Lo corresponde ahora, según el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, “es que de una vez por todas la fiscalía proceda a solicitar el sobreseimiento definitivo del señor Escobar por inocencia o porque su conducta no es ni fue constitutiva de delito alguno".
Defensoría logró modificar las medidas cautelares a siete mujeres de la región, a través de los Tribunales de Garantía o la Corte de Apelaciones, en resguardo de la salud y los derechos humanos de las gestantes y sus hijos, destacan.
En la instancia, además, participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; y la exsubsecretaria de DDHH, Haydee Oberreuter, siendo la última actividad a la que asistió con su cargo.
El organismo, señaló que su departamento de informática "ha realizado todas las gestiones necesarias para controlar adecuadamente este incidente”.
Máximo tribunal acogió un recurso de amparo presentado en julio pasado por la Defensoría Penal Pública. Caso corresponde a una mujer de 17 semanas de embarazo que cumple tres penas privativas de libertad que concluyen el 22 de agosto de 2022.
A dos meses de la implementación del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (Sircaivi), la institución ya registra 19 denuncias por violencia institucional carcelaria. La idea, según indicó la jefa de la unidad de DD.HH. del organismo, es que cada una de las personas que exponga su caso reciba una atención integral.
Carlos Mora Jano expuso ante la Organización de los Estados Americanos y criticó en duros términos al sistema penal y su trato a mujeres tanto durante el proceso de investigación, como cuando luego son privadas de libertad.
El órgano, en su instancia sobre Sistemas de Justicia, aprobó en particular las modificaciones que se realizarán a este organismo, que es el encargado de defender penalmente a las personas sin importar su capacidad de pago. Pese a la creación de un nuevo espacio colegiado que será paritario, los convencionales aprobaron que la figura del defensor nacional seguirá existiendo.
La propuesta constitucional -impulsada por Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo)- cuenta con un puro artículo y en él se establece que “existirá una Defensoría Penal Pública, autónoma y con personalidad jurídica, encargada de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que carezcan de abogado, en la forma prevista por la ley. Una ley orgánica determinará su organización y atribuciones”.
Tras varios meses de vacancia, el cargo -uno de los más importantes en el sistema penal- será ocupado por un "viejo conocido" de la Defensoría Penal Pública, el penalista que en el pasado le tocó defender a Marco Enríquez-Ominami y ser jefe de la misma institución en la Región Metropolitana.
La Defensoría Penal Pública remitió al Senado una minuta advirtiendo una serie de interrogantes sobre la aplicabilidad de algunos artículos del proyecto que busca amnistiar a quienes fueron imputados en medio de protestas tras el 18-O. ¿Una manifestación social de 1 o 2 personas en una esquina, con cacerolas y dañando una señalética califica? ¿La protesta o manifestación puede haber acontecido en cualquier tiempo, cualquier día y a cualquier hora del período? ¿Califican las manifestaciones acontecidas durante 2020, en horario de toque de queda? Además, apuntan a que hay situaciones en que el imputado "tenga o no tenga fundamentos" podría pedir su libertad.
La abogada Nelly Salvo, exasesora de confianza del fiscal nacional, Jorge Abbott, corre con ventaja en una carrera que definirá hoy a los cuatro postulantes que la Alta Dirección Pública dejará para que el Presidente Sebastián Piñera escoja a quien liderará una institución clave en el sistema penal. En la última fase destacan también dos nombres del Ministerio Público, la actual directora ejecutiva nacional, Francisca Werth, y el gerente de la división de estudios, Rolando Melo, así como también varios jefes de las defensorías penales públicas regionales.
Al 30 de junio de 2019 en todo Chile había 478 mujeres entre embarazadas y con hijos en cárceles. Los menores sufren el mismo estrés que sus madres. El gobierno anunciará cambios al sistema antes de fin de año como resultado de una mesa de trabajo multisectorial.
La Defensoría Penal Pública encargó una encuesta a la Universidad Católica que evidencia que un 49% de los chilenos está a favor de los linchamientos.
Según relataron las autoridades tras el encuentro, la cita permitió identificar "propósitos comunes, en cuanto a acercarse a la comunidad y fortalecer la paz social".
