La firma que impulsa el proyecto minero-portuario en La Higuera envió un escrito a Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que ejerce como secretaria de la instancia ministerial, para acreditar que venció el plazo de 15 días otorgado por el Primer Tribunal Ambiental para que se dictara una nueva resolución en el caso.
En La Moneda se mantendrán a la espera del resultado de la consulta a Contraloría sobre cómo definir la presidencia del Comité de Ministros, pese a que no existe claridad de cuándo habrá una respuesta del órgano contralor.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó este jueves un requerimiento al órgano contralor para que precise a quién le corresponde la presidencia del comité, posición que ostenta el Ministerio de Medio Ambiente, pero que en esta ocasión tanto la ministra Maisa Rojas como el subsecretario Maximiliano Proaño estarían inhabilitados para presidir el órgano colegiado.
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La instancia presidida por el Ministerio del Medio Ambiente e integrada por Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, resolvió que ninguno de sus titulares participarán de la sesión que vote el proyecto. En los próximos días presentará una consulta a Contraloría para que se pronuncie sobre quiénes lo integrarán y quién tendrá la presidencia del Comité. En paralelo, el SEA presentó un recurso de casación y solicitó al Primer Tribunal Ambiental suspender los efectos de la sentencia que revivió el proyecto, mientras el máximo tribunal resuelve el fondo.
"Con humildad y apertura manifestamos nuestra disposición ante el Comité de Ministros para atender cualquier planteamiento que ayude a implementar lo instruido por el Primer Tribunal de Antofagasta", dijo Andes Iron.
El Comité de Ministros deliberó hoy respecto a dos proyectos: “Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria” y “Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21″, en ambas manteniendo la calificación ambiental favorable.
El gobierno decidió presentar un recurso de casación a la corte para intentar revertir el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que por tercera vez respaldó al proyecto minero-portuario, controlado por la familia Délano. En Andes Iron, la empresa dueña del proyecto, cuya inversión ya sube a US$ 3 mil millones, creen que ahora sí sacarán adelante la iniciativa, tras un dictamen que consideran contundente.
En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el subeditor de La Tercera, Víctor Cofré, explicó en profundidad todo el curso que ha seguido, durante casi una década, el proyecto minero portuario y que ahora atraviesa por un nuevo capítulo luego de que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogiera la reclamación presentada por Andes Iron SpA contra la decisión del Comité de Ministros que había rechazado el permiso ambiental. El proyecto, ubicado en la región de Coquimbo, ha generado discusiones y coletazos en tres gobiernos, gatillando incluso la salida de un ministro de Hacienda. Todos los detalles revísalos en el video.
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El proyecto, que busca aumentar la capacidad de desalinización, considera una inversión de US$ 2 mil millones. En octubre de 2023, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo calificó favorablemente la iniciativa, ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en abril de 2021.
El organismo rechazó la reclamación de la Municipalidad de Santiago en la que acusaba que la evaluación se realizó de manera sesgada, parcial, insuficiente, e incompleta. Adicionalmente, dio una segunda oportunidad de evaluación a una planta de aguas servidas en Lican Ray
El Comité de Ministros decidió que la resolución de la Comisión de Evaluación de Valparaíso no se encontraba debidamente fundamentada y que debía retrotraerse el proyecto minero Cerro Negro.
