El Juzgado de Garantía de Arica resolvió que los cuatro abogados de la Defensoría Penal Pública no tenían ningún tipo de responsabilidad en el haber recibido el nombre de los 57 testigos protegidos de la Fiscalía en la investigación en contra de la banda que tiene nexos con el Tren de Aragua.
A diez años del inicio del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, la institución dio a conocer el número de personas que han estado privadas de libertad y que después fueron declaradas inocentes. Del total de mujeres, más de cien de ellas son extranjeras. Mientras de que las 76 personas que integran la iniciativa de la institución, sólo seis han sido compensadas por el Estado.
Según fuentes conocedoras del proceso, se trata de una alianza entre la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial, que habilitará a los abogados de la oficina de Derechos Humanos de esta última, para representar civilmente a quienes ingresen al “Proyecto Inocentes” en demandas por indemnización de perjuicios.
La iniciativa, entre otras cosas, tiene como objetivo evaluar la percepción local sobre el sistema penal, así como también para medir el conocimiento que las personas tienen de la justicia.
Errores periciales, mal trabajo de la Fiscalía y un sistema que ocupa en algunos casos la prisión preventiva como una forma de condena anticipada explican este fenómeno. A 10 años del “Proyecto Inocentes”, el defensor nacional Carlos Mora Jano es implacable: “La cifra es impactante y estas personas no han tenido reparación”.
El recurso busca dejar sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que rechazó disponer la permanencia del condenado en el penal de Nueva Imperial.
Carlos Mora indicó que “la dependencia del poder político de turno, deja a la institución en una situación desmejorada en comparación a los demás actores relevantes en esta materia, como lo son el Poder Judicial y el Ministerio Público”.
"El uso excesivo de esta medida cautelar ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder abordar –debidamente- el fenómeno de la criminalidad", afirmó el defensor nacional Carlos Mora Jano, en la cuenta pública anual del organismo.
Carlos Mora hizo énfasis en la necesidad de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado que participan del proceso penal con el fin de garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de discapacidad psicológico o psiquiátrica. Además de eso, el defensor aseguró que actualmente existe un centenar de reclusos esperando un cupo de atención de salud mental.
Lo corresponde ahora, según el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, “es que de una vez por todas la fiscalía proceda a solicitar el sobreseimiento definitivo del señor Escobar por inocencia o porque su conducta no es ni fue constitutiva de delito alguno".
Defensoría logró modificar las medidas cautelares a siete mujeres de la región, a través de los Tribunales de Garantía o la Corte de Apelaciones, en resguardo de la salud y los derechos humanos de las gestantes y sus hijos, destacan.
En la instancia, además, participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; y la exsubsecretaria de DDHH, Haydee Oberreuter, siendo la última actividad a la que asistió con su cargo.
El organismo, señaló que su departamento de informática "ha realizado todas las gestiones necesarias para controlar adecuadamente este incidente”.
Máximo tribunal acogió un recurso de amparo presentado en julio pasado por la Defensoría Penal Pública. Caso corresponde a una mujer de 17 semanas de embarazo que cumple tres penas privativas de libertad que concluyen el 22 de agosto de 2022.
A dos meses de la implementación del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (Sircaivi), la institución ya registra 19 denuncias por violencia institucional carcelaria. La idea, según indicó la jefa de la unidad de DD.HH. del organismo, es que cada una de las personas que exponga su caso reciba una atención integral.
