La instancia acogió doce reclamaciones contra la iniciativa, que implica una inversión cercana a los US$2.500 millones.
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El recurso fue interpuesto por el abogado Marcelo Castillo en representación de un pescador artesanal de La Higuera, quien había solicitado previamente la inhabilitación de la ministra debido a un eventual conflicto de interés con la Fundación Oceana y declaraciones emitidas en el pasado en contra del proyecto. El recurso solicita que la ministra se abstenga de intervenir en la decisión del Comité de Ministros, esto a un día de la votación.
“Es falso que está tomada una decisión. Por eso mañana este consejo aquilata informes técnicos de los servicios vinculados a los distintos ministerios", dijo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
"¿Qué hace un ministro de Economía o de Minería tomando este tipo de decisiones? Es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el que debería ser fortalecido para que tome las decisiones de este tipo", dice Marcelo Mena, quien presidió el comité que en 2017 rechazó el proyecto Dominga, lo que generó la renuncia de dos ministros. Mañana vuelve al mismo comité.
Este miércoles a las 8 de la mañana seis ministros deben pronunciarse sobre el proyecto minero por US$ 2.500 millones. En agosto de 2017, el rechazo a la iniciativa del comité de ministros del gobierno de Michelle Bachelet terminó con la salida del equipo económico. La decisión de mañana tiene otro condimento: el propio presidente Gabriel Boric manifestó su posición el día en que resultó electo. “No a Dominga”, exclamó en su primer discurso.
Ad portas de ser sometidas a votación las reclamaciones en contra del proyecto Dominga de Andes Iron en el Comité de Ministros, el Ministerio del Medio Ambiente a través del subsecretario, Maximiliano Proaño envió un oficio en el que cuestionó la iniciativa. Sostuvo que su línea base se realizó hace diez años y apuntó a una serie de falencias en su evaluación como la falta de información sobre las emisiones atmosféricas y el potencial afectación al pingüino de Humboldt, entre otras especies.
Los recursos habían sido interpuestos por ciudadanos en contra de las decisiones de las autoridades que resolvieron las solicitudes de revisión excepcional de dos Resoluciones de calificación Ambiental (RCA) de dichos proyectos, los que ya se encuentran en ejecución.
En 2012 se constituyó Inmobiliaria Las Salinas. Copec había comprado 16 hectáreas donde antes se emplazaban varias petroleras, para desarrollar un nuevo barrio. En una década, el avance ha sido mínimo, pese a haber invertido US$180 millones. El lunes tuvieron un pequeño espaldarazo. Ahora insisten en que solo aspiran a limpiar el terreno. “Hoy más que un proyecto, lo que tenemos son un compromiso ambiental y uno urbano, para la etapa posterior a la remediación”, dicen en la firma.
La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, destacó que la decisión del Comité de Ministros responde a la agenda de protección del medioambiente y descentralización del Ejecutivo.
En medio de un contexto de cambio de gabinete, el Comité de Ministros, en su tercera sesión bajo el gobierno de Gabriel Boric, votará las reclamaciones de dos proyectos. Se trata del Saneamiento de Las Salinas y Central Hidroeléctrica de Pasada El Rincón. El primero es una iniciativa emblemática del Grupo Angelini, que busca construir un proyecto inmobiliario en la zona que durante décadas sirvió para albergar silos de combustibles en la Región de Valparaíso. El segundo cuenta con amplias críticas de comunidades indígenas en la Región de La Araucanía.
La semana pasada las alarmas se encendieron en la minera, luego que el 4 de agosto la directora nacional (s) del Servicio Agrícola Ganadero, Andrea Collao, ingresó un escrito al SEIA en el que si bien reconoce que las materias abordadas no son del ámbito de su competencia, igualmente manifiesta reparos. Se trata de un vuelco en la opinión manifestada por la autoridad, ya que en un oficio del 30 de junio manifestó que “las respuestas entregadas por el titular a las observaciones del SAG, en las distintas etapas del proyecto, son satisfactorias".
Las autoridades de gobierno rechazaron las reclamaciones contra una iniciativa de US$ 220 millones de la empresa estatal, el que considera la construcción de un nuevo puente ferroviario sobre el río Bio Bio. Por razones de tiempo, el Comité de Ministros aplazó su decisión sobre una central hidroeléctrica de pasada por US$ 24 millones.
Cinco entidades públicas han contestado los oficios de la directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. En sus respuestas, tres de ellos (SAG, Sernatur y Sernapesca) manifestaron su conformidad ante las medidas de compensación que prometió implementar Andes Iron en la construcción del megaproyecto minero-portuario. Mientras, Conaf aseguró que la iniciativa provocaría la extinción a corto plazo del Pato Yunco y el Pingüino de Humboldt.
Se trata de 14 proyectos, correspondiendo el 86% de ellos a los sectores de minería y energía. Aquí figuran grandes iniciativas que buscan su RCA y que en algunos casos acumulan largos años de tramitación ambiental en el SEIA, como por ejemplo Terminal GNL Penco-Lirquén, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ingresó a tramitación el 30 de octubre de 2014.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo que la decisión respalda la agenda del Ejecutivo en materia de desarrollo sustentable.
