A poco más de un mes de que Ricardo Riesco cumpla el periodo de cuatro años desde que asumió en el cargo, entre abogados de libre competencia existe preocupación por quién asumirá como su sucesor en caso de que no continúe en un segundo periodo. En efecto, según el artículo 33 del DL 211, el cargo de fiscal nacional económico puede ser prorrogable por un periodo más, siempre y cuando manifieste interés en continuar y reciba el respaldo del gobierno de turno.
El comprador está gastando su última bala: una reclamación en la Corte Suprema que presentó el 13 de septiembre. Si el máximo tribunal le da la razón, podría ejecutar la compra que crearía el mayor actor de la industria. Pero tendrá que volver a negociar con los dueños de Colmena.
Según defendió el presidente del directorio de la empresa, Antonio Gallart, ante la Comisión Investigadora, existen afirmaciones erróneas en el documento, ya que siguen siendo la compañía con precios más bajos. “Nos cuesta un poco entender que hayamos subido 20%, cuando somos 38% más barato”, aseguró.
El banco señaló que “no está dispuesto a asumir un descalabro financiero sin fondo” de la red de adquirencia. Si bien señala que como accionistas apoyarán a la compañía, eso lo harán siempre y cuando sean "iniciativas que sean justas, equilibradas y viables financieramente".
El acta de la junta extraordinaria de accionistas a la que convocó Transbank, y que realizó el pasado 11 de octubre, revela los ajetreados días que tuvo la red de adquirencia desde que el 8 de agosto la Suprema rechazó su sistema tarifario. Y en particular, todo se intensificó luego de que la FNE le envió el 22 de septiembre un oficio donde le instruía cambiar sus cobros de manera inmediata y con efecto retroactivo.
Se trata de una indagatoria que surge a raíz de la denuncia que presentó en contra de ambas compañías el abogado y ex Jefe de la División de Litigios del órgano antimonopolios, Cristián Reyes en junio de este año. El hoy senior counsel de Aninat Abogados cuestionó la política de cobros en comisiones que efectúan las gigantes norteamericanas.
A inicios de octubre, Lotería de Concepción presentó un recurso de protección en el que acusa a la operadora de incurrir en actos ilegales y arbitrarios al modificar el margen adquirente, sin que dicho sistema tarifario haya sido previamente aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, incumpliendo el DL 211 y el fallo de la Corte Suprema.
Es más, la Fiscalía fue más allá y señaló explícitamente al Tribunal qué cobro debería hacer la red de adquirencia para cumplir con el fallo: una tarifa única a comercios de 0,40% del valor de cada transacción, tanto para tarjetas de crédito, débito y prepago. Esto se compara con el valor fijo en UF que actualmente está cobrando la empresa de propiedad de los bancos, donde la tarifa no corresponde a un porcentaje del monto total.
La Fiscalía también planteó ante el TDLC que para dar cumplimiento a esta sentencia es esencial que se cumpla con lo ordenado expresamente por la Corte Suprema en el sentido de que sean los bancos emisores accionistas de Transbank los que asuman los riesgos del cambio de sistema tarifario.
Esto, a raíz de que la FNE no estuvo de acuerdo con los cobros que estableció la red de adquirencia en agosto, argumentando que no iban en línea con el fallo de la Suprema. La junta extraordinaria de accionistas fue citada para el 11 de octubre.
El organismo que dirige Pablo Milad, presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el fallo que dictó en junio de 2020 el TDLC, y que luego fue ratificado por la Corte Suprema en septiembre de 2021. La ANFP también defiende la posibilidad de acceder a un convenio de pago en cuotas de la sanción.
La empresa, de apoyo al sector bancario, en un hecho esencial enviado a la CMF, advirtió que la medida tendrá un efecto negativo en sus resultados financieros.
“Se requiere la intervención de este Congreso Nacional para que corrija esta falla regulatoria contenida en la Ley del Gas. Y, de hecho, eso es lo que se está haciendo en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y que hoy se está discutiendo en el Senado de Chile”, dijo el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
La Fiscalía descartó la posibilidad de que Carozzi pudiese aumentar los precios de los helados en Chile, así como también riesgos de conglomerado.
En una decisión que tuvo el voto en contra del ministro Paredes, el TDLC fue categórico al concluir en su sentencia que “la operación reduce de forma sustancial la competencia en los mercados afectados”, por lo que rechazó el recurso de revisión especial que habían presentado las isapres. Las compañías están evaluando si existe otro camino viable para concretar la operación.
