 de enero, el organismo comandado por Raúl Letelier anunció que había decidido querellarse contra la parlamentaria por Antofagasta. En el escrito describen la serie de acciones que habría realizado con miras a que Democracia Viva lograra la suscripción de convenios con la Seremi de Vivienda y que estos se perpetuaran. A juicio de la entidad, tiene responsabilidad directa en el fraude al Fisco por el que también están imputados Daniel Andrade, Carlos Contreras y Paz Fuica. En su caso, como cómplice.
