Fiscalía confirmó la detención y durante esta tarde se realizará la formalización de los implicados en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
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La disposición deberá ser materializada por efectivos de la PDI previo a que los imputados sean formalizados. La resolución del tribunal también incluye orden para incautar documentos vinculados a la causa.
La abogada Leonarda Villalobos insiste en cobrar $410 millones que le adeudaría Factop, factoring de propiedad de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y de Rodrigo Topelberg. Por lo mismo, sumó al proceso de reorganización el contrato que mantenía con la empresa desde 2018. Mientras, el abogado de la empresa presentó un escrito al 7° Juzgado Civil de Santiago en el que detalló las cuentas por cobrar, en las que aparece como deudora la exparlamentaria. Esta, sin embargo, desconoce la deuda e iniciaría acciones legales.
Tanto a Villalobos como a Speisky se les vincula con el delito de “grabación y difusión de conversaciones/comunicaciones de carácter privado”, mientras que a Topelberg -esposo de Speisky- se le acusa de “instigar a la comisión delictiva”.
La abogada interpuso una acción judicial en contra del empresario y Yael Speisky, invocando el delito de violación de secreto. "Esta grabación fue realizada con el objetivo de respaldar y poder retener la información vertida en ella (la reunión con Daniel Sauer y Luis Hermosilla)", señaló en la acción judicial. Asimismo, también reveló que existe otra grabación realizada por los querellados de su alegato ante la CMF, la cual circuló "entre la comunidad judía", sin su consentimiento. Acusa en el escrito "falta de sororidad" de la abogada querellada que era su amiga.
A través de una extensa conversación por la red social, Daniel Sauer le comentó en abril a la exejecutiva de Factop, Soledad Stipanov, que recibiría dinero por la compra de las hermanas Luksic en Patio, las que incrementaron su participación a fines de marzo. Sauer es accionista minoritario de Santa Teresita, el hasta ahora mayor accionista del grupo inmobiliario. La venta de la participación que esa firma aún mantiene en Patio, acordada hace pocos días, permitirá a Sauer obtener nuevos recursos.
Previo a su ingreso a la Comisión Para el Mercado Financiero fue Jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público, en la que lideró investigaciones de delitos económicos en casos de alta complejidad.
El Ministerio Público ya tiene en su poder toda la conversación obtenida desde el teléfono que entregó Leonarda Villalobos. Uno de los hallazgos de los investigadores es el origen del registro de la polémica reunión. "Te lo mandaré, pero tienes que quedarte 🤫 (emoji de silencio)", le advirtió la abogada a Yael Speisky, esposa del empresario Rodrigo Topelberg.
La querella es la primera arremetida legal que emprende una empresa por las facturas falsas emitidas por Inversiones DAS Limitada, Comercial Textil Ziko Limitada y Asesorías e Inversiones ART SpA., en cuyas dos primeras participan Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg. Esto ocurre a un mes de que se divulgara el audio en el que aparecen los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto a Daniel Sauer, planificando el eventual pago de sobornos a funcionarios del SII y de la CMF.
Además de investigar los posibles delitos en la emisión de miles de facturas falsas por parte de Factop y de la realización de una "caja chica" para pagar sobornos a funcionarios del SII y la CMF, la Fiscalía Metropolitana Oriente mantiene abierta una causa para dilucidar si hubo o no delitos en la grabación y divulgación del registro oculto de la reunión que sostuvieron Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer en junio pasado. Con el paso de las semanas se ha conocido la confesión de Villalobos, quien reconoció haber grabado, y su declaración de que habría compartido la pieza con Yael Speisky, esposa de Rodrigo Topelberg, socio de los Sauer en Factop. Pero de ahí en adelante aún persiste el misterio sobre cómo el registro llegó a instituciones públicas y a medios de comunicación, aunque algunas pistas dan luces de que semanas antes de su revelación el audio ya circulaba entre destacados abogados de la plaza.
Felipe Sepúlveda es el investigador jefe de Las Condes y desde ahí dirige una de las causas que más revuelo han causado últimamente, a partir de la filtración de un audio en que se devela la comisión de presuntos delitos de soborno. No es el primer caso de alto impacto público que tiene, pues antes indagó por lavado de activos a Sergio Jadue, corrupción en el negocio de los tragamonedas, logró la condena del exalcalde Pedro Sabat (RN) y ya tenía la causa madre sobre los negocios de Factop.
La abogada dejó su celular en manos del Ministerio Público, donde los investigadores dieron con una pista clave: la conversación de Villalobos y la abogada Yael Speisky, esposa del socio de Sauer, Rodrigo Topelberg. El registro fue remitido solo dos días después de la reunión, donde Speisky, según relatan quienes pudieron acceder a este medio de prueba, habría solicitado reiteradamente esta pieza dando señales de confianza y comprometiéndose a la no divulgación de la grabación.
El empresario controlador de Factop y la corredora STF ingresó un escrito en contra de quien fuera su abogada para que el Ministerio Público persiga su responsabilidad como autora de un tipo penal que es de imputación casi exclusiva para quienes ejercen el derecho. Daniel Sauer acusa a la profesional, egresada de la Universidad Bolivariana, de haber colaborado con su exsocio Rodrigo Topelberg, quien se querelló en su contra. Villalobos entregó el registro de audio de una reunión privada, la que posteriormente hizo llegar a la esposa de su otrora compañero de negocios. Pero este tipo de conductas es penado por la ley y por eso se emprendió una arremetida judicial que es liderada por el exjefe jurídico de la Defensoría Octavio Sufán.
"Grabó ilegal y subrepticiamente conversaciones privadas al interior de un recinto particular, en una instancia de paradigmática intimidad y vedamiento para terceros, para luego compartirlas con mi exsocio", dice el escrito que presentó el empresario ante el Ministerio Público.
El caso entró en una nueva derivada respecto de cómo la abogada de STF Capital accedió a antecedentes reservados del proceso sancionatorio en contra de la firma. Ahora se despejó el vínculo entre una estrecha asesora de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero y de quien también fuera consejero jurídico de Hacienda y Economía (entre 2003 y 2018), Adrián Fuentes.
