En la acción interpuesta por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana se señala a Juan Carlos Orión Aramayo Baltra como un peligro para la seguridad de la sociedad. Es sindicado como responsable de los delitos de disparos injustificados y tenencia ilegal de armas, por lo que el Ejecutivo solicitó una serie de peritajes al respecto.
Acción presentada por la Delegación Presidencial Metropolitana acusa a Juan Carlos Orión Aramayo Baltra de disparos injustificados en la vía pública, porte ilegal de armas y "un eventual delito de microtráfico de drogas".
Juan Carlos Aramayo se desempeñaba hasta este lunes como jefe de la Subdirección de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública en cuestión, pero un video difundido en redes sociales donde se le ve disparando injustificadamente a una señalética en La Reina, terminó abruptamente su relación laboral.
En el operativo policial lograron incautar más de 300 municiones de diferente calibre.
La medida contempla 40 botones de emergencia. Aunque, a modo de marcha blanca, el funcionamiento comenzará con solo 10 de estos artefactos, el resto se habilitarán durante el mes de marzo.
La hasta hoy directora jurídica de la municipalidad, Andrea Díaz, señaló en una carta que su prioridad ahora es su defensa jurídica de los cargos que se le imputan: fraude al Fisco reiterado y falsificación de instrumento público.
El Concejo Municipal de La Reina pone contra las cuerdas a la máxima autoridad comunal y lo conminan a que tome medidas en torno a Andrea Díaz, actual funcionaria, parte del círculo de hierro de la exalcaldesa de Maipú y que quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. Siete de ocho concejales, algunos del mismo sector de Palacios, creen que al menos debería dar un paso al costado.
Al menos cuatro concejales del municipio reinino ya levantan la voz en torno a la continuidad de quien fuera parte del círculo de hierro de la exalcaldesa de Maipú y que quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.
Un predio de más de 10 hectáreas ubicado en La Reina mantiene enfrascadas a la institución castrense, al municipio y al Minvu. Desde el Serviu aseguran que el último ofrecimiento de la entidad militar para ceder el paño incluía que les asegurasen “un mayor porcentaje de viviendas para la institución que para familias beneficiarias de subsidios habitacionales".
"Los dimes y diretes durante esta semana, producto también de la necesidad de coordinarnos más y mejor, a veces se vuelven inentendibles para la ciudadanía y también contraproducentes", sostuvo la autoridad de la región.
"Los contralores hablan a través de sus dictámenes, no a través de entrevistas de televisión. Un abogado del prestigio de Jorge Bermúdez lo sabe”, afirmó tajante esta jornada el edil.
"Las personas tienen derecho a exigir que el Estado los proteja, pero no es correcto que nuestra responsabilidad se puede traspasar a ellos y exponerlos", afirmó la titular de Interior.
El aumento de los delitos de alta connotación en la Región Metropolitana han provocado una disputa entre los ediles y el Ejecutivo, personificado en el subsecretario del Interior. Desde la Amuch, por ejemplo, no descartan imitar a La Reina y La Florida, aunque las voces de descontento provienen incluso desde el oficialismo.
