La exministra de Justicia repasa su salida del gobierno. Dice estar “tranquila”, porque en el caso de los indultos actuó de acuerdo a la ley. Aquí señala que la oposición ha sido inflexible y que si se rechaza el nuevo texto constitucional, lo sensato es no insistir en un nuevo proceso.
Luego de pagar -junto a Meza-Lopehandía- los costos políticos de los polémicos beneficios carcelarios entregados por el Presidente Gabriel Boric, la exministra de Justicia logró sortear una acusación constitucional en su contra, participó como académica visitante en Oxford y ahora concentra sus esfuerzos en la conmemoración de los 50 años del Golpe. Ríos ha participado en el Comité de Iniciativas Populares para dicho hito, un espacio en donde ya se han definido una serie de actividades de cara al 11 de septiembre.
La instancia aprobó el informe de conclusiones elaborado por los diputados oficialistas, que se impuso al de la oposición por siete votos a favor y seis en contra. "Cabe verificar la inexistencia de irregularidades de naturaleza alguna en la tramitación de estos (indultos)", reza el documento al que tuvo acceso La Tercera.
Los legisladores argumentaron que la situación es “improcedente” pues “el acto de votación respecto a la solicitud que se está desarrollando, es inconstitucional, es ilegal, y antireglamentario”.
Los ministros Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández estuvieron por acoger el requerimiento en el caso del exfrentista Jorge Mateluna, mientras que Nancy Yáñez, Daniela Marzi, Rodrigo Pica, María Pía Silva y Nelson Pozo, votaron en contra, recalcando la facultad presidencial.
Desde los indultos a presos durante el estallido, hasta el homicidio de tres carabineros en el mismo mes y la promulgación de la Ley Naín Retamal. Esos son algunos de los eventos que exigieron al gobierno en un tema que complica especialmente en su coalición: cómo abordar el orden público.
Exmandatario defendió la medida, afirmando que “fue por razones sanitarias, para evitar mayores contagios de Covid-19", y recalcó que en el Congreso la ley -que benefició a unos 1.700 reclusos- fue aprobada incluso por actuales miembros del gobierno, como el propio Presidente Boric, los ministros Vallejo y Jackson y el subsecretario Monsalve.
En 2015 Luis Martínez-Conde Riesco, quien se encuentra detenido por estar involucrado en el asesinato de la sargento, fue condenado a 5 años por robo con violencia, sin embargo recibió la pena sustitutiva de libertad vigilada. Un año más tarde cometería el mismo delito. Además, durante su estancia en la cárcel registra un intento de agresión a un gendarme y provocar desórdenes dentro del penal.
La ministra del Interior se refirió esta noche al beneficio que recibió en 2020, durante el gobierno de Sebastián Piñera, el tercer detenido por la muerte de la sargento 2° Rita Olivares. En este sentido, llamó a no aprovechar esta situación de forma política y a realizar una "discusión en serio" respecto de los indultos y sus consecuencias.
Alejandra Valdés, mamá de Mauricio Guajardo, se refirió a la decisión del gobierno de rechazar el indulto en favor de su hijo, quien fue condenado a cinco años de cárcel por el lanzamiento de bombas molotov a un banco en Iquique durante el estallido social. Valdés afirma que en campaña, el ahora Mandatario se comprometió a indultar a los presos del estallido, lo que finalmente no se concretó, según ella, por temas políticos.
En una carta, en la que adjuntan posteos de algunas autoridades durante el estallido social, aseguran que "resulta bastante preocupante que quienes contribuyeron a dicha enemistad contra Carabineros hoy ostenten cargos de primera línea en la administración de gobierno, sin mostrar arrepentimiento alguno por sus conductas pasadas”.
A 86 días de que el Presidente otorgara los 13 indultos -12 de ellos por delitos en el contexto del estallido social- aún no ha querido contestar, pese a que se le ha consultado en reiteradas ocasiones, si efectivamente vio las carpetas con el pasado delictivo de los privados de libertad.
Como aseguró el actual titular de Justicia, Luis Cordero, ningún gobierno desde el retorno a la democracia se ha salvado de cuestionamientos al conceder este beneficio. Durante la época del expresidente Aylwin el foco de atención estuvo en la liberación de denominados presos políticos, pero a medida que la demanda por mayor seguridad aumentó, los reproches se centraron en el perdón de delincuentes comunes. Con todo, los diferentes gobiernos han justificado parte del uso de esta atribución con “razones de carácter humanitario”.
