Felipe Sepúlveda es el investigador jefe de Las Condes y desde ahí dirige una de las causas que más revuelo han causado últimamente, a partir de la filtración de un audio en que se devela la comisión de presuntos delitos de soborno. No es el primer caso de alto impacto público que tiene, pues antes indagó por lavado de activos a Sergio Jadue, corrupción en el negocio de los tragamonedas, logró la condena del exalcalde Pedro Sabat (RN) y ya tenía la causa madre sobre los negocios de Factop.
La abogada dejó su celular en manos del Ministerio Público, donde los investigadores dieron con una pista clave: la conversación de Villalobos y la abogada Yael Speisky, esposa del socio de Sauer, Rodrigo Topelberg. El registro fue remitido solo dos días después de la reunión, donde Speisky, según relatan quienes pudieron acceder a este medio de prueba, habría solicitado reiteradamente esta pieza dando señales de confianza y comprometiéndose a la no divulgación de la grabación.
El empresario controlador de Factop y la corredora STF ingresó un escrito en contra de quien fuera su abogada para que el Ministerio Público persiga su responsabilidad como autora de un tipo penal que es de imputación casi exclusiva para quienes ejercen el derecho. Daniel Sauer acusa a la profesional, egresada de la Universidad Bolivariana, de haber colaborado con su exsocio Rodrigo Topelberg, quien se querelló en su contra. Villalobos entregó el registro de audio de una reunión privada, la que posteriormente hizo llegar a la esposa de su otrora compañero de negocios. Pero este tipo de conductas es penado por la ley y por eso se emprendió una arremetida judicial que es liderada por el exjefe jurídico de la Defensoría Octavio Sufán.
"Grabó ilegal y subrepticiamente conversaciones privadas al interior de un recinto particular, en una instancia de paradigmática intimidad y vedamiento para terceros, para luego compartirlas con mi exsocio", dice el escrito que presentó el empresario ante el Ministerio Público.
El caso entró en una nueva derivada respecto de cómo la abogada de STF Capital accedió a antecedentes reservados del proceso sancionatorio en contra de la firma. Ahora se despejó el vínculo entre una estrecha asesora de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero y de quien también fuera consejero jurídico de Hacienda y Economía (entre 2003 y 2018), Adrián Fuentes.
Pese a que su nombre se hizo conocido por la grabación en la que, junto al penalista Luis Hermosilla y con el empresario Daniel Sauer hablan de pagar supuestos sobornos a funcionarios del SII y la CMF, los escándalos y las polémicas no son algo nuevo en la vida de la abogada. Testigo de ello han sido los tribunales de justicia. Allí, ha llevado a su mamá y a su hermana, ha sido denunciada por su exmarido de falsear documentos y ha debido defenderse de acusaciones de amenazas. Incluso, asesoró a la "Cuca" en un millonario juicio contra la animadora de televisión Tonka Tomicic.
La publicación del audio en que aparece el abogado junto con su par Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer no sólo implicó que el penalista fuera imputado por soborno, querellado por el CDE y tuviera un fuerte desplome reputacional. También recibió dos duros golpes: el distanciamiento profesional de Andrés Chadwick y el fin de 27 años frente al caso Guzmán.
El Ministerio Público tomó declaración a Adrián Fuentes Campos, abogado de la Dirección Jurídica del servicio dependiente de Justicia y hasta hace poco jefe de la Unidad de Cumplimiento de la Tesorería General. El profesional es un antiguo funcionario de ambos gobiernos de Michelle Bachelet y ahora es uno de los más estrechos colaboradores del actual jefe del servicio, Omar Morales. El porqué adquirió relevancia su testimonio tiene que ver con que, según declaró la abogada que grabó la conversación con Luis Hermosilla y Daniel Sauer, era quien le hacía trabajos en temas tributarios y sabía cómo sortear controles del SII. Desde el entorno del profesional, en tanto, aseguraron a La Tercera que él solo le corrigió un escrito, que no le cobró y descarta cualquier irregularidad.
La abogada Leonarda Villalobos, una de las protagonistas del caso Hermosilla, y su esposo Luis Angulo, verificaron créditos en el proceso de reorganización del factoring controlado por los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y Rodrigo Topelberg. En sus presentaciones adjuntaron documentos en los cuales los representantes del factoring reconocieron las deudas.
El análisis de lo incautado durante las primeras diligencias del caso, en que se indaga el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos, ya arroja los primeros resultados, aunque no del todo concluyentes. Los investigadores advirtieron que los dispositivos audiovisuales pesquisados en las afueras de Impuestos Internos tienen un ciclo de grabación breve, no superior a 10 días. Es decir, ni de junio de este año, ni menos de 2018, se almacenaron movimientos. Otro dato pesquisado: el supuesto asalto a Leonarda Villalobos no fue denunciado, ni en Carabineros ni en la PDI.
El Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros no solo trabajan en la búsqueda del supuesto pago de coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), sino que también recaban información respecto del organismo regulador aludido en el polémico audio. Por lo mismo, ya se inició un trabajo de coordinación con quien lleva el sumario interno en la entidad.
El Ministerio Público continúa con las diligencias entorno al supuesto pago de coimas en el Servicio, donde la "trazabilidad" de quiénes accedieron a la información que le permitió a Daniel Sauer zafar del pago de una millonaria sanción, se fijó como fundamental. En esa línea, ya surgieron algunos antecedentes que ya entregó la entidad fiscalizadora a los fiscales del caso: los hechos que motivaron la remoción del exjefe de Grandes Contribuyentes se remontan a 2018. Los caminos una vez más llevan a la administración del exjefe del servicio, Fernando Barraza, quien fue cuestionado por decisiones administrativas y haber sido una especie de "cortapisa" de los casos de financiamiento irregular de la política.
En un nuevo reportaje publicado este martes, CIPER asegura que accedió a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente y que corroboró que la información entregada por Villalobos y Hermosilla al empresario Daniel Sauer en la reunión del 22 de junio, provenía efectivamente de una indagatoria reservada del SII.
Tras una primera semana centrada en diligencias en torno a los tres principales imputados, ahora los investigadores ahondarán en la búsqueda de los supuestos funcionarios públicos que habrían sido sobornados. Por lo mismo, el Ministerio Público abrió la ronda de testimonios este martes de quienes fiscalizaron, o tuvieron conocimiento, de los negocios de Factop, comenzando por el removido Christian Soto.
