“Creemos que los antecedentes esgrimidos, trataremos de demostrarlo, no permiten corroborar ni superar el estándar de la presunción fundada”, sostuvo el abogado Jaime Pacheco.
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El defensor penal público que representa al exalcalde, Miguel Ángel Aguilera, solicitó acceder a antecedentes del Ministerio Público para poder realizar peritajes contables a una serie de registros bancarios. Requerimiento que provocó que la audiencia de preparación del juicio oral programada para este mes se postergara para agosto.
“El aumento sistemático de la encarcelación de inocentes es preocupante por los nocivos efectos que genera”, dijo Carlos Mora en su exposición.
De acuerdo con estadísticas entregadas por el defensor nacional, Carlos Mora Jano, durante su cuenta pública, el número de adolescentes imputados en 2013 alcanzó los 32.159, mientras que en 2023, 11.936 jóvenes fueron representados por la institución.
Durante la instancia, el defensor nacional Carlos Mora señaló que “como Defensoría Penal Pública continuaremos trabajando para velar por la presunción de inocencia y por el derecho que tiene cada persona a una defensa penal de calidad y una resolución justa”.
Arista de sustracción de menor será indagada por la Fiscalía de Los Ríos. "El sesgo de selección y confirmación han marcado desde el primer día la persecución en contra de Jorge Escobar", señaló el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro.
El Juzgado de Garantía de Arica resolvió que los cuatro abogados de la Defensoría Penal Pública no tenían ningún tipo de responsabilidad en el haber recibido el nombre de los 57 testigos protegidos de la Fiscalía en la investigación en contra de la banda que tiene nexos con el Tren de Aragua.
A diez años del inicio del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, la institución dio a conocer el número de personas que han estado privadas de libertad y que después fueron declaradas inocentes. Del total de mujeres, más de cien de ellas son extranjeras. Mientras de que las 76 personas que integran la iniciativa de la institución, sólo seis han sido compensadas por el Estado.
Según fuentes conocedoras del proceso, se trata de una alianza entre la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial, que habilitará a los abogados de la oficina de Derechos Humanos de esta última, para representar civilmente a quienes ingresen al “Proyecto Inocentes” en demandas por indemnización de perjuicios.
La iniciativa, entre otras cosas, tiene como objetivo evaluar la percepción local sobre el sistema penal, así como también para medir el conocimiento que las personas tienen de la justicia.
Errores periciales, mal trabajo de la Fiscalía y un sistema que ocupa en algunos casos la prisión preventiva como una forma de condena anticipada explican este fenómeno. A 10 años del “Proyecto Inocentes”, el defensor nacional Carlos Mora Jano es implacable: “La cifra es impactante y estas personas no han tenido reparación”.
El recurso busca dejar sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que rechazó disponer la permanencia del condenado en el penal de Nueva Imperial.
Carlos Mora indicó que “la dependencia del poder político de turno, deja a la institución en una situación desmejorada en comparación a los demás actores relevantes en esta materia, como lo son el Poder Judicial y el Ministerio Público”.
"El uso excesivo de esta medida cautelar ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder abordar –debidamente- el fenómeno de la criminalidad", afirmó el defensor nacional Carlos Mora Jano, en la cuenta pública anual del organismo.
Carlos Mora hizo énfasis en la necesidad de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado que participan del proceso penal con el fin de garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de discapacidad psicológico o psiquiátrica. Además de eso, el defensor aseguró que actualmente existe un centenar de reclusos esperando un cupo de atención de salud mental.
