La ley corta da seis meses para que las isapres presenten un plan para devolver los US$1.400 millones. La industria estima que es un monto impagable, pero advierten que incluso antes de presentar ese plan, el sistema caería debido la baja de ingresos que se produce al tercer mes de publicada la ley.
El exdiputado explica que el proyecto de ley presentado por el gobierno entrega las condiciones para que las isapres cumplan el fallo de la Corte Suprema. Además, recalca que los US$ 1.400 millones responden a los criterios que estableció la última instancia y recalca que la solución entregada por el Ejecutivo no es producto de un debate ideológico ni tampoco tiene la intención de dejar caer el sistema.
"Se estima pertinente conceder la ampliación de plazo por el término de seis meses a continuación del establecido originalmente”, señaló el máximo tribunal, justificando la decisión en el objetivo de posibilitar que se concrete efectivamente el cumplimiento de lo ordenado.
La secretaria de Estado enfatizó en que el proyecto del gobierno “no es una reforma encubierta".
El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que las declaraciones de las aseguradoras privadas son “ofensivas e infundadas” y recordó que el actual escenario que enfrentan “no es un problema que haya generado el gobierno”. Desde el Minsal y la Superintendencia de Salud también lamentaron las declaraciones y llamaron a las isapres a "sumar propuestas" al proceso.
Esta semana, el Ejecutivo ingresó el proyecto para viabilizar el fallo de la Corte Suprema, pero algunos parlamentarios sostienen que este proyecto no resuelve todo el conflicto, pues no especifica montos, tiempos ni tampoco asegura la viabilidad del sector. Por eso, entre todos concuerdan que se tiene que definir una metodología lo antes posible.
La propuesta de las autoridades fue acompañada de una minuta que se distribuyó entre los parlamentarios. En el documento, junto con explicar los alcances de la norma que se ingresó ayer al Senado, se plantea que “el gobierno presenta una solución de Estado que hace frente al mal funcionamiento del sistema privado de salud".
La iniciativa que ingresó este martes al Senado, a raíz del fallo de la Corte Suprema, establece un plazo de seis meses a las aseguradoras privadas para que determinen montos adeudados y plan de pago que deberá ser aprobado por la superintendencia.
Iniciativa ingresó a través del Senado con urgencia simple.
A 21 días de que se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema para aplicar el fallo, desde Hacienda indican que la propuesta ya cuenta con el visto bueno. Su ingreso al Congreso se concretaría este martes o miércoles.
Aunque habría un acuerdo en el proyecto legislativo para aplicar el fallo, aún falta la revisión técnica de Hacienda. Por eso su ingreso a la Comisión de Salud del Senado quedó postergado hasta después de las elecciones del 7 de mayo. Asimismo, el Ejecutivo descartó solicitar más plazo al máximo tribunal, pues da por cumplida la resolución una vez presentada la propuesta.
Aunque el proyecto legislativo para aplicar el fallo de la Corte Suprema aún no es ingresado oficialmente, la ministra de Salud presentó en el Senado los primeros lineamientos. En ese contexto, los especialistas acuerdan que lleva los elementos necesarios para hacer cumplir la resolución, pero que es fundamental determinar lo antes posible el monto que las aseguradoras deben devolver a sus afiliados.
El ejecutivo aborda la discusión en el Congreso del cuarto retiro y de la ley corta de pensiones. Dice que el populismo ha logrado tomarse la agenda y a su juicio la incapacidad de escuchar a los técnicos está generando problemas a mediano plazo. “Con este tipo de indicaciones y proyectos, se está perdiendo la confianza” en el país, asegura.
Tras las modificaciones que hicieron los diputados opositores, desde el mercado advierten que ello afectará las rentabilidades de las pensiones de los afiliados. Además, señalan que no está claro cómo se van a financiar las pensiones para quienes vivan más de 85 años.
Los parlamentarios opositores de la Comisión de Trabajo pasaron por alto las advertencias de inconstitucionalidad y cambiaron el proyecto del Ejecutivo no solo en lo referente al aumento de cobertura del Pilar Solidario, que extendieron hasta el 85%, sino que también en temas que afectan el funcionamiento de las AFP y del sistema previsional, al acortar las tablas de mortalidad y hacer que las AFP respondan con su dinero en caso de rentabilidades negativas, entre otros.
