En medio de los cuestionamientos de gremios empresariales y organizaciones locales a favor del proyecto minero que acusan al Comité de Ministros de desacato, la ministra de Medio Ambiente afirmó que “eso lo tendrá que resolver una instancia judicial".
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
El tercer rechazo en 11 años para el proyecto que impulsa Andes Iron concitó duras críticas de la empresa y los gremios. La firma anunció acciones legales, mientras que asociaciones mineras lamentaron las señales contradictorias para proyectos de inversión. La líder de la CPC, Susana Jiménez, resumió así la posición empresarial: "Demuestra que la política puede más que la economía". Organizaciones locales cuestionan la decisión y los ecologistas festejan.
La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, indicó que la definició del Comité de Ministros “demuestra que la política puede más que la economía. La comuna de la Higuera, la región de Coquimbo y el país necesitan con urgencia más inversión, más empleo y más crecimiento, pero hoy nuevamente se desconocen los criterios técnicos".
La empresa dueña del proyecto dijo que ejercerá las acciones legales para restablecer el Estado de Derecho confiando en que próximamente podrá desarrollar la iniciativa, ya que según asegura ésta cumple cabalmente con todas las condiciones exigidas por la institucionalidad ambiental.
La decisión fue adoptada en forma unánime por los seis subrogantes que ocuparon los puestos de sus respectivos ministerios.
En una jugada de última hora, el organismo colegiado había solicitado al tribunal especializado que se le concediera un “plazo prudencial” para dar cumplimiento al fallo del 9 de diciembre. Pero esto fue desestimado, con lo que la citación para este miércoles se realiza tras haber vencido el plazo fijado previamente.
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Este miércoles se reunirá un Comité de Ministros que no tendrá ministros, sino que subsecretarios e incluso jefes de gabinete, pues en algunas carteras los subrogantes también tenían inhabilidades. La sesión se da en medio de intensas presiones de última hora, con el gobierno solicitando al Primer Tribunal Ambiental ampliar el plazo para cumplir el fallo y la empresa pidiendo rechazar esa solicitud, pero además advirtiendo públicamente que un pronunciamiento contrario al proyecto llevaría al Comité de Ministros a incurrir en un “desacato”.
A pocas horas de una nueva votación, Andes Iron envió al Servicio de Evaluación Ambiental un análisis elaborado por el extimonel del Tercer Tribunal Ambiental, Iván Hunter. El reporte concluye que sería jurídicamente inadmisible invocar nuevas causales para acoger las reclamaciones pendientes. “La intervención judicial imponiendo un plazo al Comité de Ministros es una medida necesaria frente a la dilación administrativa demostrada en este proyecto", sostiene.
La industria de mineral de hierro en el mundo es dominada por grandes productores como Australia y Brasil, donde además están las principales reservas. Aunque hoy la demanda por este commodity depende de la economía china, se prevé que surjan nuevos compradores en los próximos cinco a seis años, cuando se espera que el proyecto que pretende levantar Andes Iron en la Región de Coquimbo se ponga en marcha. Pero el mercado en ese momento enfrentará desafíos crecientes, como la descarbonización.
La firma que impulsa el proyecto minero-portuario en La Higuera envió un escrito a Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que ejerce como secretaria de la instancia ministerial, para acreditar que venció el plazo de 15 días otorgado por el Primer Tribunal Ambiental para que se dictara una nueva resolución en el caso.
En La Moneda se mantendrán a la espera del resultado de la consulta a Contraloría sobre cómo definir la presidencia del Comité de Ministros, pese a que no existe claridad de cuándo habrá una respuesta del órgano contralor.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó este jueves un requerimiento al órgano contralor para que precise a quién le corresponde la presidencia del comité, posición que ostenta el Ministerio de Medio Ambiente, pero que en esta ocasión tanto la ministra Maisa Rojas como el subsecretario Maximiliano Proaño estarían inhabilitados para presidir el órgano colegiado.
