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En una demanda federal, el exmandatario señaló que la solicitud de la comisión investigadora del Congreso “tenía un alcance casi ilimitado” y buscaba acceder a registros que carecen de un vínculo razonable con lo sucedido el 6 de enero del año en curso. Trump dijo que era una “expedición de búsqueda de información ilegal y vejatoria” que está “desvinculada de cualquier propósito legislativo legítimo”, según los documentos presentados ante una corte federal del Distrito de Columbia. A su juicio, los documentos deben retenerse porque podrían incluir “conversaciones con (o sobre) líderes extranjeros, el producto del trabajo de abogados, los más delicados secretos de seguridad nacional, así como comunicaciones privilegiadas entre posiblemente cientos de personas”.

En las acciones judiciales que se presentaron por separado, declaradas admisibles recientemente, las víctimas exigen ser indemnizadas por un total de $896 millones. Una de ellas -tras una investigación de la Fiscalía que no prosperó por estar prescritos los hechos- acusa que sufrió violencia sexual durante su infancia en el recinto educacional ubicado en la comuna Lo Barnechea.

En la querella los agentes han apuntado al exmandatario como culpable de los hechos por haber incitado a la multitud a asaltar la sede del Congreso estadounidense con denuncias infundadas de fraude sobre las elecciones en las que venció el ahora presidente, Joe Biden. En su demanda los policías aseguran haber sido agredidos violentamente, gaseados y sometidos a insultos en una situación en la que llegaron a temer por sus vidas, según informa “The Washington Post”.

Tras un año de litigación, Odecu logró en abril pasado un acuerdo con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider, en el marco del juicio colectivo, por un monto total de $2.525 millones de pesos.

El proceso se extenderá hasta el 24 de noviembre.

La cotización al contado del metal cerró con un avance de 0,86% a US$4,22589 la libra en la Bolsa de Metales de Londres,

Bruno Sandoval, cuya imagen recorrió el mundo tras el terremoto y tsunami de 2010 en Chile, demandó a TVN y a Canal 13 por supuestamente exponer su foto sin consentimiento. Los canales dicen que su reclamo es “burdo y abusivo”.

La cifra superó las expectativas del mercado que había estimado un incremento de 17,4%.

En marzo de este año, la concesionaria recurrió al panel técnico de concesiones, para revisar los términos del contrato que tiene con el Ministerio de Obras Públicas.

El Congreso discute hacer obligatorio el retiro de centrales que el gobierno ha pactado con varias empresas de modo voluntario y condicionado. Varios expertos creen que es un riesgo alto para el sistema: por seguridad y costos. Las energías renovables, dicen, no son el sustituto perfecto. El gobierno alerta sobre los riesgos. Las empresas renovables lo creen viable y preparan estudios para ello. “Claro que es posible”, afirma la ecologista Sara Larraín.

El gerente general de la compañía, Andrés Roccatagliata, adelanta que las pérdidas quedaron atrás y este año ganarán US$100 millones. La compañía estatal pretende desarrollar el mayor parque solar en la Región Metropolitana.

En una acción civil presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, Virginia Giuffre acusó al miembro de la familia real británica de haber abusado de ella hace unas dos décadas, cuando tenía menos de 18 años. Según la demanda, Giuffre dijo que el príncipe la obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, una socia de Epstein, quien se suicidó en una cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019, mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

El gobierno mexicano pedirá una compensación de al menos US$ 10.000 millones.

El 15 de enero pasado, el Ministerio de Justicia les ordenó devolver las remuneraciones percibidas por quienes se desempeñen como consejeros de la aseguradora. Sin embargo, la mutualidad, representada civilmente por el abogado Raúl Tavolari, arremetió y presentó una demanda en contra del Estado, pidiendo al tribunal que determine que la repartición, dirigida por Hernán Larraín, carece de atribuciones y competencia para fiscalizarlos y, además, que se declare que las remuneraciones pagadas a los consejeros de la Mutualidad, por el desempeño de sus funciones, son pagos válidos y no sujetos a restitución.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó separar los juicios de una demanda grupal que presentaron 22 víctimas de trauma ocular tras los episodios de violencia en las manifestaciones del denominado “estallido social”. La resolución provocará una sobrecarga laboral para los tribunales, según explicó el abogado de los jóvenes, quienes piden compensaciones al Estado por más de 7 mil millones.