Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy
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Los ejecutivos de las tres empresas, de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica, se comunicaban entre sí, donde habrían pactado evitar la competencia entre ellos y así ofertar menos dinero en las licitaciones de la Superintendencia de Juegos de Casino, entre 2020 y 2021.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) reveló conversaciones privadas entre los ejecutivos de Dreams, Enjoy y Marina del Sol, expuestas en su requerimiento por colusión en la licitación de permisos de operación de casinos. Las charlas, realizadas en WhatsApp y la plataforma Confide, demuestran cómo los directivos Jaime Wilhelm, Henry Comber y Nicolás Imschenetzky orquestaron un acuerdo para evitar la competencia y mantener el control de sus respectivas plazas.
El organismo pidió la mayor multa de la historia para Dreams, con US$ 112 millones. Para Enjoy solicita una sanción de US$ 37 millones. Marina del Sol se acogió a la delación compensada. La fiscalía también acusa a tres ejecutivos de Dreams, Jaime Wilhelm (ex gerente general de Dreams), Claudio Fischer (presidente y controlador) y Claudio Tessada (ex gerente de finanzas) y el ex presidente de Enjoy, Henry Comber. Además, solicita poner término a los permisos de operación obtenidos en 2020 y 2021 y desliza que habrá persecución penal.
Rui Sanches Da Silva, expresidente de Loomis para Latinoamérica, y Cristián Catalán Jerez, excountry president de Loomis, presentaron dos recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, paralizando el juicio de colusión contra las empresas de transporte de valores. La defensa busca evitar que Sanches Da Silva declare bajo juramento, argumentando que vulneraría su derecho a no autoincriminarse. Sanches y Catalán están entre los seis directivos acusados de colusión por la Fiscalía Nacional Económica, que exige multas millonarias a Prosegur y Brink’s.
Las mineras Centinela, Zaldívar, Antucoya y Los Pelambres, operadas por Antofagasta Minerals (Amsa), solicitaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) participar como terceros coadyuvantes en el caso de colusión entre Indura y Linde Gas Chile. Estas empresas aseguran que las prácticas anticompetitivas denunciadas afectaron directamente sus operaciones, en particular en un proceso de licitación para la provisión de gases industriales esenciales para la minería.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó multas por unos US$ 31 millones a Indura y su ex ejecutivo principal. Indura respondió que la FNE ignoró “importantes antecedentes de hecho y económicos” y que seleccionó “a su antojo” fragmentos de comunicaciones y los interpretó de manera que favorecieran su acusación.
La organización de consumidores busca que la empresa compense a los consumidores por el caso que se originó en 2015.
Pulso La Tercera tuvo acceso a los informes económicos presentados durante el juicio, donde el Sernac y Conadecus cuantificaron el perjuicio ocasionado por SCA Chile. Los estudios, elaborados por economistas, estimaron daños basándose en un informe de la Fiscalía Nacional Económica que calculó, con un método conservador, el perjuicio en 40.000 UTA (US$33,4 millones).
La Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por Conadecus, Sernac y Odecu contra SCA Chile, determinando que la empresa no puede ser considerada responsable bajo la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC) debido a la falta de una relación contractual directa con los consumidores. A diferencia de SCA, CMPC llegó a un acuerdo con el Sernac para compensar a los consumidores afectados, depositando $7,000 pesos en sus cuentas RUT.
Indura, la principal acusada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la presunta colusión en el mercado de gases industriales y medicinales, exige acceder a expediente completo de la investigación. Mientras Linde, empresa que fue eximida de multa tras acogerse a la delación compensada, pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia confirmar la exención de multa a sus ejecutivos.
El Hospital Félix Bulnes, el Servicio de Salud de Chiloé, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y el Ministerio de Salud se hicieron parte como terceros coadyuvantes, argumentando que la colusión afectó gravemente sus operaciones y el suministro de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19.
Marcelo Torres negó la acusación de colusión, luego que la Fiscalía Nacional Económica presentara un requerimiento en contra de Indura y Linde, y tres de sus ejecutivos por haber ejecutado prácticas colusorias en el mercado de gases industriales y medicinales entre noviembre de 2019 y enero de 2021.
Tienen menos de 50 años y están a cargo de las operaciones de dos de las principales empresas que operan en gases medicinales e industriales del país. Los gerentes generales de Linde Chile, Agustín Amadeo (46), e Indura, Claudia Sánchez (43), encabezan las compañías acusadas de colusión a fines de abril por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Ambos, que asumieron sus cargos tras enterarse del caso que indagaba la FNE, han llevado a cabo una serie de cambios al interior de sus compañías y han tenido reuniones con sus clientes para explicar la acusación.
