“Como Renovación Nacional, queremos que la Contralora emita un dictamen donde deje claramente establecida cuál es la atribución de la Dirección del Trabajo en lo referente a la seguridad", dijo Diego Shalper.
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En los informes se pueden observar que en los dos centros de salud existen discordancias entre su sistema con el registro ministerial SIGTE.
Desde el hospital indicaron que el establecimiento "cumplirá a cabalidad con cada una de las medidas correctivas solicitadas por el ente contralor", señalando que el trabajo de resolución de las listas de espera, reducción de tiempos de espera y su correcta gestión “son pilares fundamentales”.
El ente fiscalizador constató además que en la base local de la lista de espera No GES, existían 152 casos pendientes de atención correspondientes a 107 personas fallecidas.
Los problemas que ha detectado la Contraloría hacen necesario que el Mineduc refuerce sus propios controles internos, así como revisar la actual institucionalidad para la rendición de fondos por parte de los colegios, que puede llegar a ser muy engorrosa.
El hospital de Iquique se suma a los otro seis recintos en que Contraloría detectó irregularidades.
La solicitud del organismo encabeza por Dorothy Pérez responde a una presentación realizada por diputados UDI, quienes pidieron se revise la legalidad del contrato suscrito con Unholster para el desarrollo de una plataforma informática y que implica el desembolso de más de $600 millones. A juicio de parlamentarios se estaría ante un "negocio a lo menos sospechoso".
Los recursos pendientes de rendición de estas entidades ascienden a $1.143.287.410 y corresponden a distintos períodos y programas destinados a mejorar la educación y la infraestructura escolar. Otros, en tanto, responden a problemas en coordinación, control interno y transparencia.
El ministro de Educación indicó que en gran parte se trata de "saldos que han sido rendidos pero rechazados u observados, y que por lo tanto, administrativamente, es imposible cerrarlos", pero que sin embargo, también existen casos de "rendiciones que no se han hecho".
Desde la repartición sostuvieron que los dineros analizados desde 2007 a 2023, aún no concluyen su proceso de rendición, por lo que pueden tener objeciones o estar en proceso de revisión, impidiendo el cierre administrativo.
En los informes se pueden observar que en los tres centros de salud existen discordancias en los registros que tienen en su sistema con el registro ministerial.
El ente fiscalizador analizó las transferencias de los organismos entre 2007 y 2023. En el caso de la Secretaría Regional de Educación de la RM, determinó que aún no se han rendido $ 2.888.393.255, mientras que en la Subsecretaría de Educación, ese monto se eleva a $ 75.849.011.589. En la indagatoria se determinó que, incluso, algunos beneficiarios de esos recursos ya han fallecido, así como también algunos sostenedores ya fueron traspasados a los SLEP.
Luego de ser criticada la tardanza en su tramitación puesto que podría haber ayudado a aminorar la emergencia tras las lluvias de agosto, el documento fue ingresado el pasado 7 de agosto a Contraloría para su revisión y posterior toma de razón. Las compañías han retrucado que su contenido generaría situaciones fuera de la norma y con efectos prácticos nocivos para el despliegue de la red.
El órgano fiscalizador auditó contratos suscritos entre enero de 2015 y diciembre de 2023 en las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla.
